El Supremo rebaja en cinco meses la pena a Urdangarin pero no le libra de la cárcel

El Tribunal Supremo ha rebajado en cinco meses la pena impuesta en el caso Nóos a Iñaki Urdangarin. La condena que marcó la Audiencia de Palma se elevaba a seis años y tres meses para el marido de la infanta Cristina de Borbón. Pese a ese descenso, que deja la condena en cinco años y 10 meses, el alto tribunal continúa condenando al duque de Palma por penas que deberían suponer su ingreso en prisión. La Audiencia Provincial ha citado este martes a Iñaki Urdangarin, Diego Torres y Jaume Matas para que comparezcan ante el tribunal entre las 9:00 y las 14:00 para entregarles el mandamiento de ingreso en prisión.

La reducción se debe a la decisión de absolverle del delito de falsedad en documento público cometido por funcionario, en el que la sala entiende que no está probada su intervención. El alto tribunal también reduce sensiblemente la pena a Diego Torres, el socio, que se queda en cinco años y ocho meses tras ser absuelto de tres delitos: tráfico de influencias, blanqueo y falsedad.

Mantiene la responsabilidad de partícipe a título lucrativo de Cristina de Borbón en el delito de malversación y fraude de su marido, pero no en los delitos fiscales, lo que supone una reducción a casi la mitad de la cuota que se le atribuía, que queda en 136.950 euros. La cantidad, en todo caso, pasa a imputarse a su marido. Ambos ya consignaron la cantidad total, de forma solidaria: 265.000 euros cada uno. Lo mismo ocurre con la esposa de Torres, Ana María Tejeiro. Ambos ya la abonaron tras la decisión del primer tribunal. Ratifica el resto de pronunciamientos de la Audiencia de Mallorca, incluida la condena a tres años y ocho meses de cárcel al expresidente balear Jaume Matas.

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Así, mantiene la condena de tres años y tres meses de prisión para el que fuera ministro popular; 15 meses al ex director general de Deportes de esta comunidad José Luis Ballester; 15 meses al exgerente de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal; un año al exgerente del Instituto Balear de Turismo Juan Carlos Alía, y un año de cárcel al ex asesor jurídico de dicho Instituto Miguel Àngel Bonet. Se confirman además las absoluciones dictadas por la Audiencia balear. A los cuatro últimos se les sustituye la pena de prisión por una multa, al aplicarles la atenuante de colaboración y reparación del daño. En los argumentos que justifican esa decisión, aparece como un factor relevante la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional, según la cual no es posible revisar en contra del reo la valoración probatoria realizada por la sala de instancia. El TS rechaza el recurso de Manos Limpias, que pretendía que se levantara su condena a abonar las costas procesales causadas a la infanta Cristina tras la acusación que mantuvo contra ella y por la que fue absuelta por el tribunal mallorquín.

El caso, que arrancó en el año 2010, llega así a su desenlace. Urdangarin fue condenado también a siete años y un mes de inhabilitación especial y multa de 512.533,68 euros. En concreto, se le atribuyó un delito continuado de prevaricación en concurso con uno de falsedad en documento público y de malversación (dos años y ocho meses de prisión), uno de fraude a la Administración pública (siete meses), uno de tráfico de influencias (un año) y dos delitos contra la Hacienda Pública (un año cada uno) y la responsabilidad civil.

Los cinco magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que firman la sentencia de casación —de la que es ponente Antonio del Moral— se han tomado dos meses y medio para revisar este complejo caso en el que, además del marido de la infanta Cristina, fueron condenadas otras seis personas y absueltas una decena. La resolución también afecta al socio del exduque Diego Torres, al 'expresident' balear Jaume Matas y a otros cargos del Gobierno regional de la época, como el ex director general de Deportes del Govern balear o el director de la Fundación Illesport, una de las que proporcionaron al instituto que lideraba el tándem Urdangarin-Torres contratos saltándose la normativa vigente.

El TS rechaza así la solicitud de la Fiscalía, que reclamaba para el cuñado de Felipe VI un incremento de la condena hasta alcanzar los 10 años. Alaba la categoría técnica del recurso que presentó el Ministerio Público contra la resolución original, pero no comparte el criterio defendido. Durante la vista oral que desembocó en el fallo de la Audiencia de Palma, Anticorrupción, representada entonces por el fiscal Pedro Horrach, llegó a pedir una pena de 19 años de cárcel.

Consideran los fiscales que los dos responsables del instituto Nóos constituyeron "el motor" del delito. Tanto Urdangarin como Torres desplegaron un acción concertada y se convirtieron en una pieza clave en la corrupción de los funcionarios. Gracias a ellos, Nóos disfrutó de contratos otorgados a dedo por las comunidades balear y valenciana, y los convenios que se firmaron no contaban con ningún tipo de informe previo que justificara el gasto, además de desconocerse el destino de los fondos millonarios.

El papel de la Infanta

El tribunal de primera instancia declaró, además, partícipes a título lucrativo a la infanta Cristina y a la esposa de Torres, Ana María Tejeiro. Consideró que las dos se habian beneficiado del producto de los delitos cometidos por sus consortes. En el caso de la hija del Rey emérito, tuvo que abonar a medias con Urdangarin 265.000 euros como responsable civil a título lucrativo. Durante la fase de instrucción, fue procesada por delito fiscal como cooperadora de dos delitos contra la Hacienda Pública por defraudar junto a su marido al fisco en los ejercicios 2007 y 2008 a través del Instituto Aizoon, que compartían al 50%. En la vista oral, solo la acusó Manos Limpias, que reclamaba una pena de ocho años de prisión y multa de dos millones de euros.

Urdangarin se vio beneficiado por las circunstancias atenuantes que se tuvieron en cuenta, entre ellas, la reparación del daño causado. Sobre su exsocio Diego Torres, recayó la pena más alta de las impuestas, ocho años. Los dos fueron absueltos del delito de estafa, y en este trámite de casación ante el alto tribunal el Ministerio Público pide un incremento de sus condenas, que alcanza hasta los 12 años y cuatro meses para Torres, y unos meses extra para otro de los principales protagonistas de la trama, Matas.

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La infanta Cristina, ahora fuera del procedimiento, fue defendida ante el TS por el letrado de su marido, que insistió en su inocencia y se agarró a su desconocimiento. Alegó su escaso manejo de asuntos contables, financieros y fiscales. "No se puede demandar al olmo por no dar peras", llegó a asegurar en uno de sus escritos.

Acabará así la etapa que ha mantenido a la pareja en Suiza, donde ambos se desplazaron para escapar del foco durante esta fase intermedia. En estos últimos meses, la Infanta ha desarrollado allí su trabajo para La Caixa mientras su marido debía cumplir medidas cautelares y presentarse de forma periódica ante los tribunales para evitar una huida. Un ingreso en prisión del exduque de Palma conducirá a la familia a regresar a España. La decisión sobre su ingreso en prisión inmediato queda ahora en manos de la Audiencia de Palma. El exduque puede esgrimir una última baza ante el Tribunal Constitucional para tratar de sortear el encarcelamiento.