Quim Torra aplaza la toma de posesión del Govern y presentará recurso contra Rajoy

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, optará al final por renunciar de momento al acto de toma de posesión de su nuevo Govern y anunciará previsiblemente hoy un recurso contencioso administrativo contra el Gobierno de Mariano Rajoy por haber evitado publicar en el DOGC el decreto de nombramiento de los nuevos 'consellers'. Torra al final ha decidido que era mejor cumplir la ley, según apuntan fuentes del Palau de la Generalitat, pese a que ayer en la emisora de radio RAC-1 adelantó: “No tengo ningún miedo de ir a la prisión, si es necesario”. Al parecer, todavía no lo es. Se prevé que este aplazamiento durará una semana.

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El recurso como tal no servirá para nada. Perderá razón de ser durante su largo trámite. Y en la Generalitat son conscientes de ello. Lo que se prevé es esperar una semana y que la sala de Apelaciones del Tribunal Supremo suspenda en el cargo a todos los 'consellers' en entredicho: Jordi Turull (Presidència), Josep Rull (Territori), Lluís Puig (Cultura) y Toni Comín (Salut).

De hecho, todos los 'consellers' cuyo puesto se encuentra cuestionado tienen preparado su reemplazo. Así, por ejemplo, a Turull le sustituirá Elsa Artadi; a Puig, Laura Borràs, y a Comín, el director de Catsalut, David Elvira. Pero la tensión seguirá una semana más a cuenta de esta investidura fallida del Govern, que conlleva que sigan en vigor el 155 y la suspensión de la autonomía en Cataluña.

Sin embargo, portavoces de Presidencia todavía insisten en que la toma de posesión está convocada, aunque su hora no fijada, igual que pasó con la de Quim Torra, que se anunció de manera oficial hora y media antes de que se celebrase. Es la nueva política del choque continuo, aunque superficial, en Cataluña. Para mantener la tensión de manera artificial, se optó por dejar la toma de investidura en el aire.

Uno de los problemas de Torra es que la calle le pide más. Este domingo, en las movilizaciones de la ANC contra la prolongación 'de facto' del 155 que está aplicando el Gobierno español en Cataluña, los participantes pidieron desobediencia. Pero eso no es lo que se han encontrado. La diputada de JxCAT Gemma Geis también ha pedido que los 'consellers' tomen posesión de todas maneras, para matizar luego que acatarán lo que diga Quim Torra.

Al contrario: Quim Torra responde a Rajoy en el más puro estilo Rajoy: inmovilismo y judicialización de la política. El terreno donde más cómodo se siente el gallego. En el Palau aseguran que están esperando la respuesta a la carta remitida al Gobierno por el subsecretario de Presidencia, Josep Maria Jové, exigiendo que se publique el decreto en el DOGC. Pero Rajoy tiene 10 días para responder. Y mientras, Torra queda convertido en un presidente simbólico. Mucho más simbólico de lo que él quería al aceptar su papel dependiente de lo que diga Carles Puigdemont desde Berlín.

A la espera

Torra se queda así a la espera. A la espera de poder formar Govern, a la espera de lo que decida el Tribunal Supremo sobre los encausados y a la espera de que Rajoy conteste a su carta ofreciendo diálogo. Pero en la práctica no puede hacer nada. Ni siquiera ha conseguido que se levante el 155.

Quim Torra se ha comprometido a que entren en vigor las 16 leyes que ha acabado suspendiendo el TC, pero evita explicar cómo lo llevará a cabo

Sin conseguir llevar a cabo lo más sencillo, Quim Torra promete lo imposible, como recuperar las 16 leyes suprimidas por el Tribunal Constitucional. Entre otras, la de la pobreza energética —pese a que la Generalitat no tiene competencia para cambiar el marco tarifario energético—, tal y como anunció en la entrevista a RAC-1.

Sin detalles

Pero Torra no da detalles. No los ofrece sobre cómo aplicará las leyes suspendidas si pretende seguir cumpliendo la ley, como así parece ante la toma de posesión de los 'consellers'. Ni tampoco en cómo se pactará la liberación de los presos. Quim Torra, eso sí, ha pedido diálogo a Rajoy en todas sus apariciones públicas.

En lo legal, hay muchas dudas. Si prevalecen los derechos políticos de los encausados, está claro que estos pueden ejercer todavía su cargo y que la Generalitat tendría razón. Si se pone el énfasis en la coherencia procesal, se puede entender que no tiene sentido volver a poner en el Govern a unos detenidos que están en prisión provisional para evitar reincidencia en los delitos que se les atribuyen y que presuntamente ejercieron desde la Generalitat.