Llarena activa en Bélgica y Escocia las órdenes de detención de tres exconsellers huidos

Las órdenes de detención y entrega europea e internacional de tres de los huidos del 'procés' están ya activadas. En Bélgica y Escocia han puesto en marcha nuevas OEDEs. Se reclama a ambos países la extradición de la exconsejera de Educación, Clara Ponsatí, y del de Salud, Toni Comín, por sedición y malversación este último y la primera sólo por sedición. Al 'exconseller' de Cultura, Lluís Puig, por malversación y desobediencia. Su grado de responsabilidad en los sucesos de septiembre y octubre de 2017 se considera acreditado, por lo que seguirán el mismo camino de Puigdemont, a quien ya se volvió a reclamar tras la sentencia.

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En un auto, el instructor del 'procés' Pablo Llarena atiende en parte la solicitud del Ministerio Público, que reclamó la medida tras estudiar caso por caso la situación de los huídos después de la sentencia. Al igual que hizo Puigdemont, fuentes cercanas a los 'exconsellers' apuntan a que en los próximos días se presentarán de forma voluntaria ante las autoridades de los respectivos países en los que se encuentran.

Llarena ha descartado pedir la entrega de otras dos personas: la líder de la CUP Anna Gabriel y Meritxell Serret, responsable bajo la presidencia de Carles Puigdemont de la Consejería de Agricultura, Pesca y Ganadería. El juez la procesó en marzo por los delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia. Sí lo hará, aunque más tarde, contra la secretaria general de ERC Marta Rovira, que reside ahora en Suiza, donde rigen otros acuerdos para las entregas mutuas. También descarta atribuir a Ponsatí malversación puesto que la sentencia no da por probado como tal el gasto de la cesión de locales para el 1-O.

El mismo día en que la sentencia se hizo pública, el instructor de la causa emitió una nueva orden europea de detención y entrega contra Puigdemont

Las órdenes europeas de detención y entrega de Comin y Puig se han remitido a la autoridad judicial competente de Bélgica, y la de Clara Ponsatí, a la autoridad judicial competente de Escocia, además de a las oficinas de coordinación policial europea Sirene. Las órdenes internacionales se han enviado a Interpol para la detención a efectos extradicionales en el caso de que estos procesados se localicen en un país que no pertenezca a la UE.

La Fiscalía de Bruselas ha confirmado que, durante este martes, ha recibido las euroórdenes emitidas contra Comín y Puig. “Estamos esperando su traducción. No haremos más comentarios por el momento”, ha explicado a El Confidencial una portavoz de la fiscalía.

En un auto de 59 páginas, el juez Llarena hace un relato de hechos a partir de las diligencias practicadas hasta la fecha en la causa del procés, y considera plenamente justificada la petición realizada por la Fiscalía el pasado 31 de octubre para activar las euroórdenes contra los tres exconsellers citados, una vez que se ha dictado la sentencia de la Sala II del Supremo en relación a otros 12 procesados en el mismo caso. Las tres personas citadas se encuentran en situación de rebeldía desde el 9 de julio de 2018.

La Fiscalía de Bruselas ha confirmado que, durante este martes, ha recibido las euroórdenes emitidas contra Comín y Puig

El juez Llarena subraya que el resultado probatorio de la sentencia del procés no es directamente extrapolable a los procesados en rebeldía, quienes no han sido juzgados, y que se enfrentan a los hechos que ofrece la investigación, aunque “no puede sino concluirse que la sentencia reafirma la conclusión del auto de procesamiento de que los procesados perpetraron una serie de actuaciones que, sin seguridad pero con firmeza, presentan indicios racionales de criminalidad”.

En ese sentido, expone que la sentencia ha fijado que el comportamiento que ofrecía discrepancias de subsunción entre los tipos penales de rebelión, sedición y desobediencia, es constitutivo de delito de sedición. Y ha considerado constitutivos del delito de malversación los gastos generados por la obtención de toda prestación onerosa orientada a la celebración del referéndum ilegal, aún cuando su importe no hubiera llegado a ser satisfecho; no siéndolo, sin embargo, la cesión de locales para la celebración de la votación por el supuesto valor de uso de estos inmuebles.

Asimismo, según destaca el auto, la sentencia ha establecido que la suscripción por todos los Consejeros de la Generalidad de Cataluña de un acuerdo gubernativo de asunción solidaria de los gastos que se promovieran por el Gobierno de la Comunidad Autónoma para la realización del referéndum, no bastaba para la derivación de responsabilidad penal por malversación de caudales públicos respecto de estos desembolsos, sin que se realizaran actos materiales, nucleares o no, de ejecución.

En dos escritos, el fiscal asegura que eludieron la acción de la Justicia cuando fueron citados como investigados y se declaró su rebeldía ya en julio de 2018. Alude a la resolución que condena a penas de hasta 13 años a Oriol Junqueras y el resto de políticos presos e indica que los afectados se encontraban "en una situación similar a lde ambos fugados". El fallo -dicen- otorga mayor seguridad jurídica que la fase de procesamiento.

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En el relato de hechos del auto dictado hoy, y en relación a los indicios del delito de malversación contra Comin y Puig, se indica que bajo el control de la acción de gobierno por la Presidencia de la Generalitat de Cataluña y por la Consejería de Economía y Hacienda, se abordaron gastos de la realización de la votación desde distintas Consejerías como la de Presidencia, la de Trabajo, la de Cultura, o la de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, entre los que destaca la distribución de 56.000 cartas certificadas con nombramiento de cargos para las mesas electorales y 5.346.734 sobres ordinarios con tarjetas censales, que abordó la empresa Unipost SA, con quien medió un acuerdo marco para la distribución postal que permitía la elusión de licitaciones posteriores.

“Una encomienda de 979.661,96 euros de importe, cuyo pago se disimuló y fraccionó, atribuyéndose a la Consejería de Cultura, regida por Lluís Puig i Gordi, la cantidad de 238.003,35 euros, y a la Consejería de Salud, regida por Antonio Comín i Oliveres, la cantidad de 233.180,55 euros”, señala el auto.