El bloqueo de la nueva financiación provoca las primeras grietas en el PP con Rajoy

La demora en la configuración de un nuevo modelo de financiación autonómica no solamente tiene al borde del ataque de nervios a territorios infrafinanciados en manos de gobiernos ajenos al Partido Popular. Autonomías 'pata negra' del Partido Popular empiezan a estar cansadas del constante debate público sobre cómo debe ser el reparto de recursos entre administraciones públicas sin que las propuestas tengan concreción en los órganos y canales articulados para ello. Esta situación tuvo un reflejo claro en la última reunión del Comité Técnico Permanente de Evaluación (CPTE) del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrada el pasado jueves en Madrid. Se trata de un grupo de trabajo de perfil muy técnico al que se ha encomendado elaborar el documento marco que debe debatir el CPFF, en el que están representados el Gobierno, a través de su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y las comunidades autónomas.

Los representantes de Castilla y León y La Rioja en el comité técnico dan un plazo de cuatro semanas al Gobierno para fijar posición en la reforma

El comité se constituyó el pasado mes de noviembre (sin representante de Cataluña, que se ha autoexcluido) con el objetivo de tomar como base el documento sobre el nuevo modelo de financiación elaborado por la comisión de expertos, recoger las propuestas y enmiendas a ese texto de los distintos territorios y el Ejecutivo central y poner negro sobre blanco unas conclusiones definitivas para que sean sometidas al criterio del CPFF, donde el Gobierno tiene mayoría. Se trata, digamos, de la 'cocina' de la reforma del sistema de financiación, el mecanismo de reparto de los recursos tributarios del Estado entre sus distintos actores, un asunto árido para el ciudadano de a pie pero del que depende el dinero que reciben su sanidad, su educación o los servicios sociales.

La falta de concreción en los trabajos ha comenzado a inquietar a los componentes del comité. El pasado jueves, este grupo de trabajo que preside la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Belén Navarro, celebró su cuarto encuentro con la sensación de que la sequía en la iniciativa del Gobierno central puede abocarlos a una situación de congelación. Todos los territorios han remitido sus documentos, pero el Gobierno sigue sin fijar su posición en el debate, un requisito necesario para cerrar las conclusiones de su trabajo y poder elevarlas al órgano superior. Mientras Montoro comparece en la comisión de Hacienda del Congreso, propone simplificar fondos o estudiar una reestructuración de la deuda de las autonomías, el órgano que debe concretar esas propuestas sigue sin recibir los 'papeles' del ministerio. Así al menos se percibió por una mayoría de componentes, incluso representantes de autonomías gobernadas por el Partido Popular.

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Javier G. Jorrín

Como consecuencia de ello, fuera del orden del día y a viva voz, el representante de Andalucía, el director general de Financiación y Tributos, Diego Martínez, pidió poner fecha límite al debate y emplazar al Gobierno a que en cuatro semanas aporte lo necesario para elaborar las conclusiones de los trabajos. “Lo que se temen es que los trabajos de este comité acaben en nada. El Gobierno en estas reuniones parece estar empeñado en que sea así”, señalan fuentes conocedoras de la situación que se vive en el seno de este órgano.

Déficit vertical de 16.000 millones

La iniciativa recibió el respaldo de los representantes de autonomías presididas por el PSOE. Madrid, Galicia o Murcia, gobernadas por el Partido Popular, optaron por descolgarse, pero sí apoyaron el emplazamiento Castilla y León y La Rioja, representadas, respectivamente, por José Agustín Manzano Mozo, director general de Tributos y Financiación Autonómica, y Jesús Francisco Rojas Soto, director general de la Oficina de Control Presupuestario murciana. Se trata de dos comunidades que disfrutan de una financiación por encima de la media. Es decir, están en el grupo de las que en teoría tienen menos interés en que se modifique el actual 'statu quo'. Sin embargo, se mostraron favorables a acelerar los plazos para definir de una vez un nuevo modelo y poder someterlo al debate de los grupos políticos en el Congreso.

El problema para Montoro es que avanzar y dar por bueno el informe preliminar que elaboraron los expertos significa reconocer que el sistema actual tiene un déficit vertical de 16.000 millones de euros. Es decir, que hay un agujero entre lo que proporciona el sistema y el coste real de los servicios prestados. Ese dinero tendría que salir del saldo que se queda la Administración central o vía deuda, de ahí que, además de por la división existente entre territorios, el Gobierno tampoco ponga mucho empeño en acelerar los trabajos pese a la presión que recibe desde comunidades con problemas para cubrir sus servicios públicos sin la ayuda de mecanismos como el Fondo de Liquidez Autonómica.