Contratos con la agencia del PSPV salpican a Corredor y complican su cartel en Madrid

La investigación de los contratos públicos con la agencia de comunicación que colaboró en las campañas del PSPV-PSOE puede salpicar a una de las personas que los socialistas barajan como posible aspirante a la alcaldía de Madrid, Beatriz Corredor. Un informe de la Intervención del Estado encargado por una jueza de Valencia, al que ha tenido acceso El Confidencial, señala que el Ministerio de Vivienda cometió diversas irregularidades en la contratación de la agencia Crespo Gomar para la creatividad de una campaña de promoción del departamento por importe de 126.208 euros. Una de estas anomalías fue la de declarar de "urgencia" la adjudicación del encargo, decisión que fue adoptada por el que entonces director del gabinete de la ministra, Nicolás Mateos, el 14 de octubre de 2008. Sin embargo, no fue Mateos quien firmó el contrato, sino el subsecretario del departamento, Marcos Vaquer. El primero había sido cesado por Corredor por "pérdida de confianza" antes de cerrarse ese expediente, que siguió su curso con irregularidades. Fuentes cercanas al exjefe de gabinete señalan que las discrepancias en materia de contratación motivaron la destitución.

"Más que una urgencia, parece una imprevisión", se afirma en el informe pericial. "Incluso el informe del interventor delegado del ministerio señala que no se cumple la motivación que requiere la ley en caso de urgencia", sostiene. Por este contrato, han sido citados a declarar de momento como investigados en un juzgado de Madrid tres de los componentes de la mesa de contratación, todos ellos funcionarios. La Fiscalía sostiene que hay indicios de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Ferraz expresa su "total confianza" en la gestión de Corredor y afirma que no está descartada para tratar de asaltar la alcaldía de Madrid

El interventor encargado de la pericial se refiere precisamente a los componentes de esta mesa de contratación para señalar irregularidades en su composición y en la elección de sus miembros, además de denunciar incumplimientos parciales del pliego. Del mismo modo, sostiene que, en contra de lo normal, se abrió la oferta económica antes que la técnica. "Esto solo lleva a favorecer la falta de transparencia. Conociendo de antemano la puntuación obtenida por cada licitador en su oferta económica, resulta mucho más sencillo intentar favorecer a cualquier de ellos, dado el carácter subjetivo de la valoración técnica. También el expediente pone de relieve la falta de motivación en el rechazo de uno de los licitadores por baja temeraria, lo que claramente favorece a Crespo Gomar, quien no hubiese resultado adjudicatario de no haberse rechazado al otro licitador", explicó también la jueza Nieves Molina en el auto en que dio traslado de los expedientes de contratación a los juzgados correspondientes. En ese escrito, se señalaba además que "indiciariamente parece concluirse que el expediente estaba adjudicado antes de que formalmente se hubiesen seguido los trámites o pasos legales".

El expediente contiene una cronología endiablada del procedimiento de contratación. El 28 de diciembre de 2008, la mesa de contratación dio el contrato a Crespo Gomar, que firmó ese mismo día. Como queriendo dar por cerrado todo el expediente antes de acabar el año, se fijó un plazo de ejecución de apenas dos días. El 31 de diciembre, la empresa de Alberto Gomar, que ha sido citado como investigado en otro contrato con el Ministerio de Sanidad, presentó su factura y recibió la conformidad.

“Toda esta cronología resulta incoherente e imposible”, dice la prueba pericial, que dice que el bastanteo de poderes del abogado del Estado se hace el 5 de enero de 2009 y se recibe en el ministerio el día 7, cuando sin el bastanteo (comprobación de las facultades para contratar con la Administración), no se podría formalizar el contrato.

La adjudicación a Crespo Gomar se tramitó de urgencia de forma injustificada. Se firmó un 28 de diciembre y en dos días se recibió la factura

Las sospechas en la contratación llegan a la orilla del Ministerio de Vivienda en un momento en que la que fuera titular del mismo suena desde hace meses como posible aspirante socialista a la alcaldía de Madrid. Fuentes cercanas al secretario general, Pedro Sánchez, señalaron a El Confidencial que Corredor tiene la "total confianza" de Ferraz y negaron que esta investigación pueda minar sus opciones electorales. No obstante, desde la federación madrileña la noticia no fue del todo bien recibida. En el PSOE-M tienen más dudas y dicen que "ayudar, no ayuda", porque además nunca vieron su candidatura con buenos ojos. Creen que no tiraría lo suficiente frente a Manuela Carmena.

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Víctor Romero. Valencia

La agencia Crespo Gomar fue señalada por Nieves Molina como posible colaboradora irregular de la campañas autonómica y algunas municipales del PSPV-PSOE en 2007. No obstante, el delito electoral ha quedado por ahora fuera del radar de la investigación. La magistrada considera que o bien han prescrito los delitos electorales o los hechos detectados no vulneraban la norma de financiación de los partidos en aquellos años. Pero esto no ha impedido que, tras su inhibición, los juzgados correspondientes hayan comenzado a investigar los contratos.

Estas diligencias han dado como resultado citaciones como la del exalcade socialista de Benidorm Agustín Navarro, por un contrato del ayuntamiento con la empresa Opino Media, filial de Crespo Gomar. También la exdirectora de Consumo de Zapatero Etelvina Andreu ha resultado imputada por un contrato de 2008 del Ministerio de Sanidad con Crespo Gomar. Andreu fue candidata a la alcaldía de Alicante en 2007, con Crespo Gomar como consultora electoral de cabecera.

La exministra niega todo tipo de irregularidades

La exministra de Vivienda ha recibido con muchísima preocupación "el intento de algunos por ensuciar su nombre" y cortocircuitarle una carrera, la de la alcaldía de Madrid, a la que ella "jamás se ha postulado". Fuentes muy próximas explicaron a este diario en la tarde de este miércoles que el contrato investigado se hizo "con arreglo total al procedimiento legal", "avalado por funcionarios de carrera, y no por cargos políticos", y que tenía por tanto "informes favorables de la Abogacía del Estado, del interventor general, de la Oficialía Mayor y de otro funcionario más". 

En el círculo de Corredor insisten en que ella, como titular de Vivienda, nunca llegó "ni a ver ese contrato", puesto que al comienzo del mandato de todos los ministros "se hacen delegaciones para que las adjudicaciones menores a 300.000 euros no pasen" por el responsable máximo de cada departamento. La declaración de urgencia, que corrió a cargo del que era su jefe de Gabinete, sí estaba justificada, puesto que el plan de Vivienda 2009-2012 se aprobó en diciembre de 2008 y "por tanto la publicidad institucional debía hacerse antes de la entrada en vigor", en enero de 2009. "No se podía licitar en junio, claro está. Había que tramitar el contrato de forma rápida, pero se cumplieron todos los procedimientos administrativos. Así que lo que dice el perito es solo una opinión, nada más".

Las mismas fuentes indican que si la adjudicación recayó en Crespo Gomar se debió a que se rechazó la oferta de uno de los licitadores por baja temeraria. Y añaden que "no es cierto" que Nicolás Mateos, el director de Gabinete, fuese cesado por discrepancias en materia de contratación. "Y el subsecretario no podía dejar de firmar nada, porque venía bien en todos los informes. La intervención del ministerio era muy estricta con todos los procedimientos", subrayan.

La exministra confía en que todo se aclare pronto, y de hecho se remite a la declaración como imputados de Rosario G. V. y Sandra S. F., respectivas presidenta y secretaria de la mesa de contratación, y José María Á. G., el interventor que habría autorizado el pago y que formaba parte como vocal de la mesa, informa EFE. Los tres comparecerán ante el juez este mismo viernes, y "asistidos por la Abogacía del Estado". "Esto va a quedar en nada", enfatizan las mismas fuentes.

Corredor "no conocía ni antes ni ahora la agencia Crespo Gomar ni tenía ningún interés en ella", ni estaba en la mesa de contratación ni "decidía la creatividad". Ella, miembro desde hace casi un año de la ejecutiva de Pedro Sánchez (es secretaria federal de Ordenación Territorial y Políticas Públicas de Vivienda), acumula "25 años como funcionaria al servicio del Estado [es registradora de la propiedad] y no necesita vivir de la política ni meterse en nada turbio". Tal y como figura en su declaración de rentas y bienes en la web del PSOE, ingresa 14.800 euros netos al mes. En su entorno insisten en que no necesita ser candidata a la alcaldía de Madrid ni está en ninguna carrera, pero sí remarcan que no va a tolerar que intenten destruir su reputación.