Pelotazos en Gandía y mordidas a Burger King: así actuaba la agencia de PSPV y Bloc

La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha cerrado la causa por la financiación ilegal del PSPV-PSOE y el Bloc Nacionalista Valencià (socio de Compromís) por considerar que los indicios de delito electoral por la facturación a empresas de gastos de campaña en 2007 habrían prescrito o no eran punibles por la regulación legal sobre partidos en el momento en que se produjeron los hechos. Sin embargo, la documentación que aportó a la Brigada de Blanqueo de Capitales el presidente del PP de Alicante, José Císcar, los análisis policiales y el cotejo de facturas y documentos contables de la agencia Crespo Gomar efectuado por la Agencia Tributaria reflejan sospechas de que, al menos con algunos candidatos, se facturaron gastos electorales a empresas privadas mediante una posible falsificación de documentos.

Así queda reflejado en el caso de la campaña de las municipales que los socialistas protagonizaron en Benidorm en 2007. Según refleja el auto de la magistrada Nieves Molina, en la documentación aportada aparecían facturas de Crespo Gomar a las mercantiles Hospimar 2000 y Quick Meals Ibérica por importes de cerca de 30.000 euros y 6.960 euros, respectivamente. La primera es una compañía dedicada a la atención sanitaria con clínicas en Benidorm, Gandía y, desde el año pasado, en Valencia. La segunda empresa es la denominación que en aquellos años tenía la mayor franquiciadora de Burger King en España, hoy llamada Burger King España SL.

El Ayuntamiento de Gandía subvencionó con 275.000 euros la compra de un local de los Gomar cuando era alcalde Orengo, hoy asesor de Puig

Los correos y documentos internos de Crespo Gomar (consulta aquí los papeles) apuntan a la elaboración de facturas por trabajos simulados que, en realidad, cubrían gastos de campaña. Una copia de correo electrónico dirigido a una persona que obedece al nombre de Anabel Hallado (nombre que coincide con el de la exsecretaria de Organización local) recoge el aviso de cómo iba a distribuirse el reparto de pagos a ambas empresas, con cantidades pendientes de facturar por "asistencia en precampaña en los meses de marzo, abril y mayo" de 2007. Los documentos contienen facturas por las cantidades acordadas a nombre de Hospimar y Quick Meals Ibérica, aunque por conceptos muy distintos relacionados por trabajos de creatividad publicitaria. "Por favor, puedes facturar a nombre de Hospimar por el buzón, llaveros, folletos y fotografías", escribe Hallado a una empleada de Crespo Gomar en otro correo.

Al tratarse de hechos presuntamente prescritos, estos pagos han quedado fuera de los documentos que la jueza ha remitido al juzgado de Benidorm en su auto de inhibición. Sí ha incluido el contrato que, algo más de dos años después de aquella campaña en la que Agustín Navarro fue el cabeza de cartel del PSPV-PSOE, adjudicó el Ayuntamiento gobernado por los socialistas a una filial de Crespo Gomar, Opino Media SL, para el suministro del sistema de comunicaciones conocido como Opinómetros. Se trata de un contrato de 193.000 euros que se otorgó al único aspirante del concurso pese que la empresa no cumplió con el requisito de acreditar su solvencia técnica y profesional que exige la ley. "La licitación debió declararse desierta", afirma de forma rotunda la magistrada. "Resulta llamativo lo concretas y específicas que aparecían en el pliego las características o requisitos que este exigía, lo que lleva a pensar en una acomodación del mismo a la mercantil que fue asignada adjudicataria".

TE PUEDE INTERESAR

Intervención destapa contratos amañados del Gobierno Zapatero con la agencia del PSPV

Víctor Romero. Valencia

Opino Media es una empresa ligada a Crespo Gomar en la que fue socio y administrador José Ramón Tíller, un histórico dirigente del PSOE de Gandía que fue diputado autonómico y jefe de gabinete de los exalcaldes gandienses Pepa Frau y José Manuel Orengo, actual asesor del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. En Gandía tiene su origen el grupo Crespo Gomar, dirigido por Alberto Gomar, hijo del que fue concejal de esta población de la comarca valenciana de la Safor, Antonio Gomar.

