Arrimadas descarta postular su candidatura a la espera de conocer si los plazos se activan

La decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de aplazar el pleno de investidura manteniendo la candidatura de Carles Puigdemont lo único que ha hecho —además de irritar al independentismo— es engordar todavía más el lío legal que rodea al Parlament estas últimas semanas. Dicho de otra forma: no está claro qué ocurrirá a partir de la no investidura de este martes. Ni siquiera los letrados de la Cámara autonómica tienen claro en qué punto se encuentra el proceso, teniendo en cuenta que no hay un solo antecedente. Por eso, los grupos de la oposición han solicitado a los expertos jurídicos del Parlament que se pronuncien sobre los plazos a raíz de lo sucedido y expliquen si ya ha comenzado a correr la cuenta atrás hacia nuevas elecciones.

Lo que dice la ley es que si tras dos meses desde la primera sesión de investidura no sale elegido un 'president' de la Generalitat, automáticamente se disuelve el Parlament y se convocan nuevas elecciones. Por eso es fundamental saber si esta investidura frustrada cuenta o no, dado que no se ha celebrado ningún pleno. A la espera de que los letrados se pronuncien, los distintos partidos asisten con nerviosismo y preocupación a los posibles desenlaces. Fuentes de Ciudadanos insisten en que son los servicios jurídicos de la Cámara autonómica los que deben resolver las dudas, aunque reconocen que podría influir mucho la respuesta del Tribunal Constitucional al recurso del Gobierno contra la candidatura de Puigdemont. Entienden que esa resolución podría ser la clave de los plazos.

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Ángel Collado

Por un lado, si lo admite a trámite quedaría suspendida la posibilidad de que el 'expresident' —que sigue huido en Bruselas— fuera el candidato y, por tanto, tampoco se celebraría el pleno aplazado. Es decir, el escenario volvería a la casilla de salida y comenzaría el plazo de los 10 días en los que Torrent debe proponer un nuevo candidato y convocar un nuevo pleno de investidura. Se celebraría, y con 'president' o sin él empezaría el plazo de los dos meses rumbo a nuevas elecciones. Si, por el contrario, el TC no admitiera a trámite el recurso del Gobierno, en Ciudadanos entienden que el pleno aplazado debería celebrarse en un fecha próxima y si no comparece el candidato —como ocurriría en el caso de Puigdemont, ya que no es posible la investidura telemática—, el plazo comenzaría a correr, entienden, porque sí habría tenido lugar una sesión plenaria.

En cualquier caso, todos los caminos conducen al TC, al menos por ahora (a la espera de que los letrados del Parlament se pronuncien con claridad), sin que haya encima de la mesa una opción más clara que otra. Como publicó este diario el pasado sábado, el alto tribunal no optó por resolver si admitía o no a trámite la petición del Gobierno, consciente del enfrentamiento entre los magistrados, y se decantaron por salvar la unanimidad acordando otras medidas cautelares y provisionales que tumbaban las opciones de Puigdemont para ser investido 'president' si no se entrega a la Justicia.

Lo que Ciudadanos sí descarta es presentar una candidatura alternativa —como le exige el PP de la mano de Xaviel García Albiol y con órdenes directas del propio Mariano Rajoy— para que Arrimadas "tome la iniciativa" aprovechando el desconcierto de los independentistas. Su objetivo, según dicen los populares, es el mismo: que los plazos empiecen a correr de cara a nuevos comicios, que podrían celebrarse en junio. La cuestión es que el grupo naranja esperará a ver qué dicen los letrados del Parlament y no se plantean dar un paso hacia adelante en ese sentido, porque la suma de los partidos constitucionalistas (Ciudadanos, PSC y PP) supone un total de 57 diputados. Es decir: insuficiente incluso en la segunda vuelta, en la que basta la mayoría simple.

La presión de los populares va en aumento con la movilización de sus principales dirigentes y portavoces, y recordando que están dispuestos a dar su apoyo "a cambio de nada", con el reproche permanente de que Ciudadanos no les facilitara uno de sus diputados para que el PP consiguiera tener un grupo parlamentario propio en la Cámara catalana y no verse obligados a estar en el Mixto con la CUP. El grupo naranja no cede y recuerda que tampoco los populares dieron su apoyo a la moción de censura planteada en la anterior legislatura e insisten en el mismo guion: la suma no da y no tiene sentido plantear una alternativa para nada.