Tres imputados por un contrato del Gobierno de Zapatero con la agencia del PSPV y Bloc

El Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha acordado investigar el concurso de publicidad del Plan de Vivienda 2009-2010, dependiente del Ministerio de Vivienda, concedida a la empresa de comunicación Crespo Gomar, por importe de 126.000 euros. El juez ha imputado a tres responsables de la Mesa de Contratación y les cita a declarar el próximo 11 de mayo. Se trata de la agencia que participó en las campañas del PSPV y el Bloc Nacionalista Valencià (socio de Compromís) y cuya financiación ha investigado una jueza de Valencia.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la juez María de las Mercedes Pérez Barrios ha incoado diligencias previas en la causa remitida por el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia por los presuntos delitos de prevaricación y/o malversación de fondos públicos.

El juzgado de Valencia comenzó la investigación por los mismos delitos y otro electoral en diciembre de 2016 tras recibir un informe de la Policía Nacional sobre una supuesta financiación irregular de los partidos políticos entre los años 2007 y 2011. Posteriormente, el pasado mes de enero, tras la práctica de distintas diligencias y con el informe favorable de la Fiscalía, este órgano judicial se declaró "no competente" para proseguir con instrucción al descartar que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido en el partido judicial de Valencia, por lo que se inihibió a favor de juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid. La jueza consideró que el delito electoral (financiación ilegal) había prescrito y derivó varios contratos de administraciones sus partidos judiciales por posibles delitos de malversación o prevaricación.

La investigación comenzó después de que el PP de la Comunidad Valenciana aportase documentación, facturas y correos electrónicos entre empresarios valencianos, dirigentes del Bloc y del PSPV relacionada con el pago de facturas por trabajos electorales a los dos partidos en las elecciones municipales y autonómicas de 2007, en las que el candidato socialista a la Generalitat era su secretario general, Joan Ignasi Pla, y Enric Morera, actual presidente de las Cortes Valencianas, era el líder del Bloc.

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Víctor Romero. Valencia

Se da la circunstancia de que responsables del PP valenciano están siendo juzgados por la Audiencia Nacional por la existencia de una presunta caja 'b' con la que pagaron la organización de las campañas electorales en 2007 y 2008 contratadas con la empresa de la trama Gürtel, Orange Market. En este caso, nueve empresarios valencianos han reconocido haber sufragado ilegalmente parte de estos actos.

Esta documentación entregada por los 'populares' también apunta a varios ministerios del Gobierno socialista mientras José Luis Rodríguez Zapatero era el presidente. De ahí, la inhibición de una parte de la investigación al juzgado madrileño.

El juez de Valencia explica en su auto de inhibición que decide pasar la causa a los otros tres juzgados para que puedan continuar analizando otros hechos por si pudieran ser constitutivos de prevaricación y/o malversación de caudales públicos, como la compraventa de un local en Gandía por la Federación Valenciana de Fútbol subvencionada por el Ayuntamiento de esa ciudad; los 'opinómetros' -contrato de suministro del sistema de comunicación a Opino Media por el Ayuntamiento de Benidorm en 2010-; y adjudicaciones del Ministerio de Vivienda a Crespo Gomar.

Al respecto, la juez de Plaza de Castilla de Madrid ha citado a declarar el próximo jueves 11 de mayo, a partir de las 10.00 horas, en calidad de investigados, a Rosario G. V. y Sandra S. F, respectivamente presidenta y secretaria de la Mesa de Contratación, y a José María A. G., el interventor que presumiblemente autorizó el pago y que formaba parte como vocal de la Mesa de Contratación