El Constitucional tumba el derecho de los 'sin papeles' a tener sanidad gratuita en Valencia

El Tribunal Constitucional ha tumbado con siete votos contra cinco el decreto ley aprobado por la Generalitat valenciana que ampliaba la cobertura sanitaria de atención primaria a todos las personas ubicadas en la Comunidad Valenciana al margen de su condición legal. En la práctica, la nueva norma devolvía el derecho al acceso al sistema público de salud a los inmigrantes en situación irregular, unas 30.000 personas, según los cálculos realizados por el Ejecutivo autonómico. Este decreto trataba de enmendar la modificación legislativa efectuada por el Gobierno de Mariano Rajoy que limita el acceso gratuito de los 'sin papeles' al Sistema Nacional de Salud.

El conflicto judicial se inició a raíz de un recurso interpuesto por el propio presidente del Gobierno a través de la Abogacía del Estado en el que reclamaba la anulación de la norma impulsada por el Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra por vulnerar la competencia estatal y el propio Estatuto de Autonomía. El Constitucional decretó la suspensión cautelar de la sanidad universal valenciana en noviembre de 2015, pero levantó esa suspensión apenas unos meses después, en marzo del año pasado.

Finalmente, el tribunal ha decidido estima el recurso en un fallo (consulte aquí la sentencia) firmado el pasado catorce de diciembre. Sin embargo, la decisión no ha sido para nada unánime. De los doce magistrados que el pleno, cinco han emitido votos particulares. Fernando Valdés Dar-Ré, Juan Antonio Xiol Ríos, Cándido Conde-Pumpido y María Luis Balaguer Callejón han suscrito un voto conjunto contrario al fallo. También ha emitido una opinión discrepante Antonio Narváez Rodríguez, designado en sustitución del dimitido Enrique López a propuesta del Partido Popular. Narváez considera que el decreto aprobado en julio de 2015 por la Generalitat valenciana "no debió ser declarado inconstitucional y nulo", en el marco de las competencias que otorgan al Gobierno autonómico tanto el Estatuto valenciano, como la propia Constitución Española.

Ximo Puig dice que la Generalitat sorteará el fallo y la Conselleria de Sanidad asegura que mantiene vigentes sus instrucciones internas

El fallo judicial anula una de las primeras medidas aprobadas por el Consell del Botánico surgido del cambio político de las autonómicas de 2015, que finiquitaron dos décadas de poder popular. El decreto ley se tramitó con la intención de provocar un efecto simbólico que ejemplificase el cambio en los valores y en las prioridades de la Generalitat tras la derrota del PP en las urnas.

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Al igual que ha ocurrido en el caso de la Junta de Andalucía con la anulación de la semana de 35 horas por parte del Constitucional, la Generalitat valenciana va a buscar la forma de sortear el fallo y garantizar la gratuidad universal de la asistencia. Así lo ha explicado este martes el 'president' Ximo Puig tras hacerse público el fallo. “Cualquier persona que entre en un centro de salud o en un hospital de la Comuntat Valenciana va a ser atendida y, en ningún caso, se le va a cobrar ninguna factura sanitaria. Todos y todas tienen derecho a la sanidad ahora y en el futuro”, ha anunciado, para añadir que la Generalitat “está en estos momentos viendo cual es el instrumento jurídico más oportuno para reforzar el derecho de los ciudadanos a la sanidad universal”. La Conselleria de Sanidad ha informado que el Constitucional ha anulado una norma con rango legislativo por invasión de competencias, pero no las instrucciones internas en materia de universalización de la asistencia que el departamento que dirige la socialista Carmen Montón lanzó tres días antes de aprobarse el decreto. "Este documento sigue vigente y garantiza la prestación sanitaria universal", aseguran desde Sanidad.

El Consejo de Ministros también ha recurrido la ley valenciana contra la pobreza energética y la de función social de la vivienda

"La Conselleria ha reenviado hoy mismo a todos los departamentos las instrucciones emitidas en 2015 para recordar la vigencia de la cobertura sanitaria universal y de los procedimientos administrativos de protección sanitaria establecidos desde hace más de dos años, con el fin de recordar que no solo se mantiene la cobertura a las 23.663 personas que ya se han beneficiado de la medida sino también a las que sigan solicitando la cobertura sanitaria a la Generalitat", informaban fuentes oficiales.

El barón valenciano ha lamentado que el Ejecutivo central “esté utilizando la vía judicial para defender posicionamientos políticos injustificables”. “Dejar fuera de la sanidad publica a más de 21 mil personas que ya se han adherido a ella es un ejercicio de inhumanidad”. En este sentido, el jefe del Consell ha denunciado la “interpretación regresiva de la Constitución, tanto en el concepto del estado autonómico como en el de los derechos”, al tiempo que ha señalado que “la sentencia reafirma que es necesario un nuevo pacto constitucional y una reforma que blinde el espíritu de la Constitución y que significa que todo el mundo tenga derecho a la sanidad”.

La de la sanidad universal no es la única discrepancia legislativa que el Gobierno de Mariano Rajoy dirime con el Consell valenciano en las moquetas del Constitucional. El pasado mes de noviembre, el Consejo de Ministros acordó recurrir también la ley para combatir la pobreza energética y la de función social de la vivienda, ambas aprobadas por las Cortes Valencianas por iniciativa de los partidos que sostienen el Pacto del Botánico. En estos dos casos, al igual que el que acaba de anular el TC, los recursos se justifican por la invasión de competencias estatales.