El veto de Podemos obliga a dejar Valencia a la universidad de Abelló y Clinton

La ciudad de Valencia está a punto de perder una de las sedes de la Universidad Europea en España como consecuencia de la negativa de Valencia en Comú (la franquicia municipal de Podemos) a dar luz verde una operación de permuta de suelo negociada por sus socios socialistas en el ayuntamiento que dirige Joan Ribó. La entidad educativa, filial de Laureate Education, cotizada del Nasdaq, está buscando nuevas ubicaciones fuera del término municipal para un proyecto de inversión que ronda los diez millones de euros y que pretende concentrar las instalaciones dispersas que ahora tiene en la ciudad, con el objetivo a la vez de ampliar su capacidad para acoger hasta 5.000 alumnos, casi el doble de los actuales.

El proyecto surgió de un pacto de la enseña universitaria con un empresario y promotor con intereses en Madrid y Valencia llamado Rafael de Castillo, poseedor de unos terrenos cercanos a la playa de la Malvarrosa calificados como de equipamientos públicos. Del Castillo, tras fracasar hace algunos años una inicativa para ubicar en este suelo dependencias de la Dirección General de Tráfico, propuso al consistorio permutar estos terrenos por una pastilla de propiedad pública en una de las zonas degradadas afectadas por el antiguo plan de demolición del emblemático barrio del Cabañal.

El proyecto contemplaba una inversión de diez millones de euros por parte de un promotor privado que alquilaba el inmueble a la Universidad Europea

El empresario inició hace algunas meses conversaciones con el concejal de Urbanismo, el socialista, Vicent Sarrià. Su plan pasaba por renunciar a la reclamación al Ayuntamiento de la expropiación provocada de su parcela para equipamientos en la Malvarrosa e intercambiarla por los terrenos del Cabañal con la intención de ceder el nuevo inmueble para uso educativo a la Universidad Europea de Valencia, con la que tenía suscrito un preacuerdo de arrendamiento por un período superior a diez años.

La Universidad Europea es una institución de enseñanza superior con presencia en Madrid, Valencia y Canarias controlada por Laureate Education, una multinacional privada de la educación con sede en Baltimore (Maryland) que cotiza en el Nasdaq, la bolsa de valores tecnológicos y de innovación más grandes de Estados Unidos. Fundada en 1998 por Douglas L. Becker, su actual presidente y CEO, Laureate tiene entre sus consejeros al expresidente del Banco Mundial, Robert Zoellick; a la presidenta de la Rockefeller Foundation, Judith Rodin; o a Pedro del Corro García-Lomas, director general de Torreal, el brazo inversor de Juan Abelló, el multimillonario español. Abelló participa en la compañía americana a través de su sociedad de capital riesgo y tiene valorado su paquete en Laureate en algo más de nueve millones de euros.

El responsable para el sur de Europa de Laureate se llama Miguel Carmelo, presidente de la matriz española Iniciativas Culturales de España, de la que cuelgan la Universidad Europea de Madrid, la de Valencia y la de Canarias.

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Concebida como una red mundial de instituciones académicas privadas de enseñanza superior, Laureate tiene presencia en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, Oriente Medio, Asia o Australia. Hasta 2015 contaba con un colaborador de altísimo nivel, nada menos que el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, quien ejerció durante cinco años como “canciller" o "rector honorario”. Sus millonarios emolumentos por su labor divulgadora de las bondades de Laureate, como asesor en temas educativos y conferenciante de excepción protagonizaron una de las polémicas de la campaña de las presidenciales que enfrentó a su esposa Hillary con Donald Trump. La cotizada es, además, donante de la Fundación Clinton, lo que generó dudas sobre la independencia de la candidata en política educativa si llegaba a alcanzar la Casa Blanca.

La filial española de Laureate está en expansión en España. El proyecto valenciano buscaba una ubicación cercana a las grandes universidades de la Avenida Tarongers, cerca del mar y en un barrio emblemático y en pleno proceso de regeneración como el Cabañal. Un imán para el 30% de alumnos extranjeros que tiene el centro universitario privado, la mayor parte procedente de familias adineradas de Alemania, Inglaterra, Italia y hasta Dubai.

El argumento de la gentrificación

¿Y por qué hay un intermediario en la operación? La Universidad Europea no tiene en su modelo de negocio la adquisición de activos inmobiliarios para ubicar sus sedes. Opta por buscar inversores o propietarios de los inmuebles con los que firma contratos de arrendamiento, justo lo que pretendía hacer Rafael del Castillo. Sin embargo, el proyecto se ha frustrado porque la concejal responsable del área de Patrimonio, la podemista María Oliver, se ha negado a dar luz verde a la permuta y ha vetado incluso iniciar las tasaciones de suelo. Solo acepta estudiar una posible concesión de muy largo plazo de los terrenos para que no pierdan la titularidad pública, algo que no entra en los planes del promotor. Oliver ha justificado su veto en el hecho de que el Ayuntamiento se desprenda de suelo para entregarlo a “una multinacional” y una universidad privada, pese a que el proyecto cuenta con el visto bueno de los socialistas, del propio alcalde de Compromís e, incluso, de la sociedad gestora del desarrollo del barrio del Cabañal, que lo ve como un elemento dinamizador de la zona.

“Vamos a luchar por que el uso de esas parcelas sea residencial. Si hay opciones de ceder el suelo a cooperativas de viviendas va a ser mucho más rápido y mucho más respetuoso. Estos barrios son modos de vida. Las opciones residenciales son prioritarias frente a aquellas que podrían abrir conflictos y cierto grado de gentrificación”, señaló ayer Oliver en declaraciones recogidas por la SER.

Sin el respaldo de Valencia en Comú, la tercera pata del Gobierno municipal, la iniciativa educativa no es viable. Oliver considera que existe riesgo de que el proyecto no funcione, la universidad se marche y el consistorio pierda la propiedad. Ahora la Universidad Europea está explorando posibilidades urbanísticas fuera de Valencia y el promotor Rafael del Castillo activará la expropiación provocada de su otra parcela en la Malvarrosa, por la que podría reclamar hasta cuatro millones de euros a la caja municipal, según fuentes conocedoras de la negociación frustrada.