Baile de millones de euros en oscuras adjudicaciones de obra pública en Cataluña

El presidente catalán, Artur Mas, puede evitarse buscar enemigos lejos. Al parecer, los tiene en casa: Josep Antoni Rosell, director general de la empresa pública Infraestructures, fue denunciado hace un tiempo a la Fiscalía Anticorrupción por algunas actividades sospechosas y por curiosas coincidencias en su trayectoria profesional. Este alto cargo fue detenido la semana pasada en el marco ‘Operación Petrus III’ y puesto en libertad con cargos. Tanto él como su superior, Joan Lluís Quer, figuran en una carta enviada al Ministerio Público por un ex alto cargo de Gisa (la empresa que ahora se llama Infraestructures). Ambos son hombres de confianza de Artur Mas, que el pasado viernes llegó a calificar de modélico el comportamiento de la empresa que controla la obra pública. Y puede ser modélico, pero uno de sus responsables ya ha pasado por el cuartelillo y otro está siendo investigado.

La carta, fechada en 2011, detallaba que Josep Antoni Rosell era subdirector general de Infraestructuras en el último Gobierno de Jordi Pujol, con Artur Mas de ‘conseller en cap’ (consejero jefe). En aquella época, Rosell fue uno de los responsables de la adjudicación de las obras del canal Segarra-Garrigues a una UTE de nombre Aigües Segarra-Garrigues. Esta UTE estaba formada por FCC (24,68%), Agbar (22,60%), Copcisa (21,6%) y Copisa (20%). El monto de la adjudicación fue de 1.103 millones de euros, lo que la convertía en la obra civil más cara de Europa.

Cuando el Tripartito llegó al poder en 2004, hubo la consiguiente remodelación del Gobierno y Rosell tuvo que dejar la Administración. ¿Y a dónde fue? Pues de director general de Aigües Segarra Garrigues. ¿Pago de favores prestados? A esta pregunta deberían responder los responsables del nombramiento, pero resulta harto sospechoso que el político que adjudica una obra millonaria llegue meses después a la cúpula de la empresa adjudicataria.

Curiosamente, en esa empresa también aterrizó como presidente Josep Grau, consejero de Agricultura. Se daba la circunstancia de que la adjudicación del supercontrato de 1.103 millones se hizo desde esa consejería, que era en la que estaban encuadrados los organismos que controlaban la gestión del regadío catalán. Grau era, pues, superior de Rosell y ambos coincidieron en la compañía que se llevó la mayor adjudicación de la historia de la consejería. Todo un ejemplo de favoritismo que produce vértigo.

La misiva detallaba también que el control de todas las adjudicaciones se hacía desde la Unidad de Evaluación Técnica de Ofertas, formada por dos técnicos ajenos a Gisa: Albert Farreras y Jaume Cortasa, que dependían directamente del director general, o sea, de Rosell. El primero era hijo de un funcionario histórico de la Junta de Aguas y el segundo, sobrino de un senador de CiU

El hombre clave, investigado

Pero no es el único caso: Joan Lluís Quer, presidente de Infraestructures, es decir, el superior de Josep Antoni Rosell actualmente, está bajo investigación por algunas adjudicaciones de la Agencia Catalana del Agua (ACA) en 2007. La carta enviada a Anticorrupción explica incluso que Quer, Rosell y los dos técnicos que controlaban la unidad de evaluación habían coincidido en la empresa pública Regs de Catalunya (Regsa), el ente que controla los riegos de la comunidad. En julio de 2014, la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias y, en junio de 2015 el juzgado de instrucción número 8 admitió a trámite una querella de la Fiscalía

Al parecer, las actuaciones de Quer dejaban mucho que desear: en 2007 se hizo con un contrato por un importe de 3,75 millones de euros, que se llevó una unión temporal de empresas formada por Auditoría e Ingeniería SA, United Research Services España SA y Artenginy SL. La cláusula 2 dejaba abierto el objeto del acuerdo para “actuaciones particulares asociadas a la ejecución de los trabajos del contrato principal”. Así, al año siguiente se hicieron hasta 38 contratos complementarios adicionales por un importe global de 3,93 millones de euros, es decir, que la adjudicación fue de más del doble de lo inicialmente presupuestado. Pero no sólo hubo esa irregularidad: la UTE contrató el 100% de los contratos complementarios; o sea, cobraba de la Administración un chorro de dinero y luego ni siquiera hacía el trabajo: lo subcontrataba, pagaba a los subcontratados y se embolsaba limpiamente la diferencia. Un chollo en toda regla.

Lo curioso es que el presidente de esa UTE era Joan Lluís Quer, gerente entre 2000 y 2004 de la propia agencia que ahora le daba el contrato. Quer controlaba también Auditoría e Ingeniería. Por su parte, la compañía Artenginy era de Josep Bou, que había sido responsable de Planificación de la ACA en la época de Quer. Entre amigos, pues, andaba el juego.

El nombramiento de Quer como hombre de la obra pública catalana se debía a la confianza que le tiene Artur Mas. Pero en esa decisión hay más sombras que luces. Para empezar, desde 2008 hasta su nombramiento en 2011, invirtió al menos 2,5 millones de euros en compañías privadas relacionadas con la ingeniería y la asesoría de obras, tal y como desveló El Confidencial en exclusiva.

La misiva recordaba que Quer tenía intereses económicos en la empresa Auding Intraesa y subrayaba que poco después de la llegada de Quer a la obra pública “sólo había que mirar en la página web de la empresa Gisa para comprobar que la empresa que más se había favorecido de contratos por la propia Gisa era precisamente Auding Intraesa”.

Ya en esa carta denunciaba que TEC-4, CICSA, Inalba, Ayesa, GPO y Auding y eran “las ingenierías más afines a la dirección actual”.Tanto que se habían llevado, ellas solitas, más del 40% de las adjudicaciones públicas. GPO es una de las empresas implicadas también en el ‘caso Palau de la Música’, mientras que TEC-4 es una de las que están siendo investigadas ahora por el caso de Torredembarra que ha dado lugar a los registros en la sede de Convergència.