Puigdemont salva los muebles: el Tribunal de Cuentas acepta la fianza abonada al Supremo

El independentismo respira aliviado: la deuda de 4,1 millones de euros que reclamaba el Tribunal de Cuentas a 32 exaltos cargos de la Generalitat para hacer frente a gastos relacionados con el referéndum del 1 de octubre del 2017 está prácticamente consignada. En los últimos días de la pasada semana, las donaciones de ciudadanos ascendieron a 800.000 euros, mientras que este mismo lunes, el tribunal aceptó como consignados los 2,1 millones de euros abonados en el Tribunal Supremo a instancias del juez Pablo Llarena. A estas cantidades es preciso añadir otros 800.000 euros provenientes de diferentes partidas: donaciones anteriores, fondos propios y dos fianzas devueltas.

Fuentes de la Caja de Solidaridad admitieron a El Confidencial que así las cosas, el dinero a recaudar sería de menos de medio millón de euros, lo que daría un respiro a los afectados. Paralelamente, los letrados han pedido al tribunal un aplazamiento para tratar de reunir la totalidad del dinero para cubrir enteramente la fianza antes de iniciar los procesos de embargo de los afectados. Si la fianza no es depositada, se podrían iniciar los trámites de embargo de los bienes de los afectados y uno de ellos sería también el embargo del salario que Carles Puigdemont cobra del Parlamento Europeo.

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Los abogados defensores pidieron también que se tuviesen en cuenta las fianzas depositadas en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga aspectos relacionados con la organización del referéndum. En este caso, este juzgado exigió fianzas de 5,8 millones de euros, que fueron depositadas en mayo del año pasado.

Aunque el juzgado no ha respondido todavía, los independentistas consideran que ese dinero está consignado para responder de los mismos presuntos delitos que les achaca el Tribunal de Cuentas, por lo que no tiene sentido abonar dos fianzas por los mismos motivos. “Se trata de cantidades abonadas en concepto de responsabilidad civil subsidiaria, por lo que deben ser aportadas al Tribunal de Cuentas para evitar que se reclamen por partida doble”, explican las fuentes de la Caixa de Solidaritat. En el caso de que el Juzgado 13 admita consignar esos fondos, la fianza que exige el Tribunal de Cuentas quedará más que saldada, por lo que los afectados podrán respirar tranquilos y sus patrimonios no se verán afectados.

Campaña a la desesperada

La Caja de Solidaridad del independentismo activó este lunes todas las alarmas para reunir 'in extremis' el dinero con el que hacer frente a las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas para los 32 ex altos cargos. El plazo dado por el tribunal para abonarlas vencía este lunes. El dinero a depositar era de 4,1 millones de euros (y no estaba claro que se aceptasen los 2,1 millones depositados ya ente el Supremo), que debían consignar los afectados, encabezados por el ‘expresident’ Carles Puigdemont y la mayoría de sus consejeros. Los otros cargos son los que tuvieron firmas en partidas de gastos presuntamente relacionados con ese referéndum.

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Los gastos a que hacía referencia la sentencia del Tribunal de Cuentas hacen referencia a pagos por tareas administrativas, campañas de publicidad, invitaciones de ‘observadores’ extranjeros, pagos a expertos cartelería, reparto de papeletas de votación o infraestructuras diversas relacionadas con el evento. El gasto irregular imputado asciende, en realidad, a 3,9 millones de euros, a los que hay que sumar más de 242.000 euros en intereses.

La Caja de Solidaritat ha abonado ya 13,7 millones de euros en total: de ellos, 13,2 millones fueron empleados en fianzas como las del 1 de octubre; casi 125.000 euros fueron destinados a pagar multas y más de 160.000 euros fueron para pagar abogados. Los pagos afectaban a 246 personas. Esta caja está controlada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, las dos organizaciones cívicas que mueven la calle en Cataluña. Para deslindar las cajas de solidaridad de sus actividades políticas, decidieron poner el dinero de las mismas bajo la supervisión de tres expresidentes del Parlamento: Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert. Finalmente, en noviembre de 2018, Rigol abandonó estas responsabilidades y se quedaron al mando de la caja sus otros dos colegas: De Gispert como presidenta de la Associació de Foment de la Caixa de Solidaritat y Benach como vicepresidente.

Dos varas de medir

Esta misma caja abonó el pasado 15 de enero los 88.000 euros que los tribunales le exigían al exconsejero de Cultura, Lluís Puig, fugado en Bélgica junto a Puigdemont. El motivo había sido hacer caso omiso de la orden de la jueza Marina Rodríguez, titular del juzgado de instrucción número 3 de Huesca, de devolver 44 obras de arte que estaban en el Museo de Lleida al Real Monasterio de Santa María de Sijena y que habían sido obtenidas fraudulentamente entre 1983 y 1992. En ese mismo procedimiento, también el exconsejero Santi Vila, que había ostentado la cartera de Cultura en la Generalitat, fue condenado a depositar 216.000 euros. La Caixa de Solidaritat, no obstante, se negó a depositar la fianza de Vila, que dimitió como 'conseller'un día antes de que Puigdemont proclamara la independencia.

Legalmente, la Generalitat no puede pagar la fianza de Vila, al estar imputado por un presunto delito contra la administración pública, por lo que este pidió que se hiciese cargo la Caixa de Solidaritat, pero su trayectoria (a Vila se le considera un ‘botifler’ o traidor por haber dimitido) no juegan en favor suyo y, por ello, su petición fue denegada definitivamente la pasada semana por una comisión de cinco personas de la propia Caixa, que estudió su caso.