La Abogacía del Estado ‘salva’ del banquillo a Pujol padre y solo pide cárcel para dos hijos

La Abogacía del Estado exonera al expresidente de Cataluña Jordi Pujol de tener que sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional para responder penalmente de los presuntos delitos cometidos por el clan familiar. En su escrito de acusación, los servicios jurídicos que dependen del Gobierno no incluyen ninguna petición de cárcel ni le imputan delito alguno. Su mujer, Marta Ferrusola, ya fue declarada inimputable por motivos de salud. La Abogacía del Estado se limita a pedir años de cárcel para dos de sus hijos.

Se trata del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, para quien pide una pena de 25 años de cárcel —para su exesposa, Mercé Gironés, pide 17 años y medio—. El segundo hijo es Josep, para quien solicita cuatro años de prisión por la gestión de su patrimonio. Los delitos que les imputa son los de falsificación en documento mercantil, contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales y frustración a la ejecución. La Abogacía del Estado, además de las penas de cárcel, reclama a Jordi Pujol Ferrusola y Mercé Gironés la cantidad de 7.768.127 euros en concepto de responsabilidad civil por los delitos contra la Hacienda pública correspondientes al pago del IRPF de los ejercicios de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012.

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Pablo Gabilondo

El escrito al que ha tenido acceso El Confidencial cuenta con 72 folios y lleva la firma de la responsable del área penal de la Abogacía del Estado, Rosa María Seoane. Este departamento depende estructuralmente del Ministerio de Justicia que dirige Juan Carlos Campo. El documento tan solo cita en dos ocasiones a Jordi Pujol, quien a lo largo de todos estos años tampoco llegó a ingresar nunca en prisión provisional.

Según dice la Abogacía, "tras la instrucción llevada a cabo, la investigación ha puesto de manifiesto que a lo largo de los años los miembros de la familia Pujol allegaron grandes cantidades de dinero, prevaliéndose del cargo que Jordi Pujol Soley ostentó como presidente de la Generalitat de Cataluña (1980-2003), cantidades que distribuyeron entre sí los miembros de la familia, manteniéndolas ocultas a la Hacienda Pública sin tributar por ellas".

La Fiscalía sí le imputó delitos de cárcel

Sin embargo, la Fiscalía sí le imputó al 'expresident' delitos de cárcel, entre ellos el de blanqueo de capitales que ahora la Abogacía solo aplica a dos de sus hijos. Según el ministerio público, la familia ocultó, al menos desde el año 1991, una ingente cantidad de dinero en Andorra, presunto producto del favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana. Concluyó anticorrupción que los padres acordaron que fuera su primogénito Jordi quien gestionara los fondos y se ocupara de distribuirlos entre el resto de miembros de la familia.

El hecho de que la Fiscalía pidiese para él nueve años de cárcel por delitos de blanqueo y asociación ilícita quiere decir que presumiblemente Jordi Pujol padre se sentará igualmente en el banquillo a pesar de este escrito de acusación de la Abogacía del Estado que le exonera. Si bien todavía falta el auto de apertura de juicio oral que deberá dictar la Audiencia Nacional tras estudiar los escritos de todas las partes.

Según el relato de la Fiscalía, el entonces 'president' aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo conforme a la cual su primer hijo y determinados empresarios afines al partido que este lideraba, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes Administraciones catalanas bajo el control de CDC. El patrimonio ilícitamente obtenido fue ocultado a la Hacienda Pública y aflorado después mediante sistemáticas operaciones de blanqueo en las que intervinieron los miembros de la familia Pujol de manera coordinada a lo largo de muchos años.

En julio de 2020, el instructor de la AN propuso juzgar a toda la familia por formar presuntamente una organización criminal

En julio de 2020, el instructor de la Audiencia Nacional, José de la Mata, propuso juzgar a toda la familia por formar presuntamente una organización criminal para acumular un patrimonio desmedido aprovechándose de su posición privilegiada. En el auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado, de 509 páginas y que pone fin a la investigación de la pieza principal de este caso, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 consideró que los hechos serían constitutivos de presuntos delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

En relación con el delito de blanqueo de capitales, sostiene que "todos estos actos se realizaron con el único ánimo de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero y situarlo en el circuito económico legal, al que hacían retornar de forma encubierta, ya que esa fue precisamente la finalidad que pretendían con el sistema que crearon, pues con anterioridad el dinero se hacía llegar a la familia directamente en 'negro', por lo que la ejecución de dichos actos fue intencionadamente para buscar la ocultación de la ilicitud de los fondos".