El PSC pide explicaciones al Govern por los contratos millonarios de Felip Puig

El PSC ha pedido explicaciones al Gobierno catalán sobre los contratos otorgados a una de las empresas en las que recaló como socio el exconsejero y exdirigente de Convergència Felip Puig. La sociedad IN2 Ingeniería de Comunicaciones, en la que Puig entró a comienzos de 2018, se llevó varias adjudicaciones en los últimos años, que suman cerca de 11 millones de euros.

Los dos expedientes más onerosos se refieren a sendos contratos marco, uno del año 2018, que ascendió a 5.610.452 euros, y otro firmado en 2020 por valor de 4.114.000 euros. En ambos casos, la compañía IN2 acudió en una unión temporal de empresas llamada Geotic junto a Sistemas de Información Territorial y Posicionamiento. Posteriormente, en noviembre de 2021, la misma UTE recibió una adjudicación de algo más de un millón de euros para el desarrollo y puesta en marcha del sistema integral para la localización y el seguimiento de la flota pesquera catalana. Esta se engloba, sin embargo, en el acuerdo suscrito en el 2019.

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El diputado socialista David Pérez es quien ha presentado las preguntas que el Govern deberá responder por escrito. Pérez reclama que se expliquen, por una parte, los criterios subjetivos que llevan a la puntuación definitiva para otorgar tan abultados convenios a esta compañía. Por otra, solicita la copia del informe de contratación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), que es el organismo de la Generalitat que adjudicó los contratos. Precisamente ese organismo estuvo bajo el control de Felip Puig hasta el año 2016, cuando dejó de ser 'conseller'. El representante socialista ha pedido que se detallen las explicaciones por separado.

"Lo que queremos es clarificar dónde va el dinero público. Ante la información que ha salido publicada, es imprescindible que el Gobierno catalán clarifique esta cuestión y dé explicaciones", indica el diputado a El Confidencial. Pérez subraya que "este es un tema muy delicado. Hay extrañas coincidencias y vamos a exigir al Govern la máxima transparencia". Estas "extrañas coincidencias" se deben a que la compañía IN2 comenzó a tener una larga ristra de contratos con la Administración autonómica en el año 2018. A comienzos de ese año es cuando Puig entra como socio. Hasta ese momento, solo había tenido un par de pequeños convenios.

Dos contratos sin concurso

Pero desde entonces, a IN2 le han caído 21 contratos con la Administración autonómica. Los últimos fueron dos adjudicaciones por vía de urgencia, otorgados también por el CTTI. Uno del pasado mes de agosto, en plenas vacaciones estivales, por 514.520 euros para gestionar el sistema de información para la emisión y entrega de los certificados digitales covid de la UE. En febrero pasado, se hizo una ampliación y se volvió a otorgar otro por un monto de 677.600 euros.

El dato curioso es que Felip Puig, que era presidente de la empresa TRAM, que gestiona los tranvías de Barcelona, dejaba ese cargo a primeros de septiembre y se incorporaba a IN2. El otorgamiento del primero de los contratos, pues, coincide con su baja en la empresa tranviaria y su incorporación a la compañía de la que era socio desde 2018. Lo sorprendente es que en ese momento se le dé el primero de los contratos de emergencia, sin apertura de expediente ni concurso público, ya que la Administración se acogió al decreto de alarma para eliminar los trámites.

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"Somos conscientes de que en una situación de emergencia pueden otorgarse contratos urgentes sin tener que pasar por los farragosos y prolijos trámites de adjudicación normal, ya que la situación exige actuar inmediatamente. Pero otra cosa son los acuerdos marco. En esos casos, estamos hablando de contratos que no encajan en esa especificidad de urgencia por la pandemia. Y ahí queremos que el Govern dé explicaciones claras y concisas sobre cómo y por qué se otorgaron esos abultados contratos", explica Pérez.

Fuentes cercanas a la empresa beneficiada, IN2, reconocieron a El Confidencial la existencia de esos contratos, aunque matizaron algunas de las cuestiones que en un primer momento eludieron explicar. "En el caso de la UTE —subrayan las fuentes—, el dinero se ha de repartir entre las empresas que componen esta plataforma. Y ahí IN2 siempre ha ido de minoritaria, por lo que la mayoría del dinero adjudicado fue a parar a la otra compañía". Las fuentes cifran en alrededor de un 10% el porcentaje que se llevaba IN2.

También reconocen que los dos contratos por vía de urgencia fueron adjudicados directamente a la empresa, pero esta tiene una historia detrás. El Govern estaba buscando una compañía solvente que pudiera realizar el trabajo de la emisión de los certificados covid. Tras haber descartado a un par de entidades punteras, los directivos de IN2 se enteraron de lo que pretendía la Administración catalana. "Nosotros teníamos un sistema que habíamos probado con éxito en Lanzarote. Se trataba de una aplicación con tecnología ‘blockchain’ que desarrollaba un sistema rápido, seguro y eficaz para certificar los resultados PCR negativos a los turistas. Los turistas, automáticamente, recibían en su móvil un certificado en forma de código QR. Cuando se lo propusimos a la Generalitat, vieron que era lo que ellos necesitaban, puesto que ese sistema era interoperable con la UE. Y el contrato fue inmediatamente para nosotros. No hay más misterio", explican. De esa manera, se hizo con los dos contratos otorgados directamente, sin pasar por concurso alguno, de agosto de 2021 y de febrero de 2022.