Investigan a la exdirectora de Consumo de Zapatero por contratar a la agencia del PSPV

La investigación de la presunta financiación del PSPV y el Bloc se ha cobrado sus dos primeras políticas investigadas. Aunque los juzgados de Valencia han descartado indagar sobre posibles delitos electorales a través de la agencia Crespo Gomar durante las campañas de 2007, dos juzgados de Madrid han recibido la parte correspondiente a los contratos que la empresa tuvo con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y han incoado diligencias previas. En el caso del contrato con el Ministerio de Sanidad de 2009 de promoción de una campaña de consumo responsable de 184.138 euros, el juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha citado como investigada a la que fue directora general de Consumo, Etelvina Andreu, y la entonces subsecretaria, Consuelo Sánchez Naranjo. Ambas deberán declarar el próximo 21 de mayo, junto a dos funcionarios miembros de la mesa de contratación, que deben comparecer tres días después.

Estos investigados se suman a los funcionarios que también han sido citados por el contrato suscrito en 2009 por Ministerio de Vivienda por otra campaña de 126.000 euros por presuntos delitos de prevaricación y malversación. La Intervención del Estado, en un informe solicitado por la jueza de Valencia en la fase previa de investigación, detectó irregularidades en los dos contratos, razón por la que los expedientes fueron remitidos a los juzgados de Madrid para su reparto.

La citación de Etelvina Andreu pone el foco sobre su campaña de las municipales de 2007, donde concurrió como aspirante del PSOE a la alcaldía de Alicante. La empresa que le asesoró en aquella cita electoral fue precisamente Crespo Gomar. No obstante, la financiación de estos actos electorales no forma parte, de momento, de la investigación del juzgado madrileño. El Partido Popular está a la espera de personarse en las distintas causas abiertas, también las que se instruyen en Gandia y Benidorm. Una vez se acepten estas personaciones decidirán si solicitan que se rescate el delito electoral y se acumule en la causa.

El juzgado de Valencia comenzó la investigación en diciembre de 2016 tras recibir un informe de la Policía Nacional sobre una presunta financiación irregular del PSPV y el Bloc Nacionalista Valencià (socio mayoritario de Compromís) entre los años 2007 y 2011. Fue el presidente provincial del PP de Alicante, José Císcar, quien llevó a la Brigada de Blanqueo de Capitales documentos internos y contabilidad de Crespo Gomar que ha servido de base para el informe policial. A su vez, la Agencia Tributaria ha cotejado las facturas y la Intervención del Estado hizo un análisis de los contratos con las distintas administraciones públicas.