Reforzar la Agencia Tributaria de Cataluña: la oferta de Sánchez tiene difícil recorrido

Pedro Sánchez puso sobre la mesa en su reunión con Pere Aragonès una mejora de las competencias de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), que depende de la Conselleria de Economía. Sirvió de cortina de humo para disimular los puntos en los que están en las antípodas: como la celebración de un referéndum o el nuevo sistema de financiación autonómica. En todo caso, durante su entrevista en RAC-1, fue mucho más lejos que en la rueda de prensa posterior al encuentro: "Si el independentismo hace un ejercicio de pragmatismo, estamos dispuestos a hablar del autogobierno de Cataluña". Es un punto de partida, pero la realidad es muy compleja.

"El Estatuto de Autonomía recoge la opción del desarrollo de la Agencia Tributaria", aseguró el presidente del Gobierno en la emisora, donde abrió la puerta a hablar de un pacto fiscal, aunque con matices.

La ATC ya existe. Cuenta con 816 trabajadores, 235 gestores tributarios y 24 inspectores para recaudar 5.023 millones. Podría recaudar mucho más si la Agencia Tributaria española le cediese la recaudación de más tributos. Pero eso está muy lejos de lo que pide la Generalitat: salir del régimen común, recaudar todos los impuestos y tener un cupo al margen del resto de comunidades autónomas. Un sistema parecido al del País Vasco y Navarra. La realidad, no obstante, es que eso no es de lo que habló Sánchez tras la reunión.

Cuando le preguntaron a Aragonès si el presidente del Gobierno había dado el visto bueno a negociar un “sistema de financiación singular” para Cataluña, como lo denomina la consellera de Economía, Natàlia Mas, la respuesta del dirigente catalán no pudo ser más elusiva: “Yo nunca hablo por boca de terceros”.

Pedro Sánchez sí que anunció que el Ejecutivo abrirá en enero un debate con todas las comunidades autónomas para tratar sobre la condonación de la deuda con el Estado después del compromiso contraído al respecto con Cataluña en sus acuerdos de investidura.

En la rueda de prensa ratificó, además, que el Estado asumirá el 20% de la deuda viva de la Generalitat de Cataluña. Sánchez también informó de que el Ejecutivo ya está trabajando en ello para concretar el mecanismo por el que se va a llevar a cabo. La condonación de una parte del FLA fue uno de los acuerdos que arrancó ERC para pactar la investidura.

El encuentro fue muy cordial, para escenificar el apoyo de ERC al Gobierno de Sánchez

Las referencias de Sánchez, como las de Aragonès, siempre se enmarcaron en un clima de cordialidad, buenas maneras y centradas en enviar un mensaje: que ERC está del lado del Gobierno y que la alianza con el Ejecutivo de coalición es mucho más estable de lo que pudiera parecer en un principio. Por eso, ambos presidentes resaltaron los acuerdos alcanzados, como el traspaso a Cataluña del ingreso mínimo vital, como ya tienen Euskadi y Navarra, o los 300 millones para la prefábrica de chips de fondos Next Generation. Los dos dirigentes eludieron referirse a las diferencias, muy profundas.

Líneas rojas

La principal línea roja que marcó Pedro Sánchez fue la celebración de un referéndum, que Pere Aragonès recalcó que está sobre la mesa. Sánchez replicó en su comparecencia ante los medios: “Todo el mundo sabe la posición del Gobierno de España y la mía personal como secretario general del PSOE de descartar un referéndum”. "Lo que tenemos que hacer es avanzar en un camino para reforzar el autogobierno de Cataluña y en este marco, dentro de la Constitución, podremos hablar de muchas cosas, de reforzar la financiación, el autogobierno o cuestiones en el ámbito de la lengua", añadió.

El presidente del Gobierno, en último término, resaltó "la voluntad compartida por parte de los dos gobiernos de dejar atrás un tiempo de discordia, enfrentamiento y confrontación" y apostar por "el reencuentro".