200 empleados y 50 millones: el otro Canal 9 que prepara Ximo Puig (si Podemos le deja)

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, quiere recuperar las emisiones de la antigua televisión autonómica valenciana. Los colaboradores del dirigente socialista trabajan desde hace meses en un proyecto que contaría con un presupuesto mucho más modesto que el que tenía Canal 9 cuando el popular Alberto Fabra ordenó (vía ley específica) echar la persiana en noviembre de 2013, después de que la Justicia le tumbase un primer Expediente de Regulación de Empleo (ERE). La idea de Puig es habilitar una nueva plataforma de contenidos audiovisuales que contaría con una plantilla estable de unos 200 trabajadores y una asignación anual de alrededor de 50 millones de euros fijada a través de un contrato-programa con la Generalitat.

La parrilla se desarrollaría en colaboración con el sector audiovisual valenciano a través de producción propia y externa con la promoción de la lengua valenciana, la información regional y la difusión de la singularidades de la Comunidad Valenciana como principales objetivos. El modelo se basa en gran parte en una propuesta que elaboró la Unió de Periodistes Valencians (asociada a la FAPE). Pasa por poner en marcha desde cero una televisión con un sólo canal a partir de una multiplataforma digital que incluiría ademas una emisora de radio y una agencia valenciana de noticias. De momento, la Generalitat ha presupuestado este año 29 millones de euros de los que cinco se van a destinar a inversión técnica con el objetivo de crear el software y la base electrónica compartida por todos los elementos de la plataforma y otros quince a encargar producción externa que sirva de lanzadera cuando regresen las emisiones.

El modelo que inspira a Puig y ve con buenos ojos Compromís es el de la Unió de Periodistes, una plataforma digital con un canal de televisión y radio

La nueva televisión está muy condicionada por la capacidad económica de la Generalitat valenciana, sostenida mediante respiración asistida por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y con un déficit de financiación que apenas permite ofrecer con calidad los servicios básicos de sanidad y educación. Será muy difícil, sea quien sea el nuevo ministro de Hacienda que sustituya a Cristóbal Montoro en los próximos meses, que el Gobierno central acepte un ente sobredimensionado económicamente.

El pistoletazo de salida del proyecto tendría que visualizarse a partir de la semana que viene o la próxima, cuando se ponga encima de la mesa el “esqueleto” que servirá de base para la ponencia que debe redactar en las Cortes Valencianas la ley para crear la nueva Televisión Valenciana. El pasado mes de diciembre, el Parlamento valenciano aprobó la derogación del texto legislativo que permitió a Fabra cerrar la vieja Canal 9. Tras conocerse un informe de los liquidadores de las anteriores sociedades, la Cámara tiene ahora seis meses para presentar la ley, por lo que las emisiones, incluso en pruebas, difícilmente empezarán antes de octubre.

Sin embargo, todo el proyecto está pendiente de contar con las mayorías políticas suficientes en un escenario en el que Puig necesita del respaldo de Compromís y Podemos para sacar adelante sus iniciativas. Los podemitas han tratado de liderar el proceso de rescate de la televisión pública trasladando el debate a las Cortes Valencianas y montando una comisión específica por la que han pasado casi todos los actores implicados en el cierre de la anterior emisora y los que pueden aportar algo a la nueva. La formación morada, que en la Comunidad Valenciana comanda Antonio Montiel, ha generado un debate abierto y plural. Incluso se acaba de nombrar un Consejo Consultivo para que aporte propuestas en el que están los cinco partidos con representación parlamentaria, incluidos el Partido Popular y Ciudadanos.

No obstante, el primero de los documentos que ha salido de las Cortes, el que ha elaborado un grupo de expertos universitarios sobre el modelo de televisión, dista mucho de acomodarse a la realidad presupuestaria de la Administración autonómica. Estos expertos convocados por Podemos proponen crear una tele con unos 800 trabajadores (la mitad de los que había cuando cerró) y un presupuesto que rondaría los 140 millones de euros, un verdadero “despropósito” como ha sido calificado por algunos de los colaboradores de Puig.

La antigua plantilla (1.469 personas) quiere regresar a la televisión o ser "recolocados" en la Administración con las mismas condiciones que tenían en Canal 9

El elemento que más está distorsionando el debate es el conflicto laboral con una parte de la antigua plantilla, representada por el comité de empresa de la extinta RTVV. Tras el cierre de las emisiones se produjo con ERE de extinción que contó con el respaldo mayoritario de los sindicatos, a excepción de la CGT, que presentó un recurso en la Audiencia Nacional por vulneración de derechos laborales. Aunque todos cobraron la indemnización por despido tras varios meses percibiendo la nómina sin ir a trabajar, tras el cambio político derivado de las elecciones autonómicas una parte comenzó a presionar al bipartito de Puig y Mònica Oltra (con la que han tenido enfrentamientos) para que reabra Canal 9 como antes, dé marcha atrás en los despidos y recupere a toda la plantilla con las mismas condiciones que tenían, muy lejos de las que han encontrado cuando han salido a navegar al mar abierto del sector privado.

El plan B pasa por Ciudadanos

En esta presión influye el hecho de que una parte importante de los trabajadores, los de mayor edad principalmente, no han sido capaces de reubicarse profesionalmente o lo han hecho en peores condiciones. Pese a que han pasado casi dos años desde el cierre, la última propuesta del comité presentada esta misma semana a las Cortes es que se readmita a los despedidos (1.469 personas) reconociendo la improcedencia del ERE de extinción (lo que implicaría abonar dos años de salarios de tramitación) y que aquellos que superaron una oposición en su día (720) y no tengan cabida en el nuevo proyecto sean “recolocados” en la Administración Pública respetando los derechos que tenían en la vieja televisión en cuanto a sueldo, jornada, antigüedad, etc. A cambio, CGT retiraría su recurso judicial.

Esta propuesta está muy lejos del planteamiento de manejan Ximo Puig y el PSPV y también del que admite Compromís fuera de micrófono. El plan del presidente de la Generalitat, si Podemos le deja, es abrir un proceso de selección desde cero, en el que la pertenencia a la vieja RTVV sería sólo un mérito de experiencia o antigüedad una vez superadas las pruebas. Y por supuesto, la plantilla sería mucho más reducida de lo que han planteado tanto los antiguos trabajadores como el informe de los expertos universitarios convocados por Podemos. La clave para que la iniciativa salga adelante podría estar en Ciudadanos, que hasta ahora ha optado por abstenerse. Sus trece diputados autonómicos, en este caso, podrían valer lo mismo que los trece de Podemos para configurar una mayoría.