El Parlament recurrirá el 155 ante el TC con el apoyo de JxSí y SíQueEsPot

El Parlamento catalán recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Así lo aprobó este miércoles la diputación permanente de la cámara legislativa con 11 votos a favor, nueve en contra y una abstención. Curiosamente, la abstención corresponde a la CUP, ya que el grupo radical no reconoce al TC y de ahí que no promueva el recurso. Los votos en contra son de Ciudadanos, el PSC y el PP. En cambio, Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP), que agrupa a los comunes de Ada Colau, Podemos e ICV, se alineó con Junts pel Sí (JxS) para sumar los sufragios a favor de la interposición del recurso.

El texto del recurso comenzará a redactarse en los próximos días, ya que ahora la diputación permanente del Parlament ha de dar la orden a los servicios jurídicos para que preparen el documento. Fuentes de la diputación permanente de la cámara señalaron a El Confidencial que el recurso se basará en la presunta inconstitucionalidad del cese de los consejeros del Gobierno catalán, ya que consideran que esa medida fue desproporcionada.

Esa es también la tesis que defienden los letrados del Parlament, que ya emitieron un primer informe el pasado mes de octubre. "La destitución del 'President' y del Govern plantea serias dudas sobre su adecuación al orden constitucional y estatutario vigente. En coherencia con lo que se expuso en el apartado precedente, la facultad de dar instrucciones a todas las autoridades de una comunidad autónoma, como prevé el apartado 2 del artículo 155, no puede implicar su destitución o cese, pues corresponde al 'president', y sólo a éste, según el artículo 152.1 de la Constitución Española, la suprema representación de la Generalitat y la ordinaria del Estado", dice el citado informe.

Los letrados de la cámara aseguraban también que el acuerdo del Consejo de Ministros para aplicar el artículo "elimina los rasgos característicos del sistema parlamentario de manera totalmente irreconciliable con la Constitución y el Estatuto", porque "pretende que el Parlament no pueda investir ningún presidente de la Generalitat durante el plazo máximo de seis meses (…) y pretende impedir que el Parlament cree comisiones de investigación o que fije comparecencias con relación a las 'autoridades designadas para el desarrollo y ejecución de las medidas aprobadas por el Senado', ni tampoco que se exija la responsabilidad política, ni tener debates generales cobre la acción política, ni plantear interpelaciones ni preguntas ni debatir los planes o comunicados, ni tener sesiones informativas".

Un Parlament en el ostracismo

A este respecto, baste decir que el Parlament dejó de tener operatividad como tal desde antes de verano. Sólo los días 6 y 7 de septiembre se celebró un pleno para aprobar las leyes de desconexión con España y, a partir de ahí, cayó en el más absoluto ostracismo, hasta el punto de no permitir ni siquiera el tradicional debate de política general (algo así como el estado de la Nación del Congreso) en la segunda quincena de septiembre. Tras el referéndum del 1 de octubre, sólo se convocó para que Carles Puigdemont pudiera transmitir sus discursos y proclamar la independencia, pero no para debatir sobre las cuestiones de gestión de gobierno.

En el informe que ya han emitido los letrados del Parlament se critica, sin embargo, que con la aplicación del 155, el Parlament no puede controlar "la acción política y de gobierno" y se critica que lo que se produce es un "control previo ejercido por una 'autoridad' designada directamente por el Gobierno del Estado", por lo que se puede interpretar que hay un "control político de oportunidad, ya que ha de dar la conformidad" a cualquier acción de los órganos autonómicos. "De hecho, la propuesta del Consejo de Ministros completa la suspensión de la autonomía de Cataluña, ya que cesa al Govern, sitúa a la Administración bajo su dependencia y, si bien mantiene formalmente el Parlament, lo sitúa en una posición de subordinación casi jerárquica con relación al Gobierno del Estado. Y no sólo eso, sino que para hacerlo se atribuye funciones que la Constitución española reserva en exclusiva a los tribunales ordinarios y al TC".

En base a esta lectura crítica, los letrados han de preparar ahora el texto legal que enviar al Constitucional para revertir la situación y anular el 155.