“LAS ESTRUCTURAS DE ESTADO YA ESTÁN DEMASIADO AVANZADAS”

Mas saca pecho y no acatará la sentencia del TC sobre las estructuras de Estado

El presidente catalán ha llegado al convencimiento de que sólo tiene una salida: hacia adelante. Ya no existe margen para recular y rectificar. Si renuncia a la senda independentista, es hombre muerto

Foto: El presidente de la Generalitat, Artur Mas. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Artur Mas. (EFE)

¿No quieres caldo? Toma dos tazas. Es la máxima del Gobierno catalán. Traducido a lenguaje político quiere decir: ¿Me paralizas las estructuras de Estado? Pues ración doble. Es lo que aplica la Generalitat que preside Artur Mas, que no entiende de sentencias o resoluciones judiciales. Sus principales estructuras de Estado han sido paralizadas por el Tribunal Constitucional, pero Mas saca pecho y tira adelante. “No pararemos los trabajos desde el absoluto convencimiento de que actuamos estrictamente dentro de la ley”, retó este mediodía la nueva portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté (sustituye en estas funciones al consejero de Presidencia, Francesc Homs).

Artur Mas cree que los trabajos de las estructuras de Estado de Cataluña “ya están muy avanzados”. Demasiado, incluso, a la vista de los resultados de las resoluciones judiciales. Con un Mariano Rajoy desligado desde hace años de la actualidad catalana y cada día más enrocado en las intrigas internas de su partido, Artur Mas tiene un poquito más de oxígeno para intentar salir del laberinto donde se ha metido.

El presidente catalán ha llegado al convencimiento de que sólo tiene una salida: hacia adelante. A estas alturas, ya no existe margen para recular y rectificar. Si renuncia a la senda independentista, es hombre muerto, políticamente hablando. Si continúa, tiene todavía una pequeña posibilidad de acabar siendo un mártir por la causa o un triunfante libertador. Por eso, el pasado mes de marzo encargó un informe con el literario nombre de “Crónica de una ofensiva premeditada”, que es el listado de agravios del Gobierno español hacia Cataluña.

 Artur Mas, y la vicepresidenta del gobierno, Neus Munté. (EFE)
Artur Mas, y la vicepresidenta del gobierno, Neus Munté. (EFE)

Munté advirtió hoy de la manía de recentralización del Gobierno español y señaló que el informe de la Generalitat es sólo “la profundización del diagnóstico de las causas estructurales que nos impiden garantizar el bienestar de las personas y la competitividad de Cataluña. Con él, defendemos mejor nuestra identidad y autogobierno. Se trata de hacer pedagogía ante el proceso de recentralización del Estado”.

La Generalitat no se salta ninguna ley

Lo menos importante, pues, es lo que diga el Tribunal Constitucional, porque el Gobierno catalán está dispuesto a jugar con todas sus cartas: las de la baraja y las que no son de la baraja. “El Gobierno no se está saltando ninguna ley. Lo que hay es una intensificación de la persecución por vía judicial de las acciones de la Generalitat. Es una judicialización de la política en vez de diálogo para que los ciudadanos de Cataluña puedan decidir su futuro”, insistió Neus Munté para justificar el caso omiso que el Gobierno catalán hará de las sentencias que le son adversas y para situarse en una peligrosa posición laminando la legalidad vigente.

Y todo porque el Gobierno central interpuso recurso contra las “estructuras de Estado” y, al ser admitidos esos recursos por el TC, quedan paralizadas las normas recurridas. Pero eso es lo que marca la ley. También marca que en otras instancias no se paralizan las normas legales. En el caso de la venta de la empresa pública ATLL a Acciona, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictaminó recientemente que era fraudulenta y que se ha de revertir. En este caso, el Gobierno catalán hizo caso omiso de esa sentencia, no deshizo la operación y apeló al Tribunal Supremo.

Esa venta se hizo deprisa y corriendo en plena campaña electoral de las últimas autonómicas y olía a chamusquina. Se ha visto ahora: había trampa. Pero Neus Munté no quiere ni oír hablar de responsabilidades políticas. “Las responsabilidades políticas hay que exigírselas a quien dejó la Agencia Catalana del Agua en bancarrota [en realidad, hace casi 5 años que el Tripartito dejó el poder]. Nosotros estamos intentando arreglar las cosas. Además, no es momento de pedir responsabilidades políticas por esa venta porque el asunto está en el ámbito judicial”. Más desfachatez, pues, imposible.

En resumen: el Gobierno catalán ha asumido que “ante todo el trabajo que hemos hecho durante estos años, no podemos dar un paso atrás. Esos trabajos están ya muy avanzados y no prevemos ningún cambio a pesar del recurso del Gobierno central”.

Quiso enfatizar, sin embargo, que “tenemos voluntad de acuerdo y diálogo ante los Gobierno españoles. Somos un Gobierno que nunca se negará al diálogo”. Sólo hay una condición: que “los catalanes tenemos que ejercer el derecho a decidir”. Ese derecho, que teóricamente se ejerce cada cuatro años, cuando hay elecciones, es un comodín que los nacionalistas se sacan de la manga cuando interesa.
Cataluña

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