La Generalitat recurrirá ante el TSJC para ganar tiempo con el caso de ATLL

La Generalitat recurrirá en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra la petición de ejecución de sentencia que ha pedido Agbar para ganar tiempo en el caso de Aigües del Ter-Llobregat (ATLL). A falta de fondos, la estrategia de la Consejería de Economía es pleitear por la vía del contencioso. La razón: como mínimo costaría 298,6 millones de euros revertir la operación y no hay tanto dinero en la caja que gestiona Andreu Mas-Colell.

Fuentes financieras conocedoras de las negociaciones de la Generalitat con los grupos implicados aseguran que la conselleriasiempre ha defendido la estrategia de no pagar y que, en caso de que Agbar exigiese la ejecución de sentencia, tal y como ha pasado, se recurriría contra esta petición.

Expertos jurídicos consultados han asegurado que la Generalitat no tiene ninguna posibilidad que el TSJC le dé la razón, pero esta maniobra le permite ganar tiempo. La previsión es que el Alto Tribunal catalán tarde unos dos meses en pronunciarse, previsiblemente a favor de Agbar. Pero estos sesenta días serán oro en un momento en que la tesorería de la Generalitat no dispone, ni mucho menos, de una cantidad tan importante.

La privatización de ATLL lleva más de un año siendo un quebradero de cabeza para la Generalitat. Desde queAccionayBTG Pactual, con un 39% del consorcio cada uno, ganaron el concurso en diciembre de 2012 la decisión está cuestionada. Primero, por el organismo independiente que tutela la contratación pública de la Generalitat, el OARCC,que invalidó el concurso público. Y después por Agbar, que inició diversos pleitos para conseguir gestionar la concesión de la empresa pública de gestión del agua en alta.

Minimizar los daños

En estos dos meses que se ganarían con el recurso de la Generalitat frente al TSJC, se buscaría una solución que evitara tener que realizar el pago o que, como mínimo, redujese el impacto de los daños. Una salida sería llegar a un acuerdo con los socios de Acciona, para tan sólo indemnizar a la constructora del grupo que presideJosé ManuelEntrecanales.

​Esta alternativa permitiría pagar únicamente por el paquete de los Entrecanales,unos 116 millonesmás una prima de compensación por los trastornos causados. En este hipotético acuerdo,Agbar sustituiría a Accionay BTG Pactual y los socios catalanes –las familia Rodés y Godia– cambiarían de bando para seguir operando la concesión, algo que ya estaban dispuestos hace dos meses, antes de que se rompiesen las conversaciones entre todas las partes.

Divergentes criterios legales

Los análisis jurídicos sobre el caso son dispares y dependen de los intereses que representan. Para Agbar, el dictamen del OARCC es claro: la operación deber revertirse a favor de la compañía de agua que presideÁngel Simón. Incluso defienden, como señala su recurso, la "nulidad radical del contrato, cosa que no genera derecho alguno de indemnización".

Una salida sería llegar a un acuerdo con los socios de Acciona, para tan sólo indemnizar a la constructora que preside Entrecanales

Desde el punto de vista Acciona, en cambio, como mucho debería retrotraerse la privatización hasta el proceso de presentación de las ofertas, en las que ambos grupos deberían clarificar el calendario de las obras y su coste, precisamente el punto por el que el OARCC vetó la privatización. Esto supondría, pura y simplemente, repetir el concurso.

Los abogados de la Generalitat, por su parte, preferirían esperar a que los tribunales entrasen en el fondo de la cuestión, algo que tardaría cuatro ocinco años, ya que todas las partes han elevado sus recursos hasta el Tribunal Supremo. Esto les permitiría recuperarse financieramente y no tener que hacer frente hasta dentro de un lustro a los costes de la reversión. Ahora, en cambio, con graves problemas de déficit y en manos del Fondo de Liquidez Autonómica, esto resulta muy duro para el Gobierno catalán. Porque, además, esta Administración garantizó por carta a Acciona y BTG Pactual que los compensaría en caso de que la adjudicación concesional se malograse.