El juez no permitirá a Puigdemont ir a la investidura aunque se entregue

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena no tiene intención de autorizar que Carles Puigdemont acuda al Parlament de Cataluña para su investidura ni siquiera en el caso de que se entregue y lo reclame. Según informan a El Confidencial fuentes jurídicas, esa hipotética vía para que el 'expresident' optara de nuevo en la cámara a otro mandato también quedaría cerrada. No obstante, Puigdemont ha remitido un escrito al Supremo alegando que no necesita autorización para ser investido.

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El Tribunal Constitucional cerró este sábado las puertas a una renovación del mandato de Puigdemont. Prohibió en un auto de medidas cautelares que la investidura se lleve a cabo a distancia, ya sea por medios telemáticos o a través de un representante del candidato en el pleno, y especificó que la única posibilidad que le queda es estar presente y obtener autorización judicial para postularse ante el Parlament.

Ese resquicio mínimo que ofreció el tribunal de garantías también queda cegado. El Tribunal Supremo considera que facilitar que una puesta a disposición de la Justicia 'in extremis' de Puigdemont, motivada por su deseo de ser designado 'president', desemboque en su nombramiento serviría para allanar su camino hacia una previsible reiteración del delito de rebelión, por el que se le persigue desde hace meses en ausencia.

Tras conocer la resolución del Constitucional, la defensa de Puigdemont ha avanzado distintas posibilidades legales. El deseo del 'expresident' es continuar en la escena política, por lo que sus abogados llegaron a plantear en las últimas horas la posibilidad de reclamar al juez Llarena permiso 'a distancia' para acudir a la cámara. Esta posibilidad no tiene viso alguno de prosperar, puesto que ni siquiera está personado y contra él se mantiene una orden de busca y captura en España que no ha podido ejecutarse porque se encuentra fuera del territorio hace meses.

Descartada esta opción, el entorno del 'expresident' difundió otras opciones, entre ellas acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Finalmente, optó por remitir una carta al 'president' del Parlament, Roger Torrent, en que le reclama amparo y vuelve a recordar que como parlamentario cuenta con inmunidad y no puede ser detenido salvo "delito flagrante".

El ejemplo de Junqueras

Las fuentes consultadas apuntan que muchos de los argumentos esgrimidos por Llarena en sus resoluciones sobre Oriol Junqueras y el resto de presos en la causa que investiga el 'procés' son válidos también en este caso. Pese a que la situación del antiguo vicepresidente no es la misma (él se encuentra preso, tiene garantizado el voto delegado y no necesita de forma obligatoria su presencia física en la sala, que sí es obligada para ser investido, según la tesis del TC), el magistrado ha apuntado, por ejemplo, que su actuación social y política es "inconciable" con el permiso.

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También ha esgrimido la violencia en sus escritos y expuesto, por ejemplo, que cualquier conducción de los presos hasta el Parlament genera un elevado riesgo de desencadenar una "explosión violenta" de la mano de sus seguidores. Ni que decir tiene que el "levantamiento tumultuoso" al que alude subiría de grado exponencialmente con un transporte hasta la cámara del propio 'expresident'.

Hay que valorar, además, que los encarcelados han realizado manifestaciones ante el instructor en las que se han desvinculado tanto de la declaración unilateral de independencia como de la vía no constitucional para alcanzar el autogobierno. Se han comprometido a seguir cauces legales de distintas formas y tonos, algo que no ha hecho en ningún momento Puigdemont, que nunca ha mostrado el menor arrepentimiento a raíz de los hechos que se le imputan. Tras la aplicación del 155 y ya desde Bélgica, se reivindicó en distintas ocasiones como 'president' legítimo.