Y aquí fue donde la familia Gomar hizo un jugoso negocio inmobiliario que la investigación ha puesto bajo lupa y que ya está en manos del decanato local. En septiembre de 2009, la corporación local dirigida por Orengo, subvencionó con 257.000 euros la compra por parte de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana de un inmueble a una sociedad denominada Mora Gomar, en la que figuraba como administrador Joaquín Mora, marido de Gema Gomar, hermana de Alberto e hija de Antonio. La Federación pagó por esa parcela 525.000 euros, casi el doble de lo que apenas tres años antes, en pleno pico de burbuja inmobiliaria había abonado la vendedora a otra sociedad de la propia familia Antonio Gomar Martínez SL, que la tenía en propiedad como aportación no dineraria de Confecciones Monterrey, otra mercantil administrada por Gema Gomar.

"Anótala en la hoja del bloc", se dice en un correo interno de Crespo Gomar sobre una factura de 46.400 euros dirigida a Metrovacesa

Lo sorprendente en la investigación de este caso [el actual ayuntamiento de la socialista Diana Morant ha ofrecido al juzgado toda la documentación justificativa de la subvención] es que la juez consideró pertinente la tasación pericial del valor de mercado del local en el momento de la compra. Pero no pudo hacerse la pericial, encargada a un tasador de fuera de la Comunitat Valenciana, "al no aceptar el encargo la perito en su día nombrada por falta de provisión de fondos". No había dinero para cubrir el trabajo pericial.

Tanto Orengo como Tíller se adscriben al llamado sector lermista del PSPV-PSOE. Se trata de la corriente que tenía el control del partido en la campaña de 2007 en la que fue candidato autonómico Joan Ignasi Pla, asesorado en parte por Crespo Gomar. La misma agencia se encargó de organizar el congreso para elegir nuevo secretario general en 2008, cuando Pla ya había dimitido tras perder las elecciones y filtrarse que una empresa contratistas le había reformado la cocina sin que apareciesen facturas por ningún sitio. El propio dirigente socialista, también cercano a Puig, admitió que no pagó las obras a una empresa del Grupo Villegas. La gestora que dirigía la federación valenciana estaba presidida por el senador Joan Lerma. El congreso lo ganó frente a Puig el sector rival liderado por Jorge Alarte.

Ese fue el inicio del declive de Crespo Gomar, que entró en concurso y acabó en liquidación. Una agencia que llegó a tener más de un centenar de empleados y que también realizó trabajos para ayuntamientos del Partido Popular, como Denia, o para Gandía cuando estuvo gobernada por el popular Arturo Torró, hoy con varias causas pendientes. Torró, sucesor de Orengo, adjudicó a una nueva sociedad de Gomar, Ossido Comunicación, 1,3 millones de euros por diversos trabajos a través de una empresa municipal, según ha publicado 'eldiario.es'.

Lubasa, Fomento Urbano, Aguas…

Los documentos que José Císcar llevó a la Policía incluyen también papeles y correos presuntamente relativos al asesoramiento que Crespo Gomar hizo al Bloc Nacionalista Valencià. En concreto incluyen un estadillo de cuentas en excel que casa trabajos realizados para el socio mayoritario de Compromís de 2005 a 2008 con algunas facturas de empresas privadas como Fomento Urbano (Fucsa) y Aguas de Valencia, ambas ligadas a la familia Calabuig, o Lubasa, una de las empresas que admitió haber participado también en la financiación ilegal del Partido Popular de Francisco Camps. El auto de Molina no hace referencia alguna a este estadillo ni a si las diligencias practicadas por la Agencia Tributaria han servido para cotejar los presuntos pagos. Habrá que esperar a conocer los informes de Hacienda y la Brigada de Blanqueo para saber si las facturas se ajustan y son reales, si bien en el caso del Bloc, que en esas fechas apenas tenía poder institucional, y por tanto para adjudicar, el posible delito electoral ha prescrito y su papel como investigado queda completamente difuminado.

No obstante, la jueza sí hace referencia a una factura de 46.400 euros que Crespo Gomar giró a Metrovacesa y su filial, Centro Comercial y de Ocio la Vital, elaborada como si de un trabajo de identidad corporativa se tratara. Un correo interno entre empleados de la agencia incluye la frase "anótala en la hoja del bloc" y pide enviarla al jefe de gabinete del actual presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera. "Ojo que los datos de envío son diferentes a los de facturación. Estoy pendiente de que me confirmen la forma de pago", se escribe.