50 ayuntamientos catalanes abanderan una campaña para no pagar a Hacienda

A falta de una hoja de ruta clara 'posprocés’ y una vez agotada la pólvora de los primeros petardos contra la sentencia del catalán, el independentismo redobla esfuerzos para intentar abrir otro frente contra el Estado con una gran campaña, impulsada desde los ayuntamientos, por la soberanía fiscal. Es una autopromesa que se repite cada año y que siempre se ha saldado con un sonoro fracaso, pero, en esta ocasión, se han volcado los partidos políticos, las asociaciones cívicas y los entes municipalistas para marcar perfil y llamar la atención de la opinión pública.

En realidad, la campaña pretende que los ayuntamientos liquiden sus impuestos con la Agencia Tributaria Catalana (ATC) y no con la Hacienda nacional. No obstante, es un brindis al sol, ya que la norma contempla que se puedan abonar dichas cuantías a la ATC y posteriormente esta transferir los fondos que recibe. Es decir, la iniciativa, a la que se han sumado 50 consistorios, de los 950 con los que cuenta la comunidad, no tiene ninguna consecuencia fiscal o económica, más allá de la foto sacando pecho y proclamando que así “se hace país”.

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El relato épico soberanista hacia la población, no obstante, oculta la inocuidad de la iniciativa y adorna con promesas de independencia la medida. Para el secesionismo más extremista, el pago a la Hacienda catalana significa crear una ‘estructura de Estado’, un paso más hacia la ruptura, aunque eso sea imposible en la práctica.

Para apoyar esta campaña, este miércoles se presenta un escrito bajo el lema ‘Manifiesto en defensa de la soberanía fiscal desde el municipalismo’. El evento se celebrará a las 12 del mediodía en la plaza de Sant Jaume, frente a la sede de la Generalitat. “Desde el mundo municipal queremos construir espacios de soberanía nacional que nos permitan avanzar en la construcción de la República Catalana y, en este marco, nos mostramos favorables a la implementación generalizada de la soberanía fiscal, que permitirá disponer de la clave y la caja en el momento en que las instituciones decidan que ha llegado la hora de la proclamación de la República”, dice el manifiesto.

Medida de propaganda

No es más que una medida de cara a la galería. “Tener el control efectivo de la recaudación y gestión de estos fondos es clave para alcanzar la libertad y dar respuesta a las necesidades económicas de la nueva República Catalana”, dice el manifiesto, que también insta al Govern a sumarse a la soberanía fiscal y a “poner en funcionamiento lo más pronto posible el proyecto de ‘Política fiscal corporativa’ que ha de permitir que los ayuntamientos que lo pidan se puedan adherir y así pagar sus impuestos a la ATC”. Para justificar la medida, resaltan: “Creemos firmemente que en un contexto de avanzar hacia la liberación nacional es preciso recuperar la iniciativa de acción política y social”.

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Como consecuencia de ello, propugnan la confrontación con el Estado, lo mismo que hacen algunos partidos políticos y determinadas plataformas soberanistas. “La confrontación democrática y pacífica es legítima para conseguir los objetivos planteados. Solo creando las bases sólidas como la soberanía fiscal y otras soberanías, nos permitirá avanzar y construir el camino”. Y zanja: “La ofensiva del españolismo no pretende otra cosa que la aniquilación de la nación catalana”.

La Asamblea Nacional Catalana es una de las organizaciones que apoyan la iniciativa y ha convocado a los suyos a acudir a la plaza de Sant Jaume. Esta entidad puso en marcha la campaña ‘Yo pago a Cataluña. Hagamos soberanía fiscal’, en la que llama no solo a ayuntamientos, sino a “personas físicas, empresas, entidades, autónomos, administraciones públicas, sindicatos, patronales y partidos políticos a pagar todos los impuestos a la ATC en lugar de hacerlo a la Hacienda española”. Así, argumenta la ANC, “se fortalece una herramienta de Estado indispensable para que gestione un volumen superior de recaudación y de información tributaria. De ese modo, estaremos preparados para afrontar con más garantías la culminación del proceso de independencia cuando llegue el momento”.

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Para la ANC es importante esta campaña para situar al "Govern en una posición de fuerza de cara a la ruptura con el Estado español. Hemos de conseguir que las instituciones catalanas tengan el control del máximo de impuestos recaudados posibles. Actualmente, la Generalitat solo recauda el 5,3% de los impuestos que pagamos los catalanes, básicamente aquellos que son propios y los cedidos por el Estado". Se trata de los de grandes establecimientos comerciales, de pisos vacíos y de activos no productivos. Pero también del impuesto de sucesiones, de donaciones, patrimonio, actos jurídicos documentados y de transmisiones patrimoniales, que son competencia del Estado, pero cuya recaudación pasa, en parte, a las arcas autonómicas.

Unos números decepcionantes

Según las cifras de la ACN, de los 950 municipios, solo una cincuentena pagarán los impuestos a la ATC. Aunque en plataformas independentistas se afirma que ya se han sumado más de 150 consistorios, esa cifra es falsa: es más, en las últimas semanas no se ha adherido ningún ayuntamiento. “La ANC anima a liquidar los impuestos del cuarto trimestre del 2021 a la ATC para continuar fortaleciendo esta institución, que ha de ser clave para el futuro estado independiente. En 2021, la Hacienda catalana recibió más de 1.400 presentaciones, una cifra que representa el triple respecto del 2020”. Ese monto, sin embargo, es solo una gota en los millones de declaraciones que se realizan cada año en las ventanillas del fisco. Por tanto, objetivamente es irrelevante.

El Centro de Estudios Independentistas (CEI) llama también a apoyar la medida, secundando el llamamiento de la ANC, porque “nos puede situar en una posición de fuerza ante el Estado español”. Según esta entidad, para la ruptura es necesario “el control de la caja”. Y subraya que, pagando los impuestos a la ATC, se otorga "a la Generalitat la capacidad de hacer insumisión fiscal y cierre de cajas". Esta última medida fue una protesta de comerciantes e industriales contra el Gobierno central en 1899 por una subida abusiva de impuestos con el fin de sufragar los gastos de la crisis colonial.

Un total de 185 gremios de Barcelona liderados por la Liga de Defensa Comercial e Industrial y el Sindicat de Gremis se negaron a pagar los impuestos, medida a la que luego se sumó la patronal Fomento del Trabajo. La protesta se extendió después a otras ciudades catalanas hasta que fue declarado el estado de guerra, deteniendo a los insumisos y procediendo a embargos. Aunque los gremios fueron derrotados, la iniciativa quedó prendida en el imaginario independentista como una forma exitosa de protesta. No es la primera vez que se agita el fantasma del "cierre de cajas" en la actualidad política catalana, pero una medida de estas características es prácticamente imposible de llevar a cabo hoy en día, en el que el control telemático de todos los instrumentos de recaudación anula el margen de maniobra que puedan tener empresas, instituciones o colectivos.