Aragonès toca las puertas de la Comisión Europea para recuperar la influencia perdida

La apuesta de la Generalitat de Cataluña por volver a una cierta normalidad institucional no se limita a su relación con el Gobierno central. El 'president' Pere Aragonès se ha dejado caer ya por Bruselas, aprovechando la peregrinación debida a Waterloo, a las afueras de la capital comunitaria, donde vive Carles Puigdemont. Pero Aragonès, según explican a El Confidencial fuentes de la Generalitat, quiere que se le abran otras puertas, no las de la llamada “Casa de la República”: quiere que se abran las compuertas del poder de las instituciones europeas.

Desde hace una década, ningún 'president' ha pisado el edificio Berlaymont, sede de la Comisión Europea en Bruselas. Y eso tiene un precio. Porque la influencia de las regiones en la capital comunitaria puede ser muy relevante. Y lo saben bien en el Gobierno vasco, porque en parte ha sido el Partido Nacionalista Vasco (PNV) el que ha ido ocupando el espacio que fue dejando la Generalitat a partir del primer pulso de Artur Mas contra el Gobierno central.

Hubo un tiempo, mucho antes del órdago al Estado, en el que los presidentes de la Generalitat sabían hablar el idioma del poder en Europa. Tenían contactos privilegiados y se les consideraba actores clave en el tablero español, y, por lo tanto, de forma indirecta en el tablero europeo. En los años de Jordi Pujol, por ejemplo, un ‘president’ de la Generalitat podía conseguir encuentros y fotografías hoy imposibles de imaginar. En el año 1996 Pujol consiguió entrevistarse con el canciller alemán Helmut Kohl semanas antes de que el líder germano recibiera en Bonn (donde por entonces todavía estaba la cancillería) al presidente del Gobierno español. Eran otros tiempos.

Aragonès, que hizo la audiencia debida a Waterloo, quiere aumentar su presencia en Bruselas, pero con una agenda distinta

La Generalitat lo sacrificó todo en su órdago definitivo contra el Gobierno central en el otoño de 2017. Aunque es verdad que hacía tiempo que los días de esplendor catalán en la UE habían quedado atrás con el adiós de Pujol y el declive en prestigio de CiU. De hecho, en los últimos tiempos, quien conservaba el buen nombre y los contactos en Bruselas era Unió Democràtica de Catalunya, no Convergència. Pero una vez se lanzó el 'procés' en Cataluña, el cierre de puertas fue automático. En todos los cálculos hechos por la Generalitat entraban precisamente esos contactos privilegiados y ese rol destacado en el Parlamento Europeo. Los independentistas confiaban en que ese bagaje les facilitaría algún tipo de guiño o reconocimiento a su órdago al Estado español, pero fue todo lo contrario. Bruselas plegó posiciones con España. La intentona separatista fue ignorada. Y los convergentes, que formaban parte de la familia de los liberales europeos, acabarían siendo expulsados del grupo años después por Ciudadanos.

Pero todo eso se esfumó cuando el plan se dirigió hacia la unilateralidad. Hasta 2011, la Generalitat mantuvo esa línea directa. Ese año, en marzo, Artur Mas es recibido por José Manuel Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea, un encuentro en el que tiene un papel fundamental Josep Antoni Duran i Lleida, porque Convergència ya tiene algunos problemas de credibilidad. Ningún presidente de la Generalitat ha vuelto a ser recibido por un presidente del Ejecutivo comunitario.

En los últimos años Bruselas ha jugado un papel clave para el Govern, pero siempre en la internacionalización del 'procés', no de la forma en la que lo había jugado en el pasado: como una región clave de uno de los principales países de la Unión Europea, que requería de una interlocución buena y directa con las principales instituciones. Cuando la Generalitat quiso convertir a la Comisión en una pieza en su pulso al Gobierno de un Estado miembro, las puertas del Berlaymont se cerraron para no volver a abrirse desde entonces. En 2013 Mas intenta volver a reunirse con Barroso, pero para entonces las puertas de la Comisión ya están selladas.

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Desde el entorno del 'president' entienden que se irán abriendo poco a poco, muy poco a poco. Durante años las instituciones han recibido un mensaje claro por parte del Gobierno español: había que evitar fotografías o encuentros que dieran a entender que la Comisión Europea jugaba algún tipo de papel en el 'procés'. Cuando dentro del Ejecutivo comunitario algunos amagaron con la posibilidad de “mediar” en el conflicto territorial español, Madrid puso toda la carne en el asador para evitar que esa idea llegara a coger vuelo.

Los funcionarios españoles en los distintos gabinetes y equipos de la Comisión también jugaron un papel muy importante. Tuvieron que ser muy activos, coordinarse y trabajar juntos para evitar que se produjeran reuniones o guiños. En 2017 hubo momentos muy tensos, también dentro de las instituciones, y no pocos españoles señalan que tuvieron que mantener enfrentamientos casi abiertos con otros colegas para evitar posicionamientos a favor de Cataluña.

Algunos de esos funcionarios no encajan bien ahora la nueva situación y consideran que ellos fueron los que dieron la cara ante sus compañeros, y a ellos les toca, de una forma u otra, recular ahora. Están confusos y apenados, explican algunos de ellos, por ver cómo se ha derrumbado toda una estrategia de comunicación en la que había una coordinación total: todos los partidos políticos en Bruselas remaban en la misma dirección, y los funcionarios españoles contaban con la coordinación del Ministerio de Exteriores bajo la batuta de Josep Borrell, y también con el apoyo de España Global, que incrementó su actividad en la capital comunitaria, con el objetivo de apuntalar la imagen exterior del país, que había quedado muy dañada después de las imágenes del 1 de octubre.

Cualquier reapertura de esas puertas se hará al principio con cierta cautela por parte de la UE

El Gobierno piensa, precisamente, que los indultos van a ayudar a explicar la situación de Cataluña fuera de España. Que va a retirar una losa porque muchos fuera del país no entienden las condenas contra los líderes del 'procés'. Pero para muchos eurodiputados y funcionarios españoles, que han pasado los últimos tres años y medio remando en una dirección, este cambio de rumbo está resultando muy difícil de digerir. Y para el propio Gobierno no será sencillo. La mayoría de fuentes consultadas ven este cambio de estrategia con buenos ojos, pero con un cierto desinterés y entendiendo que hay un cambio radical de la estrategia seguida durante los últimos años, utilizando toda la artillería para contrarrestar el mensaje independentista.

Las instituciones europeas nunca hacen un feo a un posible interlocutor que hace su trabajo más sencillo y efectivo. Pero cualquier reapertura de esas puertas se hará al principio con cierta cautela. En los últimos años, el Ejecutivo comunitario se ha abrazado a la misma frase que repiten una y otra vez: "La posición de la Comisión Europea sobre la situación (de Cataluña) es conocida: es un tema interno de España que tiene que ser abordado según el orden constitucional, que la Comisión respeta íntegramente". En la institución no tienen ninguna intención de abandonar ese credo, y mucho menos volver a estar en el centro de atención.

Recuperar terreno

La Generalitat sabe que ya no puede aspirar a la interlocución que un día tuvo. Ni habrá reuniones con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ni ellos la esperan por el momento. Saben que el precio a pagar si quieren que las puertas del Ejecutivo comunitario se les vuelvan a abrir, al menos a nivel de comisarios, requiere que abandonen el intento de que el Ejecutivo comunitario se alinee con ellos en un pulso contra el Estado. Por eso Aragonès tiene previsto aumentar su presencia en Bruselas, pero con una agenda distinta, centrada en otros aspectos de gestión real, especialmente en el ámbito económico.

Porque ese abandono de la capital comunitaria tiene un precio. El espacio que ha abandonado la Generalitat, con una enorme oficina frente al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que ahora dirige Borrell, y solamente a unos cientos de metros de la sede de la Comisión Europea, lo ha ocupado el Gobierno vasco, con su discreta y pequeña oficina en Bruselas.

Opinión

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Pocos meses después del gran órdago, el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre, la posterior declaración fallida de independencia y la huida de algunos líderes del 'procés' a Bélgica, se escenificó a la perfección cómo el PNV ocupaba ese espacio que, casi de forma voluntaria, había abandonado la Generalitat. En mayo de 2018 Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, recibía a Iñigo Urkullu, lehendakari. Fue un 'regalo' del Gobierno de Mariano Rajoy a su socio, que le servía para contraponer los dos modelos con el separatismo catalán. El equipo de Juncker había rechazado tiempo antes reunirse con Carles Puigdemont, a la sazón presidente de la Generalitat.

Bruselas premia la estabilidad, el no dar problemas, el ser útil. El PNV lo entendió bien porque, de hecho, ha ocupado ese mismo espacio en la política nacional, y lo ha replicado a la hora de moverse por la capital comunitaria. Y los beneficios se notan. Estar en gracia con la Comisión Europea importa y tiene un efecto real. En octubre de 2020 Von der Leyen citó al País Vasco como ejemplo de inversión en digitalización durante un discurso ante el Comité de las Regiones en Bruselas. Son pequeñas victorias, que parecen insignificantes, pero que ayudan a largo plazo.