urdangarin, a las puertas de ingresar en prisión

La sentencia del caso Nóos se retrasa: no estará lista hasta junio

El alto tribunal debe aún cerrar detalles de la propuesta formulada por el ponente Antonio del Moral a sus compañeros. La vista se celebró el pasado 21 de marzo

Foto: Iñaki Urdangarin, en una ilustración de Jate.
Iñaki Urdangarin, en una ilustración de Jate.

La sentencia firme del caso Nóos, en manos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, se retrasa. Fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial calculan que no estará lista hasta al menos la primera semana de junio, pese a que en un inicio preveían tenerla cerrada para este mes de mayo. El motivo de la tardanza no es otro que la especial complejidad del caso, ya demostrada en primera instancia. Tras cinco meses de vista oral, la Audiencia de Palma dejó el caso visto para resolución en junio de 2016, pero no dictó su fallo hasta nueve meses después.

El alto tribunal no se alargará tanto, pero debe aún cerrar detalles de la propuesta formulada por el ponente Antonio del Moral a sus compañeros. La vista se celebró el pasado 21 de marzo y en ella se escucharon los argumentos presentados por la Fiscalía y por las defensas de varios de los condenados, entre ellos el exduque de Palma Iñaki Urdangarin, que deberá ingresar en prisión si el resultado confirma el criterio de la anterior sentencia o lo eleva, como pide el fiscal.

Iñaki Urdangarin, a su llegada a la Audiencia de Palma el año pasado. (EFE)
Iñaki Urdangarin, a su llegada a la Audiencia de Palma el año pasado. (EFE)

Desde entonces, los magistrados Manuel Marchena, Miguel Colmenero, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Del Moral estudian las alegaciones frente a la resolución que rebajó notablemente las penas que pedía el Ministerio Público a los principales acusados en este procedimiento, que se originó como pieza separada del caso Palma Arena por las actividades delictivas que realizó el marido de la infanta Cristina con su exsocio Diego Torres mediante el instituto Nóos, una entidad que debió realizar labores sin ánimo de lucro, pero a través de la cual se obtuvieron contratos millonarios.

La Audiencia impuso condenas a siete de los 17 acusados. Urdangarin se vio beneficiado por las circunstancias atenuantes que se tuvieron en cuenta, entre ellas la reparación del daño causado. Fue condenado a seis años y tres meses de prisión frente a los 19 que pedía la Fiscalía. Sobre su exsocio Diego Torres, recayó la pena más alta de las impuestas, ocho años. Los dos fueron absueltos del delito de estafa, y en este trámite de casación ante el alto tribunal el Ministerio Público pide un incremento de sus condenas, que llega hasta los 10 años de cárcel en el caso del exduque; 12 años y cuatro meses para Torres, y unos meses extra para otro de los principales protagonistas de la trama, el expresidente balear Jaume Matas.

La propia infanta Cristina tuvo que sentarse en el banquillo por la acción de la acusación popular que entonces ejercía Manos Limpias, que le atribuía dos delitos fiscales. Resultó absuelta, pero declarada responsable civil a título lucrativo, como pedía la Fiscalía, por lo que tuvo que responder, solidariamente con su marido, a la responsabilidad civil de él por la actuación de la empresa que ambos compartían, el Instituto Aizoon. Abonaron entre ambos 265.088,42 euros.

Una causa compleja

La complejidad de la causa ha quedado patente en el pasado. Las tres magistradas de Palma que condenaron en primera instancia necesitaron 744 páginas para desarrollar su sentencia y en la vista comparecieron una decena de partes. La Fiscalía recurrió en un escrito de 100 páginas. El número de partes —acusaciones y defensas— obligó a alargar la vista durante cuatro horas.

Urdangarin fue condenado a seis años y tres meses de prisión, siete años y un mes de inhabilitación especial y multa de 512.533,68 euros por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno de falsedad en documento público y de malversación (dos años y ocho meses de prisión), uno de fraude a la Administración pública (siete meses), uno de tráfico de influencias (un año) y dos delitos contra la Hacienda Pública (un año cada uno) y a responsabilidad civil. Por ello, y aunque no se atienda la petición de elevar penas que impulsa la Fiscalía, ingresará en prisión cuando se dicte el fallo.

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