TRAS DAR EL SUPERCONTRATO, SE FUE A TRABAJAR A LA ADJUDICATARIA

Un alto cargo de Mas escondió documentos 'sensibles' de la mayor adjudicación catalana

Josep Antoni Rosell dio a un amigo una pequeña caja de seguridad y cuatro maletines donde se encontraron documentos sobre la empresa Aigües Segarra Garrigues (ASG)

Foto: El número dos de la empresa pública Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, llega a los juzgados de El Vendrell. (EFE)
El número dos de la empresa pública Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, llega a los juzgados de El Vendrell. (EFE)

El ‘secreto’ de Josep Antoni Rosell, el director general de la empresa pública Infraestructures, detenido hace dos semanas en el marco de la operación judicial contra Jordi Pujol Ferrusola, estaba en los maletines que había dado a un amigo y trabajador de la compañía para que los guardase en su casa, temeroso de que la policía fuese a por él. Sabía lo que hacía, porque casi inmediatamente fue detenido. ¿Recibió algún soplo sobre ello? Por lo menos, hizo caso de los rumores que corrían por algunos círculos bien informados de la capital catalana y quiso poner a salvo información ‘sensible’.

Por ello, le dio a su amigo una pequeña caja de seguridad y cuatro maletines llenos de documentos. Según fuentes cercanas a la investigación, en la caja fuerte solo había dinero: unos 80.000 euros en metálico. Pero lo verdaderamente importante para la investigación eran las carteras, donde se encontraron documentos sobre la empresa Aigües Segarra Garrigues (ASG).

No es moco de pavo: esa empresa fue la adjudicataria del mayor contrato de obra civil de Europa: 1.103 millones de euros de 2003 para realizar la mayor obra de regadío del continente. Todo un supercontrato que había adjudicado la Consejería de Agricultura, de quien dependía la empresa pública Regs de Catalunya (Regsa). En esa compañía, era presidente Josep Antoni Rosell. Pocos meses después de otorgar el contrato, en la cúpula de la empresa adjudicataria aparecen dos nombres sospechosos: el de Josep Grau como presidente y el de Rosell como director general. Grau era, hasta poco antes, el consejero de Agricultura. Algo comenzaba a oler a podrido en el campo catalán.

El primogénito de Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferrusola. (EFE)
El primogénito de Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferrusola. (EFE)

“Los documentos se están analizando”, indican a El Confidencial fuentes cercanas a las investigaciones, que dirige el juez Josep Bosch, de la localidad de El Vendrell. “Habrá que esperar a ver lo que demuestran los documentos. No podemos aventurar hipótesis”, subrayan las fuentes. La línea de investigación, no obstante, está clara: ¿cómo es posible que los altos cargos de la consejería pasasen a ocupar los puestos clave de la empresa beneficiada con el supercontrato del siglo? A modo de apunte, baste decir que ASG estaba formada por una unión temporal de empresas en la que estaban FCC, Agbar, Copcisa y Copisa. La curiosa coincidencia del paso de Grau y Rosell a la adjudicataria fue denunciada por un ex alto cargo de Gisa (la empresa de la obra pública, que ahora se llama Infraestructures) en una carta a Fiscalía fechada a finales de 2011.

FCC, bajo la lupa

Paralelamente a estas investigaciones, Barcelona es, estos días, un hervidero de rumores. La investigación sobre los Pujol (que dirige el magistrado José de la Mata, del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional) ha dado pie a multitud de informaciones que hablan de negocios turbios y de increíbles alianzas empresariales. Toma de nuevo vuelo también la posibilidad de investigar más a fondo las adjudicaciones de la ampliación de la Gran Vía, en la entrada desde el aeropuerto de El Prat, la mayor transformación urbana del área metropolitana después de la de la Villa Olímpica de Barcelona. En esa transformación, al parecer, Jordi Pujol Ferrusola cobró unas comisiones de 1,5 millones de euros.

En su diseño y ejecución, dicen las fuentes, tiene un papel destacado la compañía FCC, cuyo nombre aparece insistentemente en los documentos de la comisión rogatoria remitidos desde Andorra. Al parecer, FCC había ingresado suculentas cantidades de dinero en las cuentas de la empresa Bantridge, que controlaba Jordi Pujol Ferrusola. Según ha podido conocer El Confidencial, FCC tenía el 16% del World Trade Center de Barcelona, y el hijo del ‘president’ intermedió para su venta a una gran compañía de transporte marítimo.

Por si fuera poco, al factótum de FCC, Jordi Piera, se le conoce en los medios empresariales catalanes como ‘contractista en cap’ (contratista jefe) y se buscan vínculos que relacionan a un familiar directo suyo con el hijo de Pujol, ya que se sospecha que pudieron utilizar sus respectivas relaciones para cobrar enormes comisiones derivadas de adjudicaciones oficiales. Todo un boyante negocio al que no era ajena la familia Pujol.

El edificio del World Trade Center, por ejemplo, fue decorado con plantas provenientes de la empresa Hidroplant, donde eran socias Marta Ferrusola y Núria Claverol, esposa del empresario Carles Sumarroca, otro de los pilares del pujolismo y del blindaje de la saga familiar catalana por excelencia. En 1999, Hidroplant recibió tres encargos de FCC para aportar plantas al inmueble. Los dos primeros contratos no llegaban a los dos millones de pesetas, pero el tercero era mucho más goloso: ascendió a más de 20,6 millones de pesetas, es decir, más de 123.000 euros.

Conexión mexicana

Esa misma empresa compraría después por 5,3 millones la participación en una empresa que construiría un vertedero en Tivissa. Fue un pelotazo de libro: en 2002, el primogénito de los Pujol tenía participación en la empresa Gestió i Recuperació de Terrenys. Lo único que tenía esta compañía eran unos terrenos baldíos. Tras entrar el hijo de Pujol, se firmó un convenio entre la Generalitat (presidida por Jordi Pujol) y el Ayuntamiento de Tivissa para la construcción de un vertedero, en lo que era una operación de 10 millones de euros. En 2004, tras ese convenio, FCC Medio Ambiente compró las acciones de Gestió i Recuperació de Terrenys por 5,3 millones de euros.

La presidenta de FCC, Esther Alcocer Koplowitz. (EFE)
La presidenta de FCC, Esther Alcocer Koplowitz. (EFE)

Según los informes de la Udef, esa operación fue diseñada para dar un beneficio a Jordi Pujol Ferrusola, que al actuar como intermediario se aseguraba un beneficio descomunal.

Años más tarde, hay facturas millonarias de Jordi Pujol Ferrusola a FCC supuestamente por asesoramiento en negocios de México. Ninguna de las partes ha podido aportar contrato o documento alguno que justifique el trasvase de fondos de la constructora a las cuentas de los Pujol. Por si fuera poco, algunos de esos pagos se realizaban en paraísos fiscales, según apuntan los documentos enviados desde Andorra. Y eso es solo la punta del iceberg: al menos tres grandes empresas que han recibido un chorro de adjudicaciones se encuentran en la diana de los investigadores. La historia continuará.

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