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Carles Puigdemont organiza su Parlament paralelo financiándolo desde Bélgica
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Hubo más de 2.500 cargos electos

Carles Puigdemont organiza su Parlament paralelo financiándolo desde Bélgica

Los participantes han de pagar 10 euros. El dinero se ingresa desde España y va a parar a una cuenta del BNP Paribas Fortis, en una sucursal de esta entidad financiera en Bruselas

Foto: El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont interviene por videoconferencia en el acto de inicio de campaña para las elecciones generales de JxCAT. (EFE)
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont interviene por videoconferencia en el acto de inicio de campaña para las elecciones generales de JxCAT. (EFE)

Se denomina Asamblea de Cargos Electos (ACE). Convocados desde Bélgica, financiados desde Bélgica y organizados desde Bélgica. Se han reunido esta semana más de 2.000 cargos electos de Cataluña, en su mayoría municipales, para crear una especie de Parlament paralelo que empiece a legislar allí donde la Cámara catalana está atada de pies y manos por el marco legal vigente. Carles Puigdemont los llamó a constituirse por carta “para reforzar un espacio libre de las prohibiciones, las amenazas y las limitaciones de derechos a las que están sometidos el Estado español y nuestras instituciones de autogobierno”, según consta en la misiva. Pero la iniciativa ofrece dudas legales sobre la manera en que se ha constituido.

placeholder Pinche para leer la carta de Puigdemont.
Pinche para leer la carta de Puigdemont.

Para inscribirse y poder votar en la ACE, los cargos electos tuvieron que presentar un recibo con un donativo de mínimo 10 euros, aunque se les invita en la web del nuevo organismo a que la cifra abonada sea superior. El dinero se ingresa desde España y fue a parar a una cuenta del BNP Paribas Fortis, en la sucursal de esta entidad financiera ubicada en el número 3 de la Rue Montagne du Parc, de Bruselas, según se deriva de los datos bancarios que constan en la propia web de este ente. Este dinero es clave para financiar el acto, según han explicado fuentes de los organizadores. Pero es dudoso que un acto que acabó teniendo un alto contenido electoral para el soberanismo se pueda financiar desde una entidad de fuera de España con fondos provenientes de una fórmula parecida al crowdfunding.

Se ha preguntado al Consell per la República qué cobertura legal tendrá la nueva ACE y se ha respondido que el nuevo ente “se autoorganiza con los propios electos y bajo el paraguas del Consell”. La cobertura legal que puede ofrecer el Consell es la de las dos entidades con sede en Waterloo, o la de CATGlobal ASBL o CATCiP AISBL. Lo más probable es que sea esta segunda, al contar con delegación en Girona y ser más fácil con el marco legal belga mover el dinero entre los dos países.

Foto: Momento de las votaciones de la llamada Asamblea de Cargos Electos impulsada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. (EFE)

En principio, la reunión iba a tener lugar en Bélgica, pero al final se optó por Barcelona por la dificultad de mover cerca de 1.000 personas hasta Bruselas para un único encuentro. Por tanto, se optó por Barcelona y se alquiló el Palacio de Congresos de Cataluña, en la avenida Diagonal, para mantener el encuentro. El precio de un día de alquiler de este recinto, que gestiona la multinacional hotelera Fairmont, es de unos 20.000 euros, según han apuntado fuentes del sector de organización de congresos en Cataluña. Esa cifra se suma al resto de costes organizativos, otros 10.000 euros. En total, aproximadamente, 30.000 euros.

Los detalles del evento corren a cargo de un grupo de ediles independentistas que lidera la exalcaldesa de Badalona Dolors Sabater, integrada en los comunes. ERC y la CUP se han negado a financiar el acto. Es decir, partidos políticos con grupos parlamentarios como JxCAT que financian de manera parcial un poder legislativo paralelo que va en contra de la legitimidad del Parlament. Se espera que la mayor parte del coste sea asumido por el donativo de los participantes, unos 20.000 euros si todos han pagado el mínimo. Y lo que falte, otros 10.000 euros, lo abonará el PDeCAT. No está clara la cobertura legal del acto, ni desde la Ley Electoral ni desde la financiación de los partidos políticos.

La intención de la ACE es dudosa. En teoría, debería ser un nuevo poder constituyente para elaborar la nueva Constitución de la república catalana al margen del Parlament. Pero lo harían miembros del Parlament —su vicepresidente, Josep Costa (JxCAT), participó en el evento—. Así que todo el entorno resulta muy confuso. Y más por la vaguedad de la declaración final, mientras que Puigdemont se conectó por videoconferencia y reivindicó el carácter "constituyente" de este nuevo órgano. Un carácter que tampoco contaría con apoyo legal, si bien la ACE no votó nada sobre este aspecto concreto.

Respuesta a la sentencia

Puigdemont ofrece pocas pistas, más allá de que se trata de una “respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo”. En su carta, solo hace un llamamiento a que “todos los cargos electos de Cataluña defiendan el derecho a la autodeterminación como solución a la actual crisis entre el Estado español y Cataluña”. El derecho a la autodeterminación no está recogido en la Constitución española ni tampoco en el resto de países europeos. Algunas fuentes independentistas advierten de que ERC participa en el acto arrastrando los pies y que no cabe esperar grandes desobediencias, ya que sus integrantes podrían arriesgar inhabilitaciones.

El acto de constitución de la Assemblea de Càrrecs Electes se pagará en parte desde el Consell per la República y en parte con los fondos de JxCAT


Según los portavoces del Consell per la República, el papel constituyente de estos nuevos electos dependerá de “lo que decidan los propios participantes” y también de si impulsan proyectos legales que luego trasladen de un modo u otro al Parlament.

Cambio de nombre

La ACE no era el nombre original de este organismo, que se creó en 2017 en previsión de un 155. La denominación original era Assemblea d’Electes de Catalunya (Aecat). La página web original todavía está operativa, pero hace tiempo que no se actualiza. La impulsaba la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), pero cuando se aplicó el 155 ninguno de los electos —que incluso habían recibido un carné para demostrar la pertenencia— abrió la boca.

Ahora, la AMI ha vuelto a intentar liderar la constitución de la ACE. Su presidente, Josep Maria Cervera, aseguró la semana pasada que era necesario "un espacio legítimo de hacer política" por la presión del Estado. "En un momento en que ese Estado no nos deja hacer política, necesitamos un espacio donde tomar decisiones", aseguró. Sin embargo, la AMI ha sido orillada de la organización, y el liderazgo lo ha asumido el Consell per la República de Puigdemont.

Se denomina Asamblea de Cargos Electos (ACE). Convocados desde Bélgica, financiados desde Bélgica y organizados desde Bélgica. Se han reunido esta semana más de 2.000 cargos electos de Cataluña, en su mayoría municipales, para crear una especie de Parlament paralelo que empiece a legislar allí donde la Cámara catalana está atada de pies y manos por el marco legal vigente. Carles Puigdemont los llamó a constituirse por carta “para reforzar un espacio libre de las prohibiciones, las amenazas y las limitaciones de derechos a las que están sometidos el Estado español y nuestras instituciones de autogobierno”, según consta en la misiva. Pero la iniciativa ofrece dudas legales sobre la manera en que se ha constituido.

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