El bloque del independentismo estalla: "No hay estrategia de ruptura compartida"

El mundo independentista anda convulso las últimas semanas. Las grietas entre los partidos secesionistas se agrandan día a día y la alardeada unidad se va diluyendo para ser sustituida por férreos posicionamientos partidistas que vaticinan dificultades para un tripartito ERC-PDeCAT-CUP tras los comicios del 21 de diciembre. Queda clara una cosa: “No hay estrategia de ruptura compartida con el resto de las fuerzas soberanistas, ya que estas están o bien por la estrategia del referéndum pactado bajo el aval europeo o bien por participar de la nueva reconfiguración del Estado después del 155”. Y no solo eso: el secesionismo se resquebraja por otro frente: “No se comparte con el resto de las fuerzas soberanistas la estrategia de boicot real a la administración del 155”.

Así se recoge en la última ponencia política de la CUP, aprobada este mes de noviembre, que es particularmente dura contra los otros dos grandes partidos. En uno de sus capítulos, que lleva por título ‘Lectura de dos meses convulsos’, los cuperos consideran que con la aplicación de artículo 155 “han quedado al descubierto, con todas sus carencias, las debilidades del planteamiento real de la dirección del soberanismo mayoritario”.

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Los radicales sostienen que “el referéndum del 1 de octubre no fue nunca planificado por el Govern como una legitimación de la ruptura, sino como un instrumento para abrir una negociación política. Los hechos parlamentarios del 10, 26 y 27 de octubre y las actuaciones posteriores demuestran claramente que el Gobierno autonómico descartó disputar el poder al Estado y lo fio todo a una negociación que pudiese abrir la oportunidad a una autodeterminación pactada”.

La crítica de los anticapitalistas a sus colegas de Junts pel Sí (o sea, a ERC y al PDeCAT) es feroz. “Los hechos han demostrado que la acción de masas, determinante los días 1 y 3 de octubre [fechas del referéndum y de la huelga general, en que los comités de Defensa de la República tenían el control de las calles y, por tanto, era la CUP la que mandaba], provocó un auténtico vértigo a la dirección del soberanismo. El miedo a un desbordamiento popular —que los días 1 y 3 de octubre hizo inevitable el escenario de proclamar la ruptura— también influyó en el no despliegue de la república”.

La ‘traición’ de ERC y PDeCAT

Para los radicales, los dos partidos mayoritarios pretendían solo conseguir un pacto de autodeterminación. “Como se ha comprobado, ni la situación del Estado español ni de la UE era (ni es) de debilidad o división interna como para que se pueda forzar ese referéndum, al menos a corto plazo. Llegados a esta conclusión, a la dirección del soberanismo mayoritario solo le quedaría la opción de alargar la acumulación de fuerzas y la crisis política permanentemente, o poner el capital político en una reforma del Estado que pueda favorecer los intereses de la burguesía regional —opción que no ha dejado de intentarse— con la ayuda mediadora del PNV y el sector de la burguesía vasca a la cual este representa”.

La CUP acusa a sus exsocios de "verticalización de las decisiones y falta de crítica, fiándolo todo a la astucia", y también de tener miopía política

Al independentismo le queda, pues, ejercer su derecho de autodeterminación “al margen de la legalidad española". Y se duelen de que se llegó a realizar esa ruptura formal con la legalidad española “y por tanto, esto supone un cambio respecto a todo lo vivido anteriormente en el ‘procés’, pero esta ruptura se frenó para intentar abrir esquemas negociadores muy similares a los que apuntábamos”. O sea, para alcanzar un pacto con el Estado.

La CUP acusa a sus exsocios de “verticalización de las decisiones y falta de crítica, fiándolo todo a la astucia”. También los acusan de miopía política por “la creencia en la neutralidad de las instituciones europeas y la búsqueda de un árbitro que aplique una legislación internacional neutra en materia de autodeterminación”. Esta visión simplista de Carles Puigdemont, añade el documento cupero, fue “uno de los factores que introdujeron más confusión durante este mes de octubre”. También señala el texto que “la confusión de la desobediencia civil no violenta con la renuencia a desobedecer la legalidad española estuvo a punto de hacer fracasar la defensa de los colegios electorales y evitó, en muchas ocasiones, que la calle actuase como tensor”. Por último, los acusan de la continuidad “en la gestión neoliberal” tras el referéndum y la proclamación de la independencia. “Primero con un funcionamiento de plena normalidad autonómica respecto a los Presupuestos, pago de la deuda por delante de cualquier otra necesidad, consolidación de privatizaciones y recortes, y luego con el pretexto de esperar un proceso constituyente que ha de servir para debatir el actual marco neoliberal donde se sitúa la gestión de JxS”.

Los radicales también sacan pecho cuando afirman que “el proceso de ruptura dio pasos importantes cuando la CUP actuó desde la autonomía política y no a remolque de la dinámica del ‘procesismo’ o del soberanismo gubernamental”. Asimismo, asegura que “las garantías para poder desplegar esta república son muy escasas y pasan por mantener vivo el legado del 1 y el 3 de octubre”, y dejan entrever que sus exsocios son “nominalmente independentistas, pero realmente autonomistas”.

La estrategia futura

Para el futuro inmediato, la CUP propone materializar la convocatoria de “una Asamblea Constituyente y el despliegue los Decretos de la Dignidad, aquellos decretos de contenido político, social y económico que el Gobierno de la República habría de dictar para materializarla”.

También abogan por “continuar con la denuncia del carácter antidemocrático del Estado español y del nacionalismo español como el cemento que imposibilita cualquier cambio de fondo en el Estado si previamente no se ha roto la unidad de este Estado. Eso quiere decir que nos reafirmamos en nuestra estrategia de unidad popular para los Països Catalans y de negativa a avalar o participar en ningún proyecto político de reforma del Estado”. Ahondan también en una estrategia “de no normalización de la ocupación que obligue al Estado a continuar manteniendo su verdadera cara”. Ello se sustenta en hacer que el Gobierno central haya de mantener fuerzas policiales en Cataluña para “hacer presente aquella idea que la izquierda independentista hemos mantenido siempre: que somos un país ocupado”.

Por último, los cuperos proponen “una estrategia internacional alternativa que parta del cuestionamiento de la UE, que padece una crisis importante de legitimidad en Cataluña a causa del apoyo incondicional que ha prestado al Estado español en su estrategia represiva”. En este sentido, reclama “una profundización de la Mesa de la Izquierda Independentista como órgano de coordinación estratégica de la izquierda independentista”. Esa mesa agruparía fuerzas políticas de todos los Països Catalans.

Sobre su papel en los últimos meses, la CUP destaca que “el último ciclo de lucha ha visto nacer —y en parte hemos tenido mucho que ver— una nueva forma de organización popular: los comités de Defensa del Referéndum/República. Estas son unas estructuras que han funcionado de forma reactiva y con objetivos concretos. Su funcionamiento ha sido más deficiente cuando han funcionado como herramientas propagandísticas o de movilización. Es preciso preservar esta herramienta de organización, y eso pasa por dotarlos de objetivos concretos y, además, por no querer utilizarlos para objetivos que no les son propios”.

Los anticapitalistas se desmarcan de sus hasta ahora socios de ERC y PDeCAT y se comprometen a “plantear un escenario de despliegue de la república que suponga una ruptura con el Estado” y a “no avalar [tras el 21-D] escenarios ni proyectos políticos basados en imposibles —referéndum pactado, reforma plurinacional del Estado— que acaben justificando movimientos pragmáticos como el de participar en un nuevo reparto del poder territorial como forma de proteger las instituciones autonómicas”.

Tras constatar que la CUP se presenta a las elecciones para defender la república catalana, la organización antisistema señala que “en caso de derrota de los planteamientos republicanos, o de que la voluntad del resto de las candidaturas denominadas independentistas no sea la de materializar la independencia (…), la CUP boicotearía todas las acciones del Parlament a través de la no asistencia a los plenos o del voto del bloqueo. En ningún caso ejerceríamos el sentido positivo del voto. Ello supondría o bien el bloqueo absoluto de la institución y una repetición de las elecciones o bien el desenmascaramiento del verdadero programa autonomista de algunos autodenominados independentistas, que habrían de participar de gobiernos y pactos autonomistas para neutralizar el boicot”.