El Supremo multa a Puigdemont por mala fe en su batalla legal por el escaño europeo

La ofensiva legal en todos los frentes de Carles Puigdemont para conseguir su acta de eurodiputado sin pasar por Madrid a acatar la Constitución termina en multa. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha abierto un expediente por mala fe que acabará en una sanción. Lo hace al considerar que el expresidente catalán recurrió una de las últimas decisiones de la Junta Electoral Central (JEC) sin que su escrito tuviese "la más mínima apariencia de buen derecho", según un auto al que ha tenido acceso este diario. Puigdemont ya se querelló sin éxito contra varios miembros de la JEC.

La decisión del Supremo coincidió con la reunión de la JEC celebrada el jueves y destinada a la proclamación de resultados por parte del organismo oficial. Puigdemont reclamó por escrito que esta reunión fuera pública y la junta se negó. El siguiente paso de la candidatura de Puigdemont fue acudir al alto tribunal para pedirle que fallara de urgencia en contra de esta decisión. Según fuentes jurídicas, reclamó como medida cautelarísima que se autorizara la publicidad.

La Sala de lo Contencioso no solo se ha opuesto a su reclamación sino que le abre un expediente por actuar "contrariamente a la buena fe procesal". El tribunal señala que la norma no establece que la suma de las actas que hace la JEC tenga que ser pública, como sí lo fueron las que hicieron antes las juntas provinciales. La JEC, formada por magistrados y catedráticos, es el organismo encargado de velar por la limpieza de las elecciones.

"Ni existe la más mínima apariencia de buen derecho ni procede acceder a la pretensión al no evidenciarse perjuicio alguno"

El tribunal califica duramente el escrito de Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont: "Ni existe la más mínima apariencia de buen derecho ni procede acceder a la pretensión al no evidenciarse perjuicio alguno por la no presencia de representantes y apoderados de las candidaturas que pudieron estar en los cómputos previos". El auto señala que la suya era una pretensión temeraria "al carecer de cobertura legal" y, por eso, "se acuerda la apertura de una pieza separada para la imposición de una multa". La sanción irá contra JxCAT, la lista que encabezó Puigdemont y que obtuvo dos eurodiputados, el propio Puigdemont y el exconsejero Toni Comín, también fugado en Bélgica. Los dos están citados el lunes en el Congreso para acatar la Constitución y recoger su acta de eurodiputados.

Puigdemont está intentando por todos los medios lograr su acta saltándose ese trámite porque sería detenido si vuelve a España. El 'expresident' se dirigió a la junta para exigir que se le haga entrega inmediata de la certificación de los resultados y de las credenciales. La JEC acordó que no era posible. "No procede la entrega de la credencial de proclamación de diputado electo, en la medida en que dicha credencial se expide una vez que el candidato electo ha prestado juramento o promesa de acatamiento a la Constitución".

Esta última iniciativa viene a sumarse a otra, dirigida en este caso al juez Pablo Llarena. Su defensa y la de Toni Comín reclamó este miércoles a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que dejara sin efecto la orden nacional de busca, detención e ingreso en prisión contra ambos. En sendos escritos, los dos electos de Lliures per Europa (JxCAT) precisaban que como "eurodiputados electos" reclaman que se suspendan para así poder "cumplir con lo que la ley nacional establece", en referencia al trámite de esa acta necesaria para acceder al escaño del Parlamento Europeo.

La inmunidad

Se refieren a la inmunidad de los parlamentarios y dicen que la pretensión de impedir que acceda al cargo si se le detuviera en territorio español es "antidemocrática" y contraria a derecho. Al igual que en el anterior caso, Puigdemont tiene prisa. Solicita a Llarena que resuelva en un máximo de tres días para evitar que se vulneren no solo sus derechos sino también el del "millón de votantes" que le respaldaron. Avisa, además, de que la formación del Parlamento Europeo se vería alterada.

La teoría de las defensas es que la obligación de la JEC es proclamarles europarlamentarios y que ya disfrutan de la inmunidad consiguiente. Argumentan que el protocolo "tiene que interpretarse de manera que la inmunidad parlamentaria tenga efecto a partir del momento en que se publiquen los resultados de las elecciones en el Parlamento Europeo".

La lucha contra la Junta ya viene de antiguo. Tras el tira y afloja por el primer portazo a su candidatura, que acabó siendo autorizada por los tribunales, Puigdemont se querelló contra dos de los miembros de la JEC por presunta prevaricación por la decisión del órgano de excluirles a él y a los 'exconsellers' Toni Comín y Clara Ponsatí de la lista a las elecciones europeas. El asunto fue inadmitido.

La batalla en el corazón de Europa no ha hecho más que empezar.