La Justicia belga deja en libertad a Comín y Puig ante la segunda fase de su euroorden

Los exconsejeros de la Generalitat, Toni Comín y Lluís Puig han comparecido este jueves ante la Fiscalía de Bruselas después de que el juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, activara esta semana una nueva orden europea de arresto y entrega (euroorden), que las autoridades belgas recibieron el pasado martes por la tarde.

El documento enviado por Llarena reclama la entrega de Comín por sedición y malversación de fondos públicos, y de Puig por desobediencia y malversación. España también reclama a Clara Ponsatí, que reside en Escocia y cuya euroorden no fue registrada por las autoridades británicas en este miércoles, pidiendo al Supremo más información.

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“Subrayar que es la tercera vez que el juez del TS envía una orden de detención en forma de euroorden, es la tercera vez que comparecemos ante un juez belga, y es la tercera vez que no dice, en libertad, y eso ya denota cuál es el contraste entre la manera de entender los derechos de un sistema judicial como el belga y de uno como el español”, ha denunciado Comín a su salida de la Fiscalía tras varias horas de declaración.

“Deberán decidir si integran el calendario de las tres causas”, ha señalado el exconsejero de Salud, en referencia al proceso en marcha sobre la euroorden contra Puigdemont, sobre la que la próxima vista está fijada para el 16 de diciembre. Cuando comparezcan ante el juez de primera instancia, Comín y Puig han anunciado que en ese momento demandarán “también el aplazamiento del juicio”, como ya hizo la defensa del expresidente.

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Comín ha anunciado que ha “alegado la inmunidad como eurodiputado”, algo que ya hizo el expresidente de la Generalitat, algo que hizo que la Fiscalía preguntara a Llarena por el asunto el pasado 17 de octubre, tras lo cual el Tribunal Supremo aclaró a las autoridades belgas que no contaba con dicha inmunidad al no ser eurodiputado.

Las euroórdenes tienen una serie de fechas que hay que cumplir. El Estado miembro que recibe la petición tiene 60 días para resolverlas, aunque se puede estirar hasta las 90 jornadas en casos concretos. Sin embargo las autoridades belgas han mostrado una total flexibilidad con las fechas. En el caso de Puigdemont, todo apunta a que se superarán los límites establecidos para la normativa.

El trabajo de los jueces belgas no es entrar en el fondo de la cuestión, dictaminar la culpabilidad o inocencia de los afectados, sino comprobar que en el corpus legal de Bélgica existen unos delitos similares o compatibles con los que aparecen en la euroorden.

"Vamos a utilizar, como no puede ser de otra forma, las declaraciones de Sánchez acompañadas de las de los ministros que han intentado justificarlas"

Tanto Bekaert como Puigdemont explicaron que el proceso no sería rápido, y que tratarían de dilatarlo todo lo posible: tras una decisión en primera instancia, irían al tribunal de apelación, y después al de casación. El abogado del expresidente en Bélgica aseguró que algunos casos han llegado a retrasarse más allá de los cuatro meses.

Comín también ha hecho referencia a las declaraciones del presidente en funciones, Pedro Sánchez, que en una entrevista este miércoles aseguró que la Fiscalía del Estado es dependiente del Gobierno. El exconsejero ha asegurado que dicha afirmación formará parte de la defensa, porque confirma una de sus líneas argumentales.

“Evidentemente vamos a utilizar, como no puede ser de otra manera, las últimas declaraciones de Sánchez acompañadas de las de todos los ministros que han intentado justificarlas, para reforzar una de las líneas de las líneas argumentales fundamentales de nuestra defensa: la falta de garantías de ser objeto de un juicio objetivo”, ha asegurado el exconsejero de Salud.

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El equipo legal de Puigdemont ya hizo referencia ante el juez a las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, que el día de la vista aseguró que el Gobierno “no entendería” que Bélgica no entregara al expresidente de la Generalitat.

Puigdemont, Comín y Puig defienden que en España no hay separación de poderes ni garantía de un juicio justo. Es una de las formas por las que una euroorden puede ser rechazada por la vía exprés, incluso si los delitos existen y coinciden con los que pueda haber en el ordenamiento jurídico del país que recibe la euroorden.

Vinculación con los CDR

Los dos exconsejeros han sido preguntados por las últimas informaciones que vinculan a Puigdemont y a su sucesor en el cargo, Quim Torra, con los CDR a los que se les incautó material para fabricar explosivos, y que habrían planeado encerrarse durante una semana con el presidente de la Generalitat en el Parlamento de Cataluña

“Nos parece igual de inverosímil que otras cosas que se han estado diciendo en otros atestados, sumarios, durante estos años de instrucción en los que hemos visto auténticas falsedades”, ha asegurado el antiguo titular de Salud de la Generalitat. “Nosotros no hemos tenido ninguna relación con los CDR, y pongo la mano que los presidentes Puigdemont y Torra tampoco”, ha sentenciado Comín.

“Aquí está el drama de la democracia española: un poder judicial que da por buenos atestados de la Guardia Civil cuya veracidad es realmente muy dudosa”, ha subrayado Comín, que, sin embargo, y aunque ha calificado de “inverosímil” la acusación, ha asegurado no tener conocimiento de lo que dice el sumario ni de qué se tratan los supuestos planes de los CDR.