Los diputados huidos que quieren ejercer desde Bruselas podrán cobrar pero no votar

Los nuevos diputados independentistas que quieran ejercer desde Bruselas sin pisar el Parlament podrán tomar posesión de su acta y cobrar el sueldo base, pero no votar ni en el pleno ni en las comisiones, en caso de que formen parte de alguna, según apuntan fuentes parlamentarias. Es el caso de Lluís Puig (JxCAT) y Meritxell Serret (ERC), tal y como avanzó El Confidencial. El propio Puig ha confirmado esta pretensión en redes. Pese a que los diputados catalanes han estado votando a distancia a causa de la pandemia —es decir, por un motivo de salud—, no parece que sea posible que voten, según las fuentes. Esto dejará la coalición de gobierno que se está negociando sin dos votos en el hemiciclo y reforzará la posición de la CUP, que cuenta con nueve diputados.

El 17 de julio de 2018, los Servicios Jurídicos del Parlament emitieron un informe sobre la situación de Oriol Junqueras titulado 'Informe sobre el alcance del auto del Tribunal Supremo, sala penal, de 9 de julio de 2018, relativo a la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de diferentes diputados del Parlament de Cataluña y otros procesados', en el que se recordaba que la delegación de voto "tiene su razón de ser en la necesidad de la imposibilidad concreta de un diputado de participar en las votaciones por circunstancias como una larga enfermedad o en caso de maternidad o paternidad" (pág. 62). Por tanto, no sería el caso de los afectados.

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Se repetirá así la situación de Puigdemont en la legislatura pasada. Que estuvo cobrando del Parlament hasta que se dio de baja para ser eurodiputado, pero no podía votar en el pleno. En la práctica, eso suponía renunciar a su voto, como se renunció a los de otros por considerar que el expresidente catalán y el resto de reclamados por el Tribunal Supremo en Bélgica no tienen cuentas pendientes con la Justicia española por mucho que los amparen los tribunales belgas. En cambio, los presos pudieron delegar su voto.

Cuando está en juego la investidura, esta posición implica muchas complicaciones para el independentismo. Pero se trata de una estrategia en la que lo que los soberanistas consideran 'exilio' ha de tener su momento y su visibilidad, más allá del sentido práctico.

Puigdemont ya no es un problema. Encabezó la lista de JxCAT y, por tanto, podría reclamar su acta, pero debería dejar la de eurodiputado, algo que no hará. Está previsto que renuncie a su acta, algo reconocido por su propia formación, aunque algunas voces minoritarias —Josep Costa— están defendiendo que se mantenga como diputado para seguir escenificando el choque con la legalidad española. El simbolismo por encima de la utilidad. Sin embargo, el peso de Costa cada vez es menor, si bien sigue siendo una persona muy cercana a Puigdemont. Costa ha optado, como hizo en su día Torra, por no militar en el nuevo JxCAT, y en este momento pesa más el incipiente aparato del partido. Son tiempos de más Artadis y menos Costas.

Conflicto a las puertas

Sin embargo, eso no quiere decir que no se esté cocinando un nuevo conflicto institucional por este tema que pondrá al límite a los Servicios Jurídicos del Parlament. Es muy probable que JxCAT reclame el derecho a votar, ya que, en algunos casos, el partido independentista ha votado a distancia, mientras que el resto de formaciones delegaba el voto en los plenos que han tenido lugar durante el coronavirus. Como la norma sigue siendo muy restrictiva, habrá conflicto.

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Además, los servicios jurídicos del Parlament están muy tensionados. El letrado mayor, Joan Ridao, pidió tras el pasado verano dejar el cargo para reincorporarse a la universidad. Pero también en previsión de que una posible victoria de ERC en las elecciones dejase el Parlament en manos de JxCAT, como se espera que pase.

Ajuste de cuentas

En este caso, el nuevo presidente o presidenta del Parlament tendría las manos libres para remodelar los servicios jurídicos. Y fuentes parlamentarias aseguran que en JxCAT se la tienen jurada a Xavier Muro, secretario del Parlament y el hombre que ejecutó la orden de la Junta Electoral Central (JEC) para despojar de su condición de diputado a Quim Torra. Muro siempre se ha caracterizado por una escrupulosa interpretación de la ley. Ya lo hizo cuando los días 6 y 7 de septiembre de 2017 se opuso a que las leyes de desconexión se publicasen en el Boletín Oficial del Parlament. Toda una serie de afrentas al independentismo que le pueden pasar factura. Ridao mantiene una excelente relación con Muro y ha preferido retirarse a tiempo y evitarse un mal trago.