El Govern se atrinchera tras la imputación de otro cargo de CDC en el ‘caso Palau’

El gobierno catalán se enrocó ayer en una actitud casi obstruccionista como consecuencia del interrogatorio al que fue sometida la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, en la Comisión de Asuntos Institucionales. Por pura casualidad, Ortega tenía prevista la comparecencia en esta comisión dos días después de que el juez imputase al secretario de Inmigración de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), àngel Colom, por haber recibido 75.000 euros de manos del corrupto ex presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet.

Y la sesión fue movida. Para empezar, los diputados la cosieron a preguntas y ella se contradijo con las respuestas que ya había dado ante el Parlamento el secretario del Gobierno, Germà Gordó, hace un par de meses. La cronología de los hechos es sencilla: Artur Mas accedió formó Gobierno a finales de diciembre pasado. El 10 de enero, cambió a la cúpula de los servicios jurídicos y una semana más tarde, presentó un escrito al juzgado en nombre del Consorcio del Palau de la Música (la entidad de esta institución donde están representadas las administraciones públicas) desmarcándose de las tesis del fiscal y pidiendo que no se investigase en causa separada el presunto desvío de dinero hacia Convergència y, especialmente, que no se imputase a dos altos cargos de este partido, àngel Colom y el ex tesorero Daniel Osàcar. Este último ya fue imputado hace tres meses y Colom lo acaba de ser.

Gordó, en su comparecencia, dejó claro que había habido un cambio de criterio “por seguridad jurídica y prudencia procesal” y que la decisión de dar marcha atrás en el posicionamiento del Consorcio había sido iniciativa de los servicios jurídicos, no una decisión política de los nuevos inquilinos de la Generalitat. Pero ahora Ortega dice lo contrario, que jamás hubo un cambio de criterio. “Al menos, podían haber mantenido una misma versión. Entiendo que es un tema muy incómodo para ellos, pero podría haber sido coherente, ya que así la vicepresidenta ha sido doblemente irresponsable. Le leímos la declaración del secretario del Gobierno y ella se fue encendiendo, para terminar diciendo que lo que hacíamos era un juicio paralelo y que manipulábamos el tema. Pero las últimas decisiones del juez confirman que ahí hay algo. Además, nosotros, como diputados desarrollamos funciones de control del Gobierno. Sólo le pedimos explicaciones y ella respondió sin escrúpulos”, señala a El Confidencial Laia Bonet, portavoz adjunta del PSC y representante de esta formación en la comisión.

Lo cierto es que la vicepresidenta no pudo aclarar si había conflicto de intereses en este escándalo. La realidad es que en el Palau de la Música hay implicados altos cargos de Convergència. El Gobierno, por su parte, es uno de los responsables del Consorcio del Palau, entidad donde están representados, además, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura. En un principio, este órgano, ante la desaparición de más de 35 millones de euros, apoyó las tesis del fiscal para investigar el destino final de parte de ese dinero. Pero una vez que Convergència llegó al Gobierno, decidió por su cuenta y riesgo no apoyar las peticiones de la Fiscalía, ya que afectaba a miembros de su partido. Además, lo hizo de forma tan precipitada que el propio juez, en una interlocutoria, le llamó la atención sobre el cambio de criterio infundado y afirmó que existían motivos ajenos al ámbito jurídico para ese cambio de criterio. En otras palabras, apuntaba a motivaciones políticas.

Conflicto de intereses

Lo que ve Laia Bonet en este caso es “un conflicto de intereses. CiU confunde el partido con el país y con el Gobierno. Y éste está desconcertado. Ni siquiera cuida las formas y busca una trinchera donde parapetarse”.

Por su parte, el diputado Pere Bosch, de ERC, que también fue miembro de la comisión de investigación parlamentaria del caso Palau, subrayó también ayer “la contradicción entre Germà Gordó, que admitió un cambio de criterio de la Generalitat en este caso, y la vicepresidenta Joana Ortega, que negó esto”. Y subrayó que el Gobierno catalán “ha quedado en ridículo”. Y Jaume Bosch, de ICV, redundó en el tema, criticando especialmente que Colom aceptase el regalo de los 75.000 euros que le dio Millet, con lo que supuestamente pagó una parte de las deudas de su extinto Partit per la Independència (PI). La oposición coincide en señalar que la comparecencia de la vicepresidenta fue “decepcionante del todo. Ni siquiera se había leído la declaración de Gordó. Lo que percibimos fue que hizo el ridículo defendiendo unas tesis que no se aguantan por ningún lado”.

Pero Joana Bonet intentó tirar balones fuera. Abogó por que “el proceso judicial siga su curso” y descartó que el Gobierno intervenga más en el asunto. “Las medidas que se hayan de tomar, si es que se tienen que tomar, se hará en el ámbito de los partidos políticos”, subrayó refiriéndose a si la imputación de Colom va a suponer un cambio en las responsabilidades de éste.

Curiosamente, la comparecencia de Ortega tuvo lugar precisamente en la comisión que vetó hace tres meses la comparecencia en la misma del secretario del Gobierno. En aquella ocasión, el independentista Alfons López Tena, ex miembro de Convergència, se alineó con el Gobierno para impedir que éste diese explicaciones. Días después, CiU permitió la admisión a trámite de un proyecto de ley sobre la independencia presentado por Solidaritat Catalana per la Independència (SI), la formación a la que ahora pertenece López Tena. Y, ante la pinza, el secretario del Gobierno tuvo que ir a dar sus explicaciones a la Comisión de Justicia, donde SI no tenía representación, el pasado 26 de mayo. Pero a la primera comparecencia de un cargo representativo en la de Asuntos Institucionales, la oposición no desaprovechó la ocasión para meter el dedo en el ojo.