Laura Borràs se aferra al fallo del comité de la ONU para volver a presidir el Parlament

Laura Borràs se aferra al fallo del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre Oriol Junqueras y otros presos del 'procés' para intentar recuperar la presidencia del Parlament, que perdió cuando fue suspendida como diputada tras aplicar el reglamento de la Cámara. Su posición ha indignado a Junqueras y a ERC, pero también ha incomodado al secretario general de JxCAT, Jordi Turull, ya que su caso fue más sangrante: fue llamado a declarar por el juez Pablo Llarena en 2018 y se quedó a las puertas de ser presidente de la Generalitat. La resolución de Naciones Unidas se refiere a ellos y son dos casos que nada tienen que ver con Borràs y su presunta fragmentación de contratos públicos.

Eso no ha desanimado a la presidenta suspendida en funciones. “Suspender derechos de diputados es muy grave y ahora lo reconoce el Comité de Derechos Humanos de la ONU. El vicepresidente Oriol Junqueras y los 'consellers' Josep Rull, Jordi Turull y Raül Romeva vieron vulnerados sus derechos. Gracias por persistir, porque persistir es vencer”, escribió Laura Borràs en su perfil de Twitter.

Francesc de Dalmases, el diputado de JxCAT más cercano a Borràs, añadió en la misma red social: “Lo que ha dictaminado el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas es puro sentido común: no se puede vulnerar la inviolabilidad parlamentaria sin sentencia previa. Repitamos: no se puede vulnerar la inviolabilidad parlamentaria sin sentencia previa”.

Toda esta presión se produce el día antes de que la Mesa del Parlament se reúna este jueves para discutir la revocación de la suspensión como presidenta de la institución. Fuentes del Parlament prevén una reunión larga y tensa, ya que como mínimo la secretaria del ente, Aurora Madaula, defiende la petición de JxCAT. Por norma, las peticiones de revocación son meros trámites que se rechazan casi en su totalidad. Esta vez no será así, con la nueva presidenta en funciones, Alba Vergés (ERC), en una situación muy incómoda.

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Borràs se ha aprovechado de que el independentismo en bloque se ha aferrado al fallo del Comité de Derechos Humanos de la ONU para insuflar ánimos al movimiento en un momento bajo. Pero la instrumentalización de la expresidenta del Parlament ha servido para dividir al soberanismo en un día que se perfilaba de recuperación de la unidad.

Beneficiados del fallo de la ONU

Aunque el fallo es una victoria política indiscutible, sus efectos son limitados. El Comité de Derechos Humanos de la ONU no es la propia ONU, sino un organismo externo. Y la decisión ni ha sido unánime ni es vinculante. De todos modos, considera que los derechos políticos de Junqueras, Turull, Romeva y Rull fueron vulnerados en 2018. No entra en el fondo de la cuestión, lo que pasó antes, durante octubre de 2017. Ni tampoco pone en tela de juicio la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los cuatro diputados y al resto de líderes independentistas. El Gobierno español vulneró sus derechos, según este comité, pero eso tampoco supone un aval a la declaración de independencia.

Opinión

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El 'expresident' Carles Puigdemont celebró la resolución al asegurar que la ONU está denunciando el “golpe a la democracia” que en su día llevó a cabo el Gobierno central contra el independentismo. Turull calificó el fallo de “victoria clara, política y moral, del independentismo. Nos da mucha esperanza para que tenga consecuencias jurídicas en los diferentes tribunales de la UE”. Todo el nacionalismo catalán ha sido uno en este sentido.

ERC prefiere dejar fuera a Borràs de la causa jurídica internacional

Pero ERC no quiere mezclar estos casos con el de Borràs ante las instancias legales europeas. Ni tampoco elevarlo a la ONU, al considerar que mezclar a la también presidenta de JxCAT y sus contratos troceados en la cuestión puede deslegitimar al conjunto de la causa.

Para mantener esta unidad, el independentismo obvia algunas cosas. Por ejemplo, que Junqueras y el resto de beneficiados declararon ante el Comité de Derechos Humanos que el 1-O fue “una movilización popular con el objetivo de crear presión hacia el Estado para lograr un cambio constitucional” y no un referéndum de independencia. Ello iría contra la idea repetida por JxCAT de que existe un 'mandato del 1-O' y que solo hay que levantar la declaración de independencia, como pretenden Borràs y sus seguidores.