la fiscalía pide datos sobre los locales

La Generalitat se presenta como la "única responsable" del uso de locales para el 9N

La Fiscalía del TSJC, a instancias de la Fiscalía General del Estado, ha abierto diligencias para conocer si se han cedido locales públicos para las votaciones

Foto: Dos voluntarios, colocando urnas en un colegio del centro de Barcelona. (Efe)
Dos voluntarios, colocando urnas en un colegio del centro de Barcelona. (Efe)

La Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido al departamento de Educación de la Generalitat que le informe de si ésta ha ordenado la puesta a disposición de centros educativos para realizar la consulta del 9N. También ha dirigido un oficio urgente al director general de los Mossos d'Esquadra para saber la relación de locales en los que se celebrará el proceso participativo así como para que identifique a la persona responsable de esos locales bajo cuya autorización se ha dado acceso a los delegados de la consulta.

El Ministerio Público ha remitido un oficio a  la empresa Unipost S.A para que le envíe la hoja de encargo, el contrato y los documentos que obren en su poder relacionados con la distribución o el buzoneo de la propaganda del proceso participativo. Además de pedir el presupuesto, la factura pro forma o definitiva, quiere saber qué persona o entidad ha suministrado a la compañía el listado de destinatarios o el mecanismo por el que se obtuvo dicho listado.

Así lo ha solicitado después de haber abierto, a instancias de la Fiscalía General del Estado, diligencias de investigación por si la cesión de locales municipales, centros educativos u otras instalaciones bajo la dependencia de la Generalitat de Cataluña es constitutiva de un ilícito penal después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido la votación de mañana.

Manual para votar el 9N

Vídeo: Manual para las votaciones en el 'proceso de participación ciudadana'

No obstante, la Generalitat afirmaba en la noche de este sábado que es la "única responsable" del acceso a locales públicos para la votación del 9N, por lo que ha defendido que la Fiscalía no puede pretender que se identifique a voluntarios. "No se puede pedir la identificación a voluntarios que nada tienen que ver en esta autorización, y que podrán desarrollar su labor con toda normalidad", añadía el Govern, que se presenta como único responsable.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo catalán lanzaba reproches al Gobierno de España, al que ha acusado de "crear un poco de confusión" con la intención de que "vaya menos gente mañana" a participar en el 9N.

Denuncia de Societat Civil Catalana

Horas antes, tres miembros de Societat Civil Catalana (SCC) presentaban ante el juzgado de guardia de Barcelona un escrito "a título individual" en el que reclaman que tomase medidas ante la utilización de centros escolares para el 9N y examinase si puede haber responsabilidades penales por "vulneración del Estado de Derecho". "Pedimos que la Justicia actúe en relación a las imágenes que hemos visto sobre la utilización de colegios para preparar la jornada del día 9", han dicho.

La decisión de la Fiscalía superior de Cataluña de incoar diligencias de investigación ha sido el primer paso que da el departamento que dirige Eduardo Torres Dulce después de que el Tribunal Constitucional suspendiera cautelarmente la consulta. El tribunal que defiende la Carta Magna avisó que quedaban suspendidas -mientras se estudiaba el fondo del recurso presentado por el Gobierno- todas las actividades encaminadas a su preparación o publicidad. Tras esta decisión, el Gobierno de Artur Mas decidió mantener el 9 de noviembre como día para la celebración de la consulta catalana para preguntar a sus ciudadanos por la independencia de la comunidad autónoma, pero lo planteó como una consulta ciudadana. Es decir, no eran las instituciones públicas las encargadas de prepararla y organizar su celebración sino plataformas ciudadanas.

Papeletas para el 9N. (Reuters)
Papeletas para el 9N. (Reuters)

El Ejecutivo de Mariano Rajoy volvió ha recurrir ante el TC y éste volvió a fijar la suspensión, en esta ocasión para la consulta alternativa. Fuentes jurídicas sostienen que en este momento el Gobierno central tendría que haber presentado directamente un incidente de ejecución, es decir, solicitar medidas después de que se incumpliera la primera suspensión.

Sin embargo, presentar ese incidente implicaba su remisión a la Fiscalía General del Estado para que tomara cartas en el asunto. El Constitucional no puede ordenar el cumplimiento, sino que tienen que ser el Ministerio Público o las Fuerzas de Seguridad del Estado los que deben hacer cumplir la resolución judicial.

Diversas fuentes jurídicas señalan que se está evitando tener que actuar penalmente contra Mas y otros responsables políticos por un delito de desobedienciaAl parecer, la Fiscalía está esperando hasta el último momento para actuar judicialmente contra los responsables del incumplimiento del dictamen del TC. Diversas fuentes jurídicas señalan que se está evitando tener que actuar penalmente contra Mas y otros responsables políticos por un delito de desobediencia.

Por ahora, simplemente han iniciado una investigación para saber si realmente la Generalitat va a utilizar instalaciones públicas para que los catalanes puedan votar mañana, si, de hacerlo, incumple la orden del Constitucional y si podría haber algún responsable penal por ello.

Por su parte, la delegación del Gobierno ya ha advertido de las consecuencias que puede acarrear el uso de estos lugares públicos aunque fuentes próximas a este asunto reconocen que falta más contundencia en la respuesta del Ejecutivo central ante este flagrante incumplimiento de la Constitución.

Mientras, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tienen encima de la mesa querellas contra Mas por desobediencia presentadas en el primer caso por Unión Progreso y Democracia (UPyD) y en el segundo por el sindicato Manos Limpias. Está pendiente que estos tribunales digan si hay indicios de delitos contra el presidente catalán. En el caso del Supremo, la Fiscalía ya ha anunciado su oposición en contra al entender que son hechos sucedido en Cataluña y al ser Mas un aforado autonómico debe ser el TSJC el órgano encargado de investigarlo si considera que hay suficientes indicios para ello.

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