ERC y CUP eliminaron de su pacto una nueva "fiscalidad redistributiva" para atraer a JxCAT

La nueva etapa política que inaugura el preacuerdo entre ERC y la CUP para la investidura de Pere Aragonès como nuevo presidente de Cataluña el próximo viernes no dinamita el frente independentista, aunque añada presión a Junts per Catalunya (JxCAT). En realidad, republicanos y ‘cuperos’ eliminaron del documento uno de los puntos que podrían representar un escollo para la formación de Carles Puigdemont, como el de los impuestos: la CUP cedió en su pretensión de exigir una “fiscalidad más redistributiva”, que significaba una remodelación de los impuestos. De ese modo, el acuerdo no prevé el punto más conflictivo que chocaría con las tesis el partido de Junts.

La subida de impuestos, especialmente a los más ricos, era uno de los caballos de batalla de la CUP, que siempre había puesto por delante sus pretensiones de una nueva fiscalidad. Y en ese terreno, sus apuestas son exactamente las contrarias que las de JxCAT. Para no provocar un cisma dentro del frente ‘indepe’, la referencia a la fiscalidad desapareció como por arte de magia del documento firmado entre ERC y la CUP y, de ese modo, Junts lo tiene más fácil a la hora de sumarse a la investidura.

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La otra gran ausencia es la desaparición de la declaración unilateral de independencia (DUI), que no se prevé en esta legislatura. En este sentido, el documento prevé un nuevo “embate democrático por la autodeterminación”, lo que significa más confrontación institucional y social. Si la Mesa de Negociación pactada entre ERC y el Gobierno central (que ya está en marcha desde hace un año, pero que no ha dado frutos debido a la crisis sanitaria) falla, “la CUP y ERC nos comprometemos a generar las condiciones y los acuerdos necesarios para que podamos plantear el nuevo embate democrático, durante esta legislatura, por la vía que el conjunto del independentismo valore como la más adecuada derivada de los principios de consenso estratégico y de acumulación de fuerzas sociales y políticas suficientes para hacerlo efectivo, priorizando la vía del referéndum de autodeterminación”.

En algunos segmentos de la CUP, esa es una concesión intolerable, puesto que consideran que pretender un nuevo referéndum es volver a la pantalla de inicio, o sea, volver a unos años atrás. Una parte de las bases de la CUP quieren aplicar ya la DUI y rechazan el planteamiento de otro referéndum porque sostienen que la consulta ya se hizo el 1 de octubre de 2017 y la ganaron los independentistas. Además, se enfatiza que el 27 de octubre se declaró la independencia en el Parlament, aunque luego quedase en suspenso, por lo que solo hace falta levantar esa suspensión. Curiosamente, en eso, coinciden con el posicionamiento de buena parte de JxCAT, que con una estrategia dirigida desde Waterloo prefiere tensar la cuerda en el terreno identitario para poner en un brete a ERC.

El documento prevé más confrontación con el Estado, ‘estatalización’ de la gestión industrial y creación de un Banco Central Catalán

En resumen, para salvar la situación, el documento prevé más confrontación con el Estado, ‘estatalización’ de la gestión industrial, creación de un Banco Central Catalán y moción de confianza del ‘president’ a media legislatura. Los anticapitalistas han apretado las tuercas a los de Pere Aragonès, hasta el punto de que han logrado importantes concesiones en el ámbito de control político del Govern. Aunque la CUP no esté en el Ejecutivo, tendrá la sartén por el mango.

Presión constante de la CUP

Una de las grandes novedades es que, para ser investido ‘president’, el candidato de ERC deberá someterse a una moción de confianza “antes de acabar la primera mitad del 2023”. En este sentido, el documento habla continuamente de estabilidad, que es precisamente la realidad que se adivina ausente: el Govern que salga de la investidura del próximo viernes será el más inestable de la reciente historia de la Generalitat.

Del pacto se deduce que la CUP permite que ERC intente un diálogo con el Gobierno español a través de la mesa de negociación que ya está constituida desde hace un año, pero solo se incorporará a esa mesa si las partes llegan al compromiso de “afrontar la solución el conflicto mediante el derecho a la autodeterminación y la amnistía”.

A cambio de poder intentar su propia vía, los republicanos consintieron en que los trabajos de la Mesa de negociación “se sometan a una rendición de cuentas que permita su evaluación y desarrollo. Este seguimiento político de los trabajos o eventuales concreciones de la negociación ha de tener una vertiente pública y otra más discreta”.

La inestabilidad, no obstante, está garantizada, ya que ERC se compromete a rendir cuentas de manera más discreta y a establecer mecanismos para resolver desafíos y contradicciones, aunque subrayan que se ha de priorizar el entendimiento ante la división interna del independentismo, “Ante estos casos, el espacio de debate estratégico se reunirá y decidirá poner en marcha los mecanismos de solución que considere adecuados para decidir si el proceso de negociación ha de continuar y cómo, o si ha de ser suspendido, aplazado o cerrado”. Ello supone que el diálogo con el Estado queda en manos de la pequeña formación anticapitalista que puede decidir en cualquier momento romper amarras.

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El acuerdo prevé también, entre otras cosas, crear un Acuerdo Nacional por la Amnistía y la Autodeterminación, que será un espacio “de participación y concertación social” para dotar al proceso de negociación “de la legitimidad social necesaria”.

Según fuentes de la CUP, hay cuatro ejes fundamentales de actuación: preparación de las condiciones para hacer “preferentemente un referéndum”, reformas en materia de vivienda, refuerzo de la atención primaria y revisión del sistema de orden público. En el documento, no obstante, se prevén otros puntos concretos: uno de ellos es la implementación de una renta básica universal en tres fases, que debería estar operativa en 2023. Además, la CUP exige acometer un plan de rescate social, con el aumento de recursos para la educación, la modificación de la renta garantizada de ciudadanía, la exigencia de que haya permiso de residencia y de trabajo para todos los migrantes extutelados.

Nueva consejería y nuevas leyes

En materia de vivienda, se proponen medias para generar un cambio de modelo a medio plazo y se prevé aprobar una LAU catalana que alargue la duración de los contratos, establezca prórrogas automáticas o prohíba la repercusión de los honorarios a los arrendatarios. El presupuesto destinado a vivienda social será, según el documento, de 1.000 millones de euros al año, lo que implica poner en el mercado 5.000 viviendas.

En salud, se propone que el 25% del presupuesto de la Generalitat se dedique a este sector, un objetivo que no tiene fecha de implementación. Los dos partidos acordaron también un plan de estabilización de los 90.000 interinos y temporales del sector público, con la vista puesta en la elaboración de un Estatuto del Trabajo catalán.

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En orden público, ERC y CUP acuerdan “la suspensión de las pelotas de Foam mientras no sea público en protocolo”. También se comprometen a “la retirada de las acusaciones particulares contra participantes en movilizaciones sociales y políticas, exceptuando aquellas donde haya lesiones a agentes acreditadas con certificado médico. En las actuaciones actuales y futuras, la personación de la Generalitat se limitará a los casos de lesiones acreditadas y se centrará en el resarcimiento de la responsabilidad civil en casos de lesiones no leves”.

Además, se comprometen a no aplicar la Ley Mordaza “cuando esta vulnere el derecho a la manifestación”. Por último, acuerdan crear “una comisión parlamentaria sobre modelo de orden público y modelo policial en Cataluña, fundamentada en los principios de transparencia, democratización, parada de cualquier tipo de abuso policial así como control público, independiente y democrático de los cuerpos policiales”.

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También prevé el documento la “implementación de la banca pública a corto plazo”, exigiendo al Govern que pida ficha bancaria para la transformación del Institut Català de Finances (ICF) en lo que sería el Banco Central Catalán. Asimismo, proponen “crear el marco normativo que facilite la remunicipalización de servicios públicos como el agua, la creación de una energética pública para recuperar el control público de la energía capaz de incidir en todas las fases del sector eléctrico, para poder definir y planificar el modelo de transición energética”.

En cuanto a la transición ecológica, han acordado la creación de la Consejería de Acción por el Clima, la aprobación de las leyes de Transición Energética y de Biodiversidad, establecer un nuevo Plan Nacional para la Industria y un Pacto Nacional para una Economía para la Vida, crear un fondo de fomento del cooperativismo. Una de las características de la estrategia industrial es la apuesta por una estatalización de la economía, con el incremento de la participación pública de la Generalitat en el tejido industrial a través de la empresa pública Avançsa.