La Generalitat ocultó la renovación del Hard Rock Café en las negociaciones de presupuestos

La Generalitat ocultó la renovación de las licencias de Hard Rock Café que se aprobaron en un acuerdo de Govern del pasado 27 de febrero de este año, el mismo día en que se cerró el acuerdo para los presupuestos del 2024, según ha avanzado hoy La Directa. Los comunes se negaron a apoyar los presupuestos precisamente alegando el respaldo al Hard Rock Café, que el Ejecutivo de Aragonès negaba. Y eso provocó un efecto dominó en cascada: tumbó los presupuestos de la Generalitat, dejó a España sin presupuestos generales del Estado para el 2024 y acabó forzando a Pere Aragonès a convocar elecciones para el 12 de mayo.

El 27 de febrero se reunió el Consell Executiu. En la rueda de prensa posterior y en la nota oficial, se omitió que se encargaba al Incasol “para que formalice con las partes los pactos privados y públicos que correspondan para adquirir y con posterioridad enajenar" los terrenos para el Hard Rock Café.

La consellera de Territori, Ester Capella, ha asegurado que ella no pidió sacar el acuerdo del Hard Rock de los que se comunicaba. La portavoz Patricia Plaja ha asegurado que “no se ocultó nada y que se informó de ese acuerdo, en concreto al PSC y a los comunes durante la negociación”.

“El acuerdo es público. No se ha ocultado nunca. Si hoy estamos hablando de esto es porque la Generalitat lo ha colgado hoy en el portal de transparencia”, ha intentado justificar Plaja.

Los comunes se negaron a apoyar los presupuestos alegando el respaldo al Hard Rock Café, que el Ejecutivo de Aragonès negaba

Según Capella, “no tramitarlo hubiese podido incurrir en responsabilidades legales contra el Govern. Pero no había ni un euro para este proyecto. No hacerlo hubiera sido una actuación de carácter arbitrario. Los procesos administrativos se han de concluir. El resultado vendrá condicionado por los informes”. Para la consellera fue solo “una simple actualización de los términos técnicos”.

Ese 27 de febrero, la Generalitat informó de acuerdos de gobierno sobre cuestiones como la regulación del acceso a las artes escénicas o las ayudas para fomentar la pesca y la acuicultura sostenible. Pero no sobre la renovación de los trámites del Hard Rock Café. Para Plaja, “esto no es una competición de los temas que son más importantes o que otros” y ha explicado que muchos acuerdos técnicos quedan fuera de la agenda pública.

Previamente, también se anuló el acuerdo de gobierno de 15 de diciembre de 2020 por el que se ordenaba al Incasol la adquisición de los terrenos donde debe ubicarse el complejo por 120 millones de euros a Criteria Caixa para, después, venderlos por el mismo precio a BCN IR 3 SAU, la empresa promotora del Hard Rock. Este punto también se ocultó a la opinión pública.

Tormenta política

La líder de los comunes, Jéssica Albiach, ha acusado a Pere Aragonès de “mentir en sede parlamentaria”. Lo mismo ha hecho la concejala de Catalunya en Comú en el Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, que ha asegurado que, “en política, se puede discrepar, se pueden enfrentar modelos, pero no se puede mentir", ha afirmado la candidata de los comunes, lamentando que ERC dijera durante las negociaciones de las cuentas que el proyecto de ocio en el Tarragonès no tenía nada que ver con los presupuestos.

Los comunes piden que Aragonès i Ester Capella den explicaciones sobre el caso

Albiach ha pedido al presidente y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, que explique ante la Diputación Permanente del Parlament por qué el Govern renovó el compromiso con el Hard Rock poco antes de firmar el acuerdo de presupuestos". Albiach también ha acusado al Ejecutivo de "esconder" el acuerdo de Gobierno que aprobaron el 27 de febrero.

Control del alquiler

En otro orden de cosas, la Generalitat ha aprobado hoy un decreto de ley que regula los arrendamientos temporales y el alquiler de habitaciones en las zonas declaradas de mercado residencial tensado en el que se aplica la contención de precios del alquiler.

La norma, que contiene también “unas obligaciones en materia de información y un régimen sancionador, responde a la necesidad urgente e inaplazable de salvaguardar los derechos de las personas arrendatarias y garantizar la efectiva y directa aplicación de las medidas que prevé la ley estatal por el derecho a la vivienda respecto a la limitación de los precios del alquiler”, ha asegurado la Generalitat. “Hay que evitar la picaresca para que los propietarios no puedan eludir el control de precios”, ha señalado la consellera de Territori, Ester Capella.

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EFE

El decreto modifica varios artículos de la ley catalana del derecho a la vivienda (18/2007) y, para evitar interpretaciones interesadas, concreta que el alquiler de temporada es aquel con fines de ocio, vacaciones, recreativas o culturales (certámenes, congresos, ferias, festivales, eventos, etc.). Se consideran que estos usos son distintos a los de vivienda y, por tanto, no les es de aplicación la contención de rentas.

En cambio, la nueva norma delimita que el arrendamiento de vivienda para fines profesionales, laborales, de estudios, de atención o asistencia médica o de otras análogas es alquiler destinado a cubrir necesidades de vivienda permanente, aunque con una duración temporal. Estos casos, pues, están sometidos al régimen de contención de rentas y demás normativa sobre la renta (incluida la prohibición de repercutir al inquilino los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato).