El juez acusa a Colom, alto cargo de CDC, de recibir ‘regalos’ en el caso Palau

El 18 de julio tiene una fuerte carga simbólica para muchos. Y ahora la tendrá todavía más para Ángel Colom, secretario de inmigración de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). El histórico militante independentista (fue uno de los fundadores de la Crida a la Solidaritat, en los años 80, y posteriormente se convirtió en secretario general de Esquerra Republicana de Catalunya) tendrá que comparecer el 18 de julio próximo ante el juez para declarar sobre los 75.000 euros que le regaló el ex presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet. Colom era uno de los dos altos cargos de CDC que quedaba por imputar, ya que el ex tesorero del partido, Daniel Osàcar, fue imputado hace unos meses por supuestamente recibir dinero también de mano de Millet.

Colom había recibido la dádiva del ex prócer Millet en el año 2000. En aquel momento, ya militaba en Convergència, pero acababa de liquidar el Partit per la Independència (PI), formación que había fundado junto a Pilar Rahola después de que ambos saliesen por la puerta falsa de ERC. El PI se presentó a las elecciones y cosechó una sonora derrota. Como consecuencia, dejó un reguero de deudas que Colom tenía que afrontar. Una mano amiga, que Colom siempre se ha empeñado en ocultar, le dirigió hasta el despacho de Millet, donde entró con esperanza y salió con las manos llenas de dinero.

Para camuflar la salida de fondos, ambos simularon un falso contrato entre el Palau y la Fundació Privada Espai Catalunya, una fundación que jamás se llegó a inscribir en ningún registro. Y se inventaron un supuesto Convenio de Pedagogía. Del dinero y del convenio, evidentemente, nunca más se supo. El juez Josep Maria Pijoan ha citado ahora al dirigente nacionalista en calidad de “responsable civil a título lucrativo” para que explique el regalo de Millet, aunque algunas fuentes consultadas por El Confidencial apuntan a que, posiblemente, los presuntos delitos cometidos -falsificación de documentos y desvío de fondos- hayan prescrito.

El 18 de julio, Colom tendrá una compañera de banquillo de altura: la ex directora general del Palau, Rosa Garicano, cuya imputación también había pedido el fiscal. Garicano siempre se desentendió de la gestión de Millet y de su mano derecha, el ex director administrativo Jordi Montull, aunque la Fiscalía sospecha que conocía algunos de los tejemanejes de la cúpula del Palau. Y, entre otras cosas porque su marido, Xavier Ribó (hermano del actual Sïndic de Greuges o Defensor del Pueblo catalán, Rafael Ribó), trabajaba en Ferrovial, la compañía que presuntamente inflaba sus presupuestos en las obras públicas que le adjudicaba la Generalitat para abonar el 4% al Palau y éste, a su vez, una parte sustancial de esta mordida, a la Fundación Trias Fargas, vinculada a Convergència.

Ribó fue uno de los hombres clave de Ferrovial en Cataluña y llegó a presidir la compañía Sotaverd, filial de aquélla hasta que éta presentó suspensión de pagos en los años 90.

Garicano había declarado ya ante la Oficina Antifraude de Cataluña que ella era la coordinadora de un equipo de 14 profesionales que captaban patrocinadores, además de coordinar actividades culturales y sociales para promocionar la marca Palau. Pero los investigadores añadían una crítica observación: “Surge nuevamente aquí a cuestión del conflicto de intereses en relación a la doble posición de Ferrovial como miembro del Patronato de la Fundación [del Palau] y, al mismo tiempo, contratista del Palau. En este caso, se añade el hecho de que el marido de la directora general de la Fundación, señora Rosa Garicano, tenía intereses económicos con Ferrovial, que al mismo tiempo fue adjudicataria de importantes obras del Palau”.

Comisiones a dos manos

No iban desencaminados los peritos de la Oficina Antifraude, ya que si bien el director de Relaciones Institucionales de Ferrovial