La Generalitat evita revelar si algún 'conseller' de ERC irá a la manifestación de la Diada

La Generalitat ha evitado desvelar hoy si algún 'conseller' de ERC irá a la manifestación de la Diada convocada este domingo 11 de septiembre por la ANC. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, confirmó que no asistiría por entender que era una protesta contra la Generalitat y los partidos independentistas. El resto de los 'consellers' de ERC no han aclarado si asistirán o no, pero diversos cargos menores del partido sí que están avanzando que no acudirán. Así lo ha hecho, por ejemplo, Ernest Maragall, candidato de los republicanos a la alcaldía de Barcelona. “Hay libertad de los 'consellers' para asistir a la manifestación”, se ha limitado a señalar la portavoz Patrícia Plaja.

Plaja incluso ha rebajado el valor de la manifestación, considerada “un acto más” e invitando de manera general “a una asistencia masiva a todos los eventos del 11 de septiembre”. “Es una evidencia que en la manifestación convocada por la ANC hay diferencias de opinión entre los miembros de la Generalitat. Y no pasa nada. La Generalitat es capaz de aislarse de las divisiones entre los partidos políticos y seguir trabajando de manera coordinada. Cada 'conseller' tiene libertad para decidir y cada uno de ellos será el que lo haga saber cuando lo crea conveniente”.

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Agencias

Plaja ha recordado que “el vicepresidente Jordi Puigneró ya ha confirmado que irá a la manifestación y también lo han hecho otros 'consellers”. Todos los 'consellers' que salieron en tromba a decir que irían a la manifestación son de JxCAT.

Patrícia Plaja ha asegurado que “la Generalitat quiere el máximo respeto por esta manifestación, que, aunque no es un acto institucional, ya se ha convertido en una tradición. Y esperamos que los actos sean los más multitudinarios posibles”

La portavoz del Ejecutivo catalán ha destacado que “lo que no se cuestiona es el qué, avanzar hacia la independencia, pero en el cómo hay que seguir trabajando”. Sin embargo, la imagen de división es cada vez más patente.

Cambio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Con motivo del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Generalitat exige como reparación a los derechos políticos vulnerados de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull la derogación o modificación del artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal relacionado con la suspensión automática de funciones o cargos públicos, una vez firme el auto de procesamiento y decretado la prisión provisional por delito cometido por personas integradas o relacionadas con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes.

En la misma línea, la Generalitat insta a la derogación o modificación de otras normas que puedan estar relacionadas con la misma para la reparación del daño causado y, en particular, "para evitar su repetición en el futuro", según ha expresado la portavoz. Asimismo, insta al Gobierno central a hacer efectiva de forma urgente la publicación y máxima difusión del dictamen del Comité de Derechos Humanos.

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EFE

El Consell Executiu de este martes ha analizado el informe, presentado por la 'consellera' de la Presidencia Laura Vilagrà, según el cual el Estado español ha violado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al suspender, antes de que hubiera sentencia firme, los derechos políticos de estos políticos independentistas.

El informe, tras analizar con detalle el pronunciamiento de la ONU, reclama al Estado que emprenda medidas de carácter inmediato para garantizar que no volverá a repetirse la violación de los derechos políticos de ningún ciudadano de Cataluña. El dictamen de Naciones Unidas también insta al Estado a que le comunique, en el plazo de 180 días, las medidas que haya adoptado para su aplicación y le pide, asimismo, que publique el dictamen y le dé una amplia difusión.

El Consejo Ejecutivo considera que el dictamen constituye un importante documento de valor doctrinal a tener en cuenta en la interpretación del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, puesto que establece de forma muy clara los requisitos para su restricción.

Aunque los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de la ONU no son sentencias ni tienen carácter vinculante para los estados, sí que son tenidos muy en cuenta tanto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Y, en este sentido, actualmente hay pendiente de resolución un recurso ante el TJUE del presidente Carles Puigdemont, en relación con su inmunidad como diputado europeo, y varios recursos en el TEDH presentados por 'exconsellers' de la Generalitat, cuyas sentencias sí que pueden tener consecuencias legales para el Estado español.