El juez Llarena mete el acelerador tras las elecciones: juicio por el 'procés' en un año

La resaca de la noche electoral del 21-D no había terminado de disiparse cuando el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena tomaba una decisión determinante para la causa por el desarrollo del 'procés'. Tras la mayoría de escaños obtenida por los partidos soberanistas anunciaba que amplía las imputaciones en el procedimiento por rebelión que ya afectaba antes de las elecciones a 18 personas, incluyendo a Puigdemont y Junqueras. La segunda de las listas de ERC, Marta Rovira, pasa ahora también al listado de imputados, que se eleva así a 19. El magistrado mete el acelerador para cumplir sus previsiones de cerrar la causa en el menor tiempo posible y celebrar juicio a un año vista.

Enero viene cargadito. El juez se va de vacaciones navideñas con varias tareas pendientes que se activarán en cuanto pasen las fiestas. Además de oír en declaración a los nuevos imputados, entre los que no solo está Rovira sino también el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boyá -a su portavoz-, Anna Gabriel, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y la presidenta de la AMI, Neus Lloveras i Massana, debe volver a citar de nuevo a los miembros del Govern que ya estaban imputados de inicio.

Con la formación de un Gobierno ya en marcha que cuenta con 19 de sus miembros imputados por rebelión, tres de ellos encarcelados y cinco en el exilio de Bruselas, Llarena entiende que es necesaria máxima celeridad. Será la sentencia definitiva la que marque el futuro no solo de los afectados sino también del nuevo Govern. A las previsibles penas de prisión irán aparejadas inhabilitaciones a largo plazo por lo que el panorama de la Generalitat cambiará en unos meses.

Llarena tiene otra cuestión pendiente. Debe abordar la petición de la Fiscalía del Tribunal Supremo de engrosar la causa aún más y meter en el paquete de la rebelión al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y el que fuera secretario general de Vicepresidencia Josep Maria Jové. Este último ha resultado determinante para la causa ya que el documento con la estrategia, el famoso Enfocats, se incautó en su domicilio donde también se localizó una agenda Moleskine con anotaciones, el empujón final que ha llevado a Rovira y el resto a la causa.

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El juez pidió a la Guardia Civil el informe el 11 de diciembre y cuatro días después, el 15, ya lo tenía sobre la mesa. Quería saber el protagonismo y capacidad decisoria de los integrantes de los dos comités de impulso del 'procés' antes de decidirse por la ampliación. Las partes recibieron aviso de que este análisis del Instituto Armado estaba a su disposición en plena jornada de reflexión y tuvieron acceso al mismo cuando los catalanes votaban de forma masiva el pasado jueves 21.

El ritmo en el Supremo es trepidante. Cuenta eso sí con el trabajo adelantado que hicieron la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, el del Juzgado 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La conclusión de los investigadores, ya muy acreditada, es que los 28 acusados colaboraron activamente, mediante el impulso y la dirección en los planes para la ruptura unilateral. "Desde la redacción y aprobación del marco pseudolegal de desconexión, la búsqueda de conflicto social, económico y judicial, la estrategia de desobediencia, el impulso de estructuras de estado y creación de otras nuevas y los pasos para celebrar el referéndum ilegal", dice el atestado.

Con un paréntesis de dos semanas, enero servirá para coger carrerilla de cara a un cierre de la instrucción en primavera. El día 11 Llarena ha citado para escuchar de nuevo a petición propia a tres de los encarcelados en la causa: el 'exconseller' de Interior Joaquim Forn y los dos 'Jordis'. El 4 se resolverá en presencia de Oriol Junqueras su recurso contra la prisión. Un año cargado de trabajo para el alto tribunal.