vinculan la operación al proceso del lunes

Los implicados se aferran a sus cargos y al discurso victimista del juicio de Mas

El Puerto de Barcelona ha zanjado la cuestión con un comunicado de ocho líneas. Nadie dimite, no pasa nada. Hay que esperar a que se haga público el auto del juez de El Vendrell

Foto: Agentes de la Guardia Civil custodian la entrada de la sede de Bimsa (Barcelona d'Infraestructures Municipals SA) durante el el registro llevado a cabo en el marco de la operación Pika. (EFE)
Agentes de la Guardia Civil custodian la entrada de la sede de Bimsa (Barcelona d'Infraestructures Municipals SA) durante el el registro llevado a cabo en el marco de la operación Pika. (EFE)

El presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, y el resto de los implicados en el caso 3%, que salpicó este jueves a nuevos sospechosos, como el ex número dos de Xavier Trias en el Ayuntamiento de Barcelona Antoni Vives, se han enrocado en sus puestos. La investigación se ha extendido no solo al Puerto de Barcelona, el segundo mayor puerto de España, también a una de las empresas más importantes de Cataluña, Fira de Barcelona, en concreto a su director general, Constantí Serrallonga, cuando este trabajaba en el consistorio de la capital catalana.

Las instituciones afectadas guardan silencio. El Puerto de Barcelona ha zanjado la cuestión con un comunicado de ocho líneas. Nadie dimite, no pasa nada. Sixte Cambra está “colaborando con las diligencias judiciales”. La portavoz del Puerto de Barcelona se ha negado a responder a la cuestión de si Cambra está imputado o no en la causa del 3% que instruye el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) desde hace más de un año.

La Conselleria de Territorio y Sostenibilidad se ha limitado a señalar que “no hay comentarios”. La razón es que el presidente del Puerto de Barcelona lo propone la Generalitat, y por tanto corresponde a la propia Administración catalana su destitución. Pese a ello, Puertos del Estado cuenta con cuatro representantes en el consejo de administración del Puerto de Barcelona, y el próximo consejo está previsto para el 22 de febrero. Sixte Cambra, amigo personal de Artur Mas, fue propuesto por la Generalitat para el cargo. Resultará muy complicado justificar que se mantenga en el puesto si el auto lo califica como 'investigado', la figura equivalente al antiguo imputado. El Puerto de Barcelona es una empresa clave para Cataluña, con más de 155 millones de euros de volumen de negocio y unos beneficios de casi 40 millones.

La denominada operación Pika amenaza el cargo del presidente del Puerto de Barcelona. Las pesquisas se arrastran desde 2015, cuando por el caso 3% se detuvo al director general de la empresa pública Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell. Precisamente, Rosell había colocado al hijo de Sixte Cambra en la Generalitat, un vínculo que ahora pesa como una losa, según confirman fuentes de la Administración catalana.

Durante toda la mañana, Cambra estuvo detenido, mientras duró el registro en las oficinas del Puerto de Barcelona en el World Trade Center de la capital catalana. Tras la búsqueda de pruebas, quedó en libertad. Los cargos, como los del resto, no se conocerán hasta que en los próximos días se haga público el auto judicial. De ahí, por ejemplo, la prudencia con la que actúa la Conselleria de Territorio, que encabeza Josep Rull (PDeCAT).

El presidente del Puerto de Barcelona es nombrado por la Generalitat, y por tanto también es la Administración catalana la que debe relevarlo

No es el único cargo empresarial que queda en la picota por este caso. El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, también ha sido salpicado. La Fira factura 165 millones de euros y la imputación de Serrallonga llega en el peor momento: a un mes de que se celebre el Mobile World Congress. Colau ha abierto un expediente sobre las actuaciones de Vives y Serrallonga en el ayuntamiento en la época de Trias, pero no ha dicho nada de qué hará con la continuidad de Serrallonga en la Fira, entidad que ella preside.

Los implicados se aferran a sus cargos y al discurso victimista del juicio de Mas

Victimismo y ventaja para Junqueras

El abogado de Vives en TV3 y Xavier Trias, en una comparecencia pública, han vinculado los registros de la Guardia Civil al inicio del juicio a Artur Mas por el 9-N el próximo lunes. "Una reacción del Estado para luchar contra la independencia". El victimismo es un argumento convergente muy socorrido, pero en este caso se trata de una investigación judicializada sobre la que se han encontrado numerosas pruebas, como los maletines que Rosell tenía en su poder. Y además, el victimismo cuesta de justificar: tanto Vives como Sixte Cambra han evitado en los últimos años asumir responsabilidades por otros casos que les han salpicado, como el de Marina Port Vell.

El nuevo giro de los acontecimientos vuelve a beneficiar al vicepresidente, Oriol Junqueras. Mientas que el líder de ERC obligó a dimitir a un senador —el caso Santiago Vidal— por hechos mucho menos graves en 24 horas, el PDeCAT intenta mantener sus últimos peones en el mundo empresarial catalán a cualquier precio. En un clima de campaña electoral, y con el espacio del voto independentista en juego, Junqueras vuelve a quedar por encima. Esta crisis le viene como anillo al dedo al vicepresidente de la Generalitat. Lo contrario que a Mas, que puede ver a uno de sus mejores amigos, Sixte Cambra, camino de un juicio oral por cobro de comisiones.

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