El Constitucional amplía la querella del 9-N contra Mas por amenazas y coacciones

Al presidente de la Generalitat, Artur Mas, se le complican las cosas. A la sentencia del Tribunal Constitucional que dice que los preparativos de la pseudoconsulta independentista de pasado 9 de noviembre son anticonstitucionales se suma otra ofensiva del sindicato Manos Limpias que este miércoles amplió la querella contra el president que está admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La querella era por presuntos delitos de desobediencia, malversación de fondos públicos (por gastar dinero en los preparativos) y prevaricación, “porque sabían que no se podía promover la consulta”, según manifestó a El Confidencial Miguel Bernad secretario general de Manos Limpias.

A raíz de unas declaraciones de Mas al Corriere Della Sera en las que aseguraba que si el Estado español no le deja convocar un referéndum tiene preparada una declaración unilateral de independencia, Manos Limpias amplió sus acusaciones a los presuntos delitos de “amenazas y coacciones”. Además, asegura Bernad, “ahora, presentaremos como prueba esta última sentencia del Constitucional. Con ella se demuestra que la querella que presentamos en su día no era temeraria y que, además, estaba bien fundamentada. En otras palabras se ve que efectivamente, teníamos razón”.

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El sindicato se querelló contra el president, contra la vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, de la que dependía el operativo de recuento de votos, y contra el consejero de Interior, Ramon Espadaler, por movilizar a toda la fuerza pública para dar cobertura al acto de votación del 9N. Manos Limpias también los quería acusar de sedición, pero el tribunal no aceptó esos cargos.

Pero el que no se consuela es porque no quiere. Artur Mas compareció ayer para reclamar su minuto de gloria tras el fallo del TC. Esa sentencia, afirmó, “cierra todas las puertas. ¿Lo veis como no hay otro camino?”. Con ello, considera que si los tribunales no le dejan convocar un referéndum (que, dice el TC, es competencia exclusiva del Gobierno central y así lo dice tanto la Constitución como el Estatuto catalán), se considera totalmente legitimado para convocar ahora unas “elecciones plebiscitarias”.

La única salida

Fuentes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) manifestaron a El Confidencial que “la sentencia del Constitucional refuerza lo que hemos dicho siempre, porque demuestra que no hay alternativa. Lo hemos intentado de todas las maneras. Pidiéndolo al Gobierno central, llevando la petición al Congreso de los Diputados, redactando una ley referendaria, promoviendo una simple consulta… y no se nos ha dejado hacer nada. En conclusión, la única salida que tenemos son unas elecciones plebiscitarias”.

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Estas fuentes restan, sin embargo, importancia a los efectos de la sentencia del TC. “En la normativa administrativa pasa muchas veces: los tribunales dictan sentencia meses después de que una cosa está hecha. Pero para lo que sirve de verdad el fallo del TC es para que algunos lo puedan aplaudir. Sin embargo, ya no se puede borrar lo que está hecho”.

También consideran estas fuentes que no afectará al proceso en curso promovido por Manos Limpias. “Son dos cosas diferentes. Además,sería la primera vez que se inhabilitaría a un político por poner las urnas. En el caso de que los acusados sean condenados, nos encontraríamos en una situación totalmente surrealista, exótica incluso”. Los nacionalistas catalanes aseguran que “lo que hemos hecho no es romper la Constitución, sino sólo dejar que la gente se exprese”.

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En esta batalla, Artur Mas cuenta con el apoyo incondicional de ERC. El portavoz republicano, Sergi Sabrià, declaró, tras conocer la decisión del TC, que “damos por cerradas la fase de las quejas, son 30 años de intentos de reformismo desde Cataluña, de propuestas, de voluntad de un nuevo Estatuto que diese forma a un nuevo encaje de Cataluña y, al final, la respuesta es siempre la misma: el aparato del Estado contra la voluntad de cambio de los catalanes”. Los republicanos, igual que los convergentes, sostienen que el 27 de septiembre, previsible fecha de los comicios autonómicos, será el principio del fin: comenzará el “proceso constituyente” que ha de separar a Cataluña de España.

El apoyo de Duran

Incluso el líder de UDC, Josep Antoni Duran Lleida, se posicionó a través de su cuenta de Twitter: “El TC declara inconstitucionales los preparativos del 9N. Diga lo que diga, el futuro de Cataluña se habrá de decidir en una consulta a la ciudadanía”, escribió en un primer mensaje. Poco después, remataba la faena: “El TC dicta sentencias y resoluciones judiciales. Cataluña necesita respuestas políticas, no judiciales”.

También ICV considera que la sentencia es “inútil, porque el proceso participativo, que no consulta, se hizo el 9N y se hizo con plena normalidad democrática y con un alto grado de participación”. Para el secretario general de ICV, Josep Vendrell, el fallo del TC “es una sentencia inútil que expresa la impotencia por parte del Estado que no copudo impedir”. De la misma manera, tampoco podrá “impedir la democracia” el Constitucional.

En cambio, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, aseguró que “Artur Mas ha fracasado de derecho, por la sentencia del TC, y de hecho, por la confirmación de la imposibilidad de hacer cosas antidemocráticas. Tendría que presentar su dimisión y ser sustituido por un presidente que cumpla las leyes, la Constitución y la democracia (sic)”. Porque, según la líder popular, el president “se ha convertido en un antisistema que no cumple las leyes ni las sentencias y que actúa contra el Estado de derecho”. Además, avisó de que “no se planteen las elecciones plebiscitarias como la solución porque el problema que tiene Cataluña es Artur Mas y CiU, que no respetan la Constitución”. El PP pedirá desde el Parlament responsabilidades `por el dinero invertido en la consulta del 9N.

También el secretario general de Ciutadans, Matías Alonso, criticó a Mas. Calificó la sentencia de “previsible y de acierto absoluto” y vaticinó que “lo que queda claro es que el ciclo político de Artur Mas está agotado”.