la abogacía del estado pide que la infanta pague más

La Fiscalía pide elevar la pena a Urdangarin: fue "el motor del delito"

El Ministerio Público reclama 10 años de cárcel para el marido de la infanta Cristina que "corrompió" a los funcionarios para lucro propio

Foto: Iñaki Urdangarin. (Raúl Arias)
Iñaki Urdangarin. (Raúl Arias)

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha defendido este miércoles en el Tribunal Supremo la necesidad de elevar la pena impuesta al exduque de Palma Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres. En un informe muy técnico, la fiscal Ángeles Garrido, ha ido repasando, tipo penal a tipo penal, la sentencia de la Audiencia de Palma y ha apuntado que los dos responsables instituto Nóos constituyeron "el motor" para la secuencia que acabaría en delito.

Garrido ha destacado, además, que ellos dos y el resto de acusados, desplegaron un acción concertada en la que todos los partícipes fueron necesarios. Urdangarin y Torres constituyeron una pieza clave en la corrupción de los funcionarios. Desarrollaron una "secuencia" delictiva que merece, según el criterio del Ministerio Público, una pena mayor a la impuesta por el tribunal de primera instancia. Nóos disfrutó de contratos otorgados a dedo por las comunidades balear y valenciana y los convenios que se firmaron no contaban con ningún tipo de informe previo que justificara el gasto y el destino de los fondos, millonarios, se desconoce, ha resaltado la fiscal.

Los magistrados Manuel Marchena, Miguel Colmenero, Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo han arrancado puntuales la vista al filo de las 10 y media. La revisión de la resolución se celebra un año después de que, el 17 de febrero de 2017, se conociera el fallo de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que rebajó notablemente las penas que pedía la Fiscalía a los principales acusados en este procedimiento, que se originó como pieza separada del caso Palma Arena por las actividades delictivas que realizó el exduque con su exsocio Torres mediante el instituto Nóos, que se suponía realizaba su labor sin ánimo de lucro. "Se excluyó el concurso y la publicidad sin motivo", ha destacado la fiscal.

Por su parte, la Abogacía del Estado ha reclamado un incremento de la cantidad que afrontó como responsable civil a título lucrativo la infanta Cristina. El empecinamiento de Manos Limpias, tras el que luego se descubrió un afán de enriquecimiento que llegó al encarcelamiento de su secretario general Miguel Bernad, llevó a la hija del rey al banquillo acusada de dos delitos fiscales. Fue absuelta en sentencia pero no sorteó la petición del Ministerio Público que provocó que tuviera que responder de la mitad de la responsabilidad civil que se le reclamaba a su marido: 265.088,42 euros. La abogada ha expuesto ante la Sala que el lucro fue superior en unos 70.000 euros y las dos esposas -tanto la infanta como la mujer de Torres- deben hacer frente a la cantidad junto a sus maridos.

Se impusieron condenas a siete de los 17 acusados, si bien se rebajaron notablemente las penas que inicialmente pedía el Ministerio Público, en algunos casos por absolución de los delitos y en otros en aplicación de circunstancias atenuantes por reparación del daño causado. "Entendemos que hubo prevaricación continuada", ha resaltado Garrido que ha destacado que para sustentar la realidad de los convenios se elaboraron documentos falsos.

Fue el caso del exduque de Palma, Iñaki Urdangarin, condenado a seis años y tres meses de prisión frente a los 19 que pedía la Fiscalía, o de su exsocio, Diego Torres, condenado a ocho años aunque el Ministerio Público pedía 16 y medio. Los dos fueron absueltos del delito de estafa y en este trámite de casación ante el alto tribunal el Ministerio Público interesa un incremento de sus condenas, que llega hasta los 10 años de cárcel en el caso del exduque; 12 años y cuatro meses para Torres y también más pena para Matas.

Tras la Fiscalía han expuesto sus argumentos el resto de acusaciones, tres representantes de la Abogacía del Estado e incluso Manos Limpias, presente en la sala este martes para recurrir la condena en costas que le supuso su acusación contra la infanta Cristina. La hermana del Rey Felipe VI no fue condenada por los dos delitos fiscales que le imputaba la asociación de Miguel Bernad aunque sí tuvo que responder como responsable civil a título lucrativo. Hoy la abogada ha vuelto a mencionarla y ha dicho que su postura en el juicio no fue infundada ni resultó "baladí" como demuestra la sentencia.

Pasadas las doce de la mañana ha comenzado el turno de las defensas. Ha arrancado el abogado del exduque de Palma, Mario Pascual, que ha expuesto que la presunta influencia de la que pudo hacer uso por su vinculación familiar con la Casa Real no debe penarse. Según su criterio existe jurisprudencia del propio TS que la considera "impune por atípica". Ha reclamado la absolución de su cliente que -ha dicho- "ya ha sido condenado por parte de la sociedad y muchos medios de comunicación".

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