Canal 9, manual para fracasar en la reapertura de una televisión pública

Fue una de las propuestas estrella durante la campaña electoral de los tres partidos que han propiciado la salida del Partido Popular de la Generalitat valenciana después de veinte años en el poder. La decisión del expresidente Alberto Fabra de forzar el cierre de Radio Televisión Valenciana (RTVV) en 2013 después de que la justicia anulase un primer Expediente de Regulación de Empleo actuó como una suerte de elemento de cohesión de todas las formaciones de centro-izquierda. La Comunidad Valenciana se acababa de convertir en la única autonomía española con lengua propia que no disponía de un instrumento de difusión y comunicación de la misma. Con más de 1.000 millones de euros de endeudamiento, pérdidas millonarias acumuladas año a año y una plantilla sobredimensionada de más de 1.600 trabajadores el coste para las arcas públicas se hacía insostenible y Fabra, jaleado por los defensores de la eliminación de las televisiones autonómicas, optó por la drástica decisión de echar la persiana cuando no acertó con la forma de ejecutar recortes.

Tanto PSPV-PSOE, como Compromís y Podemos, que ahora presta respaldo parlamentario a los dos primeros para sostener el Ejecutivo compartido de Ximo Puig y Mònica Oltra, se comprometieron a reabrir la televisión lo antes posible. El presidente valenciano incluso puso una fecha, el 9 de octubre de este año, Día de la Comunidad Valenciana. Tras darse un baño de realidad apenas alcanzar el poder, la urgencia por cumplir esa promesa llevó a socialistas y Compromís a sufrir el primer traspiés y generar las primeras tensiones con Podemos. La Generalitat anunció una esperpéntica emisión provisional a través del canal institucional aprovechando su condición de poseedor de la antigua señal que usaba Canal 9 y con contenidos enlatados.

Los podemitas, liderados en Valencia por Antonio Montiel, forzaron la retirada de esa errática iniciativa y se erigieron en propulsores desde la Cortes valencianas de la elaboración de un nuevo modelo de televisión pública. Este ha sido uno de los primeros golpes de autoridad de Podemos, que tras la formación del Gobierno autonómico había quedado desdibujado como mera muleta parlamentaria.

“Una cosa es que Podemos presida la comisión parlamentaria de RTVV y otra que ellos decidan con trece diputados cómo va a ser el modelo”, opina Oltra

Con Ximo Puig fuera de juego del debate y la vicepresidenta Mònica Oltra enfrentada con una parte de la antigua plantilla, que la acusa de haber incumplido su promesa, Podemos está tratando de liderar el proceso de reapertura, lo que ha alimentado más las tensiones entre el tripartito. “Se ha dejado en manos de las Cortes tanto la puesta en marcha de las emisiones provisionales como la comisión creada ad hoc para decidir la reapertura de la televisión pública con el objetivo de evitar las injerencias gubernamentales”, señaló Montiel el pasado mes de octubre. “Una cosa es que Podemos presida la comisión parlamentaria de RTVV y otra que ellos decidan con trece diputados cómo va a ser el modelo”, replicó Oltra.

Lo primero que hizo el Parlamento autonómico el pasado 29 de octubre fue tramitar, con la abstención del PP y Ciudadanos, una proposición de Ley para que la Generalitat recuperará el servicio de radio y televisión pública en valenciano como paso previo a la reapertura del RTVV, algo que Fabra había finiquitado para cargarse la anterior televisión. El segundo paso, que ha contribuido a caldear más el ambiente, ha sido la entrega por parte de la denominada Comisión de Expertos en Comunicación de las Universidades Valenciana (CECUV) de lo que consideran que debería ser el nuevo modelo. Se trata de un grupo de trabajo en el que participan profesores universitarios ligados al mundo de la comunicación que ha elaborado un informe de más de 100 páginas repleto de buenas intenciones en materia de modelo comunicativo y de contenidos pero que hace aguas por todas partes en cuanto a su planteamiento económico.

Los números de los expertos de Podemos

El documento lanza un presupuesto anual de 142 millones de euros (muy similar al que había antes del cierre) que surge del análisis del gasto medio por habitante (28,76 euros) del servicio de televisión pública en España. Es decir, el planteamiento presupuestario no proviene de una definición real de costes, sino de un estimación a partir de la comparación con otras televisiones. La CECUV incide especialmente a la hora de comparar cifras en las televisiones de territorios con lengua propia, un argumento que distorsiona por completo los números desde el momento en que se contemplan para obtener los ratios las cifras de TV3, un ente completamente sobredimensionado, con un presupuesto anual de casi 300 millones de euros y una plantilla de 2.411 trabajadores, como recoge el propio informe de los expertos.

La propuesta de los expertos convocados por Podemos apuesta además por una plantilla de unos 800 trabajadores, aproximadamente la mitad de los que había cuando cerró. Su nómina absorbería hasta el 35 % del presupuesto, según el documento. Otro porcentaje desproporcionado. Con esos números, cada trabajador de la nueva televisión tendría un coste para el nuevo Canal 9 de 62.125 de euros al año.

El nuevo ente no tendría capacidad de endeudamiento. Para financiar la actividad, los expertos proponen una subvención pública directa vía presupuestos de la Generalitat mediante un contrato programa y la aportación procedente de ingresos publicitarios y explotación de contenidos propios. El informe no especifica qué peso tendría cada fuente de ingresos en el presupuesto.

Alejado del planteamiento de Ximo Puig

“Es un despropósito. Ese modelo ya quebró una vez”, sostienen desde las filas cercanas a Ximo Puig. El presidente valenciano ha evitado pronunciarse públicamente sobre el informe de los expertos. "Espero que dentro de un año emita el nuevo Canal 9, que no tenga nada que ver con el pasado”, es todo lo que ha dicho sobre la propuesta. Sin embargo, el equipo encargado de diseñar desde el Ejecutivo el nuevo ente, que encabeza el secretario autonómico de Comunicación, José María Vidal, tiene un planteamiento mucho más austero y modesto. Desde hace meses, en Presidencia se trabaja con un modelo de televisión con un coste no superior a 40 o 50 millones de euros (el presupuesto autonómica de 2016 contempla una partida de apenas 30 millones) y una plantilla que rondaría los 200 profesionales.

Si las Cortes, empujadas por Podemos, dan vía libre a la propuesta de los expertos universitarios, que las cuentas públicas son incapaces de sostener, el choque de trenes va a ser tan inevitable como el fracaso en el proyecto de reapertura de la televisión pública valenciana.