La Generalitat intenta limitar las preguntas de los periodistas con una normativa interna

La Generalitat vuelve a chocar con los periodistas. Esta vez, a cuenta de una normativa interna que quiere imponer para las ruedas de prensa, en especial las que tienen lugar tras el Consell Executiu. El Gobierno catalán intenta restringir el trabajo de los informadores con una serie de condiciones y supedita renovar las acreditaciones de acceso permanente a la adhesión a esa normativa. Y se la ha pedido a los redactores que acuden al Palau, no a los medios o a sus directores. El tono, el discutible marco legal que ampara esta práctica y algunos de los puntos que podrían limitar las preguntas han hecho que la mayoría de los profesionales no firmen. Incluyendo la prensa independentista, lo que ahonda el divorcio con los medios.

Algunos preceptos de la normativa resultan problemáticos. El punto 2 señala: “En las ruedas de prensa no se pueden utilizar expresiones injuriosas, vejatorias ni cualquier otra que pueda lesionar o provocar daño o descrédito a entidades públicas o privadas”. Esta consideración abre la puerta a que un 'conseller' de la Generalitat pueda sentirse agraviado o desacreditado cuando sea acusado de faltar a la verdad en una repregunta o se aborden determinados temas. Cabe recordar que en esta sala de prensa Jordi Turull llamó repetidamente súbditos a los catalanes que no fuesen a votar el 1 de octubre. Y también se ha asegurado en múltiples ocasiones que España no es una democracia.

Otro de los puntos polémicos es cómo se condiciona la entrega de la acreditación permanente. “El órgano competente del Departamento de Presidencia puede revocar las acreditaciones otorgadas si la persona titular incumple las anteriores normas de régimen interior”, señala la propuesta. Este aspecto podría incurrir en una violación del artículo 20 de la Constitución y la doctrina del Tribunal Constitucional. La Generalitat prevé que haya una audiencia previa con el interesado y fijar la mediación del Col-legi de Periodistes de Catalunya, que en teoría ha dado el visto bueno a la iniciativa.

Un problema añadido es que la normativa propuesta por la Generalitat resulta desequilibrada, porque pretende condicionar a los periodistas, pero ninguno de los puntos obliga a los políticos a no mentir, por ejemplo. O a facilitar más tarde y por escrito las respuestas que no puedan dar en ese mismo momento. Otra parte de los puntos resulta inane, como el hecho de que “las ruedas de prensa se desarrollan en lengua catalana” o la recomendación de “llegar a la sede del Palau de la Generalitat 20 minutos antes”. También innecesarios, porque el comportamiento en la ruedas de prensa en el Palau es, en una abrumadora mayoría, impecable.

La norma para ruedas de prensa en el Palau solo obliga a periodistas, no a los políticos

El rechazo ha sido tal, que la Generalitat ha paralizado la normativa interna. “Los periodistas que la han firmado no asumirán ninguna consecuencia y próximamente se preparará un nuevo redactado”. Por el momento, se han comprometido a “detener la distribución de las nuevas acreditaciones vinculada al documento y a rectificar el texto en los puntos que podían ser perjudiciales para nuestro trabajo como periodistas”, han asegurado fuentes del Palau.

“La intención es conseguir un nuevo texto con el que todos se sientan cómodos y se han comprometido a consultar los cambios cuando los tengan listos, antes de seguir con su distribución”, han explicado las mismas fuentes, que han asegurado que las normas son muy básicas y que se han seguido modelos como los del Parlamento Europeo, la ONU u otros organismos internacionales.

Malestar entre los periodistas

Grupos de periodistas como el Col.lectiu Ciutadella, que agrupa a los periodistas parlamentarios, han expresado su malestar por no haber sido consultados de manera previa, algo a lo que, al parecer, se habían comprometido.

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Por su parte, el presidente del Sindicat de Periodistes de Catalunya, Francesc Ràfols, señala al respecto: "El problema es que mientras no se haga el desarrollo legislativo del artículo 52 del Estatuto con una ley reguladora del derecho a la información de la ciudadanía que establezca los derechos y deberes de los y las profesionales de la información, no existe nadie con capacidad legal para sacar o dar credenciales de prensa". "Y, por otra parte, cualquier problema que se pudiera presentar mientras se tramitara esta ley, a quien correspondería mediar sería a la entidad periodística a la que pertenezca la persona afectada o, en su defecto, el Consejo de la Información de Cataluña (CIC)”. Por ahora, la Generalitat "ha suspendido la renovación de acreditaciones", añade.