Giro de la Caixa de Solidaritat

El soberanismo cambia las donaciones para fianzas por créditos para eludir al fisco

La ley de la Generalitat marca que el sujeto pasivo de una donación es quien la recibe. Con el cambio, se evitará que los que tengan que pagar sean los beneficiados de los fondos dados

Foto: El presidente de la Generalitat, Quim Torra. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Quim Torra. (EFE)
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Recibir dinero no es gratis en Cataluña. La Generalitat cobra el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, uno de los más rentables para las arcas públicas catalanas: aporta 450 millones al año. El problema aparece cuando uno monta una asociación como Caixa de Solidaritat, cuyo único objetivo es entregar dinero a todos los encausados para fianzas por casos vinculados al 'procés' y al 1-O para pagar sus fianzas. El pasado viernes Caixa de Solidaritat se reunió con todos los beneficiados de su actividad y firmaron un documento para convertir las donaciones en créditos personales y esquivar así a la Agencia Tributaria Catalana, según han desvelado fuentes de participantes en este acto.

Por ahora Caixa de Solidaritat ha repartido 8,5 millones de euros pero eso supone que los beneficiados habían generado obligaciones de pago a la Agencia Tributaria Catalana, que depende de la Generalitat, un total de 2,5 millones de euros. Un problema, personal y financiero para los encausados, entre ellos Artur Mas; y político para la administración catalana.

La ley de la Generalitat marca que el sujeto pasivo de una donación es el que la recibe. Por tanto, los que tenían que pagar a Hacienda eran los beneficiados de la Caixa de Solidaritat, desde Artur Mas hasta los altos cargos procesados por el 1-O. Muchos de los beneficiados habían protestado a la misma Caixa de Solidaritat que les pagó las fianzas ya que no podían hacer frente al impuesto, según explican fuentes del PDeCAT. Y todo el mundo estaba trabajando en buscar soluciones.

El Confidencial se ha puesto en contacto con la Caixa de Solidaritat y le ha planteado esta problemática. Caixa de Solidaritat se ha negado a responder a la cuestión y ni siquiera a identificar a ningún interlocutor autorizado. La gestión de la caja la lleva la Associació de Foment de la Caixa de Solidaritat, que preside Núria de Gispert, expresidenta del Parlament; y cuyo vicepresidente es Ernest Benach, también antiguo presidente de la cámara catalana.

La solución adoptada para esquivar a la Generalitat ha sido cambiar la denominación de la donación y considerarlo un crédito a los encausados. No ha trascendido el tipo de interés del mismo. Una opción sería al cero por ciento, pero se teme que Hacienda, en este caso la Agencia Tributaria estatal, que es la que regula los préstamos, pudiese considerar la operación un crédito fraudulento, ya que en el fondo es un préstamo a desconocidos no vinculados por lazos familiares. Sin embargo, otras fuentes han apuntado que al ser Caixa de Solidaritat una entidad sin afán de lucro sí que podía dar créditos al 0%.

Mejor pagar a España pero menos

Otra opción que se había puesto sobre la mesa es que los encausados paguen a la Caixa de Solidaritat un interés del 1% más euríbor. Con los tipos en negativo, esto implicaría que los afectados pagarían el dinero recibido a solo 0,5%, un coste para los afectados mucho más barato que lo que tienen que abonar a la Agencia Tributaria Catalana. La ironía de este cambio es que se prefiere pagar los impuestos a la Agencia Tributaria española que a la catalana, ya que el abono final es mucho menor.

Al optar por la opción del crédito cambia el sujeto pasivo. Ya no serán los encausados sino la propia Caixa de Solidaritat la que debería pagar el 25% a Hacienda de los intereses recibidos. Pero a la Hacienda española, no a la catalana. Esta solución había encontrado algunas resistencias porque algunos de los responsables de la asociación preferían tratar con la Agencia Tributaria Catalana que con su homóloga de España, que en Barcelona tiene la sede en Plaza Letamendi.

Meses en busca de solución

Sin embargo, diversas fuentes han confirmado que los miembros de la asociación llevaban meses buscando una solución. La primera que se les ocurrió fue pedir más dinero para cubrir la deuda con la Agencia Tributaria Catalana. Pero entonces se dieron cuenta de que cuantos más fondos repartiesen, más dinero deberían pagar. Como ya adelantó El Confidencial, este tipo de donaciones están sujetas a un tipo del 32%.

El problema fiscal era tan grave que la ANC y Òmnium prefirieron transferir fondos a la Caixa de Solidaritat que asumirlo ellos. La operación ha generado pérdidas en 2018 tanto a la ANC como a Òmnium y se justificó, según la ANC, porque "se considera que, ahora que la Caixa de Solidaritat ya tiene suficiente fuerza y ​​entidad, las dos organizaciones pueden desvincularse y trabajar en proyectos propios, aunque podrán hacer aportaciones, como cualquier persona o agrupación del país".

Se pidió a la Generalitat una solución a medida pero solo se les respondió que como mucho se estudiaría una moratoria que al final no hará falta


También se abrió una vía de diálogo con la Conselleria de Economía, según explican fuentes de los asesores fiscales en Barcelona. Estas fuentes explican que en el departamento de Economía se negaron a un arreglo a medida, como pedían los responsables de la Caixa de Solidaritat y solo se apuntó que a lo mejor se estudiaba una moratoria para el próximo año, que se introduciría en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del 2020. Pero que solo prosperaría en caso de que se aprobasen las cuentas.

Pero esa medida solo estaba en estudio. Y había muchas dudas. Una, porque supondría un escándalo. Otra, porque supone una moratoria para todas las donaciones, no solo para las vinculadas a la Caixa de Solidaritat. Eso implicaría que en 2020 la Generalitat renunciase a cobrar más de 32 millones de euros, si bien estos se ingresarían en el ejercicio siguiente. Por otro lado, se trata solo de una solución temporal, ganar tiempo mientras se buscaba otra salida. Y al final se ha optado por la fórmula de convertirlo en crédito. Por el camino, la Generalitat pierde 2,5 millones de ingresos.

Cataluña

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