Una ley (gitana) fuera de la ley: tres meses de destierro por la violación de una menor

Badalona, una de las grandes ciudades del área metropolitana de Barcelona, ha sido el escenario de una de las mayores catástrofes sociales de España. En solo 12 meses, se han producido en el municipio ocho violaciones grupales a menores. Los presuntos autores son 21 jóvenes de etnia gitana, de los que 20 son menores de edad y 13 de ellos por debajo de los 14 años, por lo que a ojos de la ley es imposible imputarlos penalmente. Tan solo uno de ellos está en libertad vigilada en un centro de menores, mientras que los demás siguen libres tras haber sido identificados y puestos a disposición de la Fiscalía de Menores. La única respuesta hasta la fecha ha sido una suerte de destierro de tres meses en aplicación de la ley gitana. ¿Es suficiente castigo? ¿Qué papel debe tener la Administración?

El caso más mediático es el de la niña de 11 años violada el 19 de noviembre en los baños del centro comercial Màgic de Badalona. Allí fue asaltada por los agresores y uno de ellos, presuntamente, le puso un cuchillo en el cuello para llevarla hasta uno de los aseos del centro, donde fue repetidamente forzada mientras uno de los jóvenes lo grabó todo con el teléfono móvil. Un vídeo que después fue compartido entre los compañeros de clase del hermano de la víctima.

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EFE

Tras acudir a la Policía para denunciar los hechos, la familia recibió amenazas de muerte por parte del entorno de los presuntos violadores, de los que al menos tres son de etnia gitana. Temerosos de que se cumplieran las amenazas, abandonaron Badalona.

De los seis presuntos agresores, ninguno está en un centro de internamiento. Tres de ellos son menores de 14 años, no son imputables penalmente y campan libres por el barrio de Sant Roc. En ese suburbio, con gran cantidad de personas de etnia gitana, manda el Tío Manuel, el gran patriarca. Él manda y aplica la ley gitana sin que nadie le cuestione.

A mediados de junio, el patriarca del barrio de Sant Roc, Manuel Cortés, explicaba su decisión de desterrar a Tarragona a tres de los agresores confesos. De esta manera, la máxima autoridad gitana del barrio aplica una "medida ejemplar" para dar una lección a los menores. Los niños pasarán este periodo con una tía suya, alejados de sus amistades y de su entorno. "Que te echen de tu barrio es lo peor que puedes hacerle a un gitano", explicaba Cortés en una entrevista concedida a El Periódico. Sin embargo, el Tío Manuel sembraba de dudas su actuación justiciera. Si la niña menor violada hubiera sido gitana, el castigo hubiera sido mucho mayor. “Ellos hacen eso con payas, porque las gitanas saben que ni tocarlas”, aseguraba el patriarca.

Una decisión al margen de la ley

Evidentemente, aunque se denomina ley gitana, no existe ningún texto legal que avale la decisión del Tío Manuel. La convivencia de la legislación española con las normas de esta comunidad no siempre es fácil. La Generalitat de Cataluña asegura que no pueden avalar estas medidas tomadas "unilateralmente por el patriarca" y defienden un modelo con medidas restaurativas a los agresores imputables y a los no imputables.

Fuentes oficiales mantienen que "la actuación del patriarca no se ha pactado con la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA)". Además, no reconocen al Tío Manuel como un interlocutor para tomar medidas, pero sí defienden que las interacciones de la comunidad gitana con la Dirección General "son habituales para compartir retos comunitarios".

La Generalitat, en este caso la dirección de Atención a la Infancia, debe trabajar en el entorno de los menores para cuando regresen

La DGAIA de la Generalitat ha abierto expedientes a los jóvenes no imputables en el marco del programa para menores de 14 años con comportamientos que se considerarían delictivos en caso de ser mayores de edad. Centra sus actuaciones en la prevención y restauración: estudiando el caso, responsabilizando al infractor y restaurando las relaciones sociales después del delito. Solo mediante este proceso se puede determinar si "existen indicadores de riesgo en el núcleo familiar que motiven un desamparo".

Javier Urra, psicólogo forense y extrabajador de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y Juzgado de Menores de Madrid, explica que lo que suele ocurrir en estos casos es una convivencia entre los trámites institucionales y los castigos dentro de la familia: "Una cosa y la otra no son incompatibles". Urra detalla que, en casos normales, la Fiscalía no se opone a este tipo de decisiones de las autoridades gitanas y señala que la Generalitat, en este caso la dirección de Atención a la Infancia, debe trabajar en el entorno de los menores para cuando regresen.

Síntoma de problema social

Urra, que ha trabajado durante años codo con codo con la comunidad gitana, explica que existe un respeto mutuo entre autoridades gitanas y autoridades judiciales. Esta colaboración es vital para la reinserción y el seguimiento de los menores. "Si creen que una persona debe tener una sanción severa, tiene derecho a ser sancionado y, por lo tanto, dan su apoyo". Urra defiende que la llamada ley gitana sí que funciona, aunque no siempre es positivo: "Es una sanción de su propio colectivo, más allá de la sanción de la Justicia".

Está claro que Badalona afronta un problema de seguridad. Las autoridades lo achacan a una falta de cohesión y adaptación social y a un Gobierno municipal inestable. En su entrevista, Manuel Cortés reclama que el barrio de Sant Roc, principal foco de conflictividad de la ciudad, está olvidado por las instituciones y pide una mayor implicación en forma de centros educativos y actividades informativas para los niños.

Javier Urra destaca que la gran concentración de incidentes con un mismo patrón demuestra que es una realidad que se debe estudiar para poder plantear cómo actuar. Todas las instituciones y cuerpos de seguridad partícipes de la ciudad deben hacer autocrítica de por qué suceden estos episodios.