PSC y JxCAT negocian sus propias medidas contra la sequía al margen de Aragonès

Los dos principales partidos de la oposición en Cataluña, PSC y Junts per Catalunya (JxCAT), negocian ya sus propias medidas para paliar la sequía y al margen de la Generalitat. La formación independentista ha registrado una proposición de ley en el Parlamento catalán y espera la adhesión del resto de formaciones para combatir un problema que se ha convertido de primer orden en la región. Durante la sesión de control del miércoles, el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, advirtió a Pere Aragonès que, "si el Govern no hace el trabajo, la haremos desde el Parlament". Esta amenaza se ha materializado en una propuesta con medidas extraordinarias y urgentes para hacer frente a la falta de agua.

Batet recriminó al Govern la mala gestión de la crisis y la falta de predisposición para cambiar el decreto ley y conseguir el consenso necesario. Con esta iniciativa, Junts espera conseguir un pacto consensuado con el resto de los partidos políticos catalanes (especialmente con el PSC), y así hacer frente al gran problema que tiene Cataluña. El documento de Junts defiende tres cambios frente al decreto del Govern: poder ejecutar las contrataciones de emergencia, concretar y garantizar las subvenciones, y establecer una moratoria para las sanciones a los ayuntamientos.

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El primer punto hace referencia a la tramitación de emergencia de las obras y actuaciones necesarias para afrontar a la situación de sequía. Junts pide que las adjudicaciones y contrataciones se realicen de manera urgente dada la excepcionalidad, como se hizo durante la pandemia. En segundo lugar, piden que la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) asuma la totalidad de los costes de las actuaciones urgentes en los ayuntamientos. Por último, Junts reclama un plan de choque para garantizar la producción de alimentos y la movilización de ayudas para el sector agrario.

Este documento llega tras el fracaso de la llamada cumbre del agua hace unas semanas. Según los grupos parlamentarios, durante la reunión no se llegó a un acuerdo por el choque entre el Govern y el PSC por un único punto: las sanciones a los ayuntamientos. A pocas semanas de las elecciones municipales, los socialistas defendían que los de Aragonès no podían trasladar su irresponsabilidad a los ayuntamientos en forma de multas, y que esta medida suponía una gran presión para los municipios, sin margen de tiempo para realizar mejoras en sus instalaciones. Pese a que la consellera de Acción Climática, Teresa Jordà, defendió que se trataba únicamente de una medida para disuadir, no para multar, los partidos políticos, concretamente el PSC, se mantuvieron contrarios a ella.

A este respecto, el secretario general del PSC, Salvador Illa, ha indicado que no se puede traspasar la responsabilidad de las actuaciones de los ayuntamientos cuando, durante los últimos años, "el ACA ha dejado sin invertir dos de cada tres euros que estaban presupuestados para mejorar las infraestructuras", y se ha mostrado convencido de que, "si el Estado hubiera dejado sin ejecutar el 66% del presupuesto en obras hidráulicas tal como ha hecho la Generalitat, el tema hubiera sido primera página en todos los periódicos catalanes".

Ahora, Junts quiere tomar el mando de las negociaciones y tiende la mano a la oposición para que se alíen en contra de la gestión del Govern. La iniciativa tendría el apoyo de los grupos parlamentarios. Sin embargo, la situación podría terminar encallándose, como ocurrió en las negociaciones de la cumbre del agua. La gran duda es si Junts conseguirá el apoyo del PSC, dado que la proposición de ley mantiene el controvertido régimen sancionador.

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En la proposición de ley que ha presentado JxCAT, no se suprimen las sanciones a los gobiernos municipales, pero sí que se fija su entrada en vigor el 1 de julio. Esta fecha es la misma que propuso Junts en la cumbre hace unas semanas y que no dio lugar a un acuerdo. Pese a la predisposición del PSC para apoyar esta iniciativa, el problema con el régimen sancionador se mantiene.

El PSC muestra su desacuerdo con la fecha propuesta por su cercanía a las elecciones municipales. Al partido le preocupa la posibilidad de que los nuevos gobiernos municipales se encuentren en poco más de un mes con una sanción encima de la mesa y sin margen de reacción. La secretaria de Transición Ecológica del PSC, Silvia Paneque, no ha querido calificar este punto como una discrepancia, sino como un "foco de negociación".

Otro frente abierto entre PSC y Junts es la elección de las actuaciones más urgentes y prioritarias. En la proposición de ley aparece la ampliación de la desalinizadora de la Tordera y la construcción de una nueva en Cubelles. El PSC quiere incluir en estas obras de emergencia un proyecto de agua regenerada en el Besòs.