audiencia mañana para escuchar a las partes

Cuenta atrás para Urdangarin: el Supremo tardará un mes en decidir si va a prisión

El Tribunal Supremo celebra este miércoles, un año después de su condena a más de seis años, la vista tras la que se decidirá su pena definitiva

Foto: Iñaki Urdangarin. (Raúl Arias)
Iñaki Urdangarin. (Raúl Arias)

Iñaki Urdangarin aborda la recta final antes de conocer la decisión que marcará su futuro. El Tribunal Supremo celebra este miércoles, un año después de que la Audiencia de Palma le condenara a seis años y tres meses de prisión, la revisión de aquella sentencia. El fallo decidirá la pena definitiva que se impone al marido de la infanta Cristina y a otros 16 acusados. Comienza de este modo la cuenta atrás para el exduque de Palma, que tiene por delante una espera de aproximadamente un mes antes de conocer el criterio final de los cinco magistrados que tienen en sus manos la casación del caso Nóos.

La vista arrancará a las 10 de la mañana ante la sala encargada de este procedimiento, compuesta por Manuel Marchena, Miguel Colmenero, Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo. La deliberación, que se abordará una vez escuchados los argumentos de todas las partes, se prolongará varios días. Tras fijar criterio, el ponente Del Moral afrontará una redacción de la resolución que se prevé complicada y que puede llevar a prisión a Urdangarin, en caso de que se confirme la pena impuesta o se siga el criterio de la Fiscalía que pide subirla. En total, el plazo para que la decisión se haga pública puede alargarse varias semanas e incluso un mes, apuntan las fuentes jurídicas consultadas.

Acabará así una espera que el matrimonio ha vivido desde Ginebra, donde reside junto a su familia. Desde que quedó en libertad a la espera de la sentencia firme, en febrero de 2017, Urdangarin quedó con la obligación de comparecer el primer día de cada mes en los juzgados de su lugar de residencia, Suiza en este caso.

Durante la vista del miércoles, los abogados de los recurrentes defenderán sus argumentos en turnos de entre 20 minutos y media hora, por lo que es previsible que la vista se alargue durante toda la jornada e incluso continúe durante el jueves. La Fiscalía, que empleó más de 100 páginas en reflejar las bases de su acusación, pide para el consorte de la infanta 10 años, muy lejos de los 19 que reclamó el fiscal del caso en Palma, Pedro Horrach.

Cuenta atrás para Urdangarin: el Supremo tardará un mes en decidir si va a prisión

Urdangarin fue condenado por prevaricación, fraude, tráfico de influencias y dos delitos contra la Hacienda Pública. El tribunal dejó fuera, sin embargo, otros dos delitos fundamentales -el blanqueo y la estafa- y varios otros menores. La condena quedó reducida a su "mínima expresión imprencindible" a la vista de los hechos de los que se le acusaba, concretan fuentes fiscales. En resumen, la resolución le colocaba junto a su socio Diego Torres en el centro de una trama que proporcionó a ambos beneficios ilícitos millonarios.

La mercantil de consultoría "sin ánimo de lucro" Nóos que compartía el exduque con Torres disfrutó de distintos contratos adjudicados de forma irregular. La mayoría fueron adjudicados por los gobiernos balear y valenciano y les proporcionaron beneficios superiores a los cinco millones de euros. Para obtener estas licitaciones Urdangarin se sirvió "de su influencia" y "el privilegiado posicionamiento institucional" que ocupaba.

La Infanta, fuera

La infanta Cristina, ahora fuera del procedimiento, fue acusada durante la vista oral ya que figuraba como titular junto a su esposo en una de las empresas que percibió pagos, la inmolibiaria Aizoon. En su escrito ante el Supremo, la defensa de Urdangarin insistió en su inocencia y se agarró a su desconocimiento. Alegó su escaso manejo de asuntos contables, financieros y fiscales. "No se puede demandar al olmo por no dar peras", llegó a asegurar en uno de sus escritos.

El empecinamiento de Manos Limpias, tras el que luego se descubrió un afán de enriquecimiento que llegó al encarcelamiento de su secretario general Miguel Bernad, llevó a la hija del rey al banquillo acusada de dos delitos fiscales. Fue absuelta en sentencia pero no sorteó la petición del Ministerio Público que reclamaba que fuera declarada partícipe a título lucrativo. Tuvo que responder de la mitad de la responsabilidad civil que se le reclamaba a su marido: 265.088,42 euros.

Solo otros dos acusados de la veintena de imputados fueron condenados a penas de cárcel. Torres se llevó la peor parte con ocho años y medio de pena y una multa que roza los dos millones de euros mientras que el exministro y expresidente balear fue sentenciado a cumplir tres años y ocho meses de prisión. Ahora pide una reducción pese a reconocer que el procedimiento seguido para la organización de los Fórum Islas Baleares en 2005 y 2006 "fue profundamente incorrecto hasta el punto de constituir un delito de prevaricación".

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