La Fiscalía abre una investigación por el aval de la Generalitat ante el Tribunal de Cuentas

La Fiscalía ya ha abierto una investigación sobre los avales que la Generalitat ha presentado ante el Tribunal de Cuentas a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). El órgano fiscalizador avisó el martes sobre sus dudas respecto a la maniobra del Govern y, tras la denuncia presentada por Ciudadanos, el Ministerio Público va ahora un paso más allá al incoar diligencias. Las pesquisas se centran en si la Generalitat ha incurrido en una ilegalidad al avalar las fianzas de los investigados a través del ICF, pero las fuentes consultadas insisten en que por ahora no se plantea un delito concreto y en que la investigación se archiva en cuanto a los miembros del Govern denunciados.

El aval ideado por la Generalitat para cubrir las cantidades exigidas terminó por hacer agua la pasada semana. El Gobierno autonómico aprobó a comienzos de mes un decreto ley por el que establecía un mecanismo que en un primer momento preveía que una entidad bancaria avalara las fianzas, pero finalmente no le quedó más remedio que asumir que ese apoyo no iba a llegar. El plan pasó entonces a respaldar el dinero a través del Institut Català de Finances (ICF) o, lo que es lo mismo, utilizar fondos del Gobierno autonómico para cubrir el presunto uso irregular de dinero público. Todo ello, además, cuando el Ejecutivo se erige precisamente como supuesto perjudicado.

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"La concesión del aval por parte del citado organismo devino en (...) la creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat", explica el decreto de incoación de diligencias, al que ha tenido acceso El Confidencial. "Habría supuesto, según se sostiene en la denuncia, el presupuesto habilitante para la realización de una operación fraudulenta dirigida a que las personas involucradas en los procedimientos ante el Tribunal de Cuentas obtuvieran un aval con cargo a fondos públicos con el que poder evitar que se ejecutasen, respecto de ellas, las medidas cautelares [embargos] que se habían acordado por el organismo fiscalizador en unas diligencias seguidas, precisamente, por disponer de manera desviada de fondos públicos".

De los 34 investigados por el Tribunal de Cuentas, 29 se acogieron a este aval de la Generalitat, entre ellos Oriol Junqueras, Artur Mas o Carles Puigdemont. Por el momento, la instructora del Tribunal de Cuentas Esperanza García Moreno ya ha mostrado sus dudas sobre la "suficiencia y legalidad" de esta maniobra y el martes pidió a la Abogacía del Estado que emita un informe al respecto, pero la investigación por parte de la Fiscalía abre ahora un nuevo frente al Gobierno autonómico. Como ha adelantado Europa Press y confirman a El Confidencial desde el Ministerio Público, las diligencias van a llevarse a cabo en la Fiscalía Provincial de Barcelona.

Contra el ICF y el Govern

En su denuncia, Ciudadanos carga tanto contra el ICF como contra el Govern al considerar los avales una "absoluta ilegalidad": "La creación del citado decreto y la dotación del subsiguiente fondo del Govern de la Generalitat, a juicio del denunciante, implicaría que, además de la Junta del Gobierno del ICF, se tenga por denunciado al Consell de Govern de la Generalitat". De esta manera, el partido apunta a la plana mayor del Gobierno autonómico, pero el escrito del Ministerio Público deja claro que se archiva la investigación en cuanto a sus miembros.

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"Respecto de la conducta que se atribuye en la denuncia a las personas aforadas, se tiene constancia de la existencia de un procedimiento penal ante el TSJ de Cataluña contra el 'molt' honorable 'president' de la Generalitat, el Sr. Pere Aragonés i García; el honorable Sr. Jaume Giró Ribas, 'conseller' de Economía, y la honorable Sra. Laura Vilagrá Pons, 'consellera' de Presidencia, por estos mismos hechos", explica el decreto de incoación de diligencias, apuntando así a la existencia de otra denuncia ante este tribunal para justificar el archivo de la investigación contra ellos.

En cualquier caso, en lo que se refiere al ICF, cabe señalar que tres de sus consejeros independientes dimitieron por desavenencias con el mecanismo empleado. Como adelantó El Confidencial, su marcha extendió además la duda sobre la reunión en la que se resolvió proceder a dichos avales, pues no se habría producido el 'quorum' necesario. Esta es otra de las cuestiones que la Fiscalía tendrá ahora que revisar.

Cautela en el Gobierno

Este martes, tras conocerse la decisión de la instructora de consultar a la Abogacía del Estado sobre la legalidad del aval, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, pasó de puntillas en rueda de prensa y evitó aclarar si el Ejecutivo comparte las "dudas" que se plantea el Tribunal de Cuentas. "No es un asunto pacífico jurídicamente", se limitó a decir. Su homóloga en el Govern, Patrícia Plaja, defendió por su parte que se trata de un aval "sin dudas de la legalidad", pero esta afirmación queda ahora la espera del informe que presenten los servicios jurídicos del Estado, de la decisión de la instructora del Tribunal de Cuentas y de las propias diligencias que arrancan en la Fiscalía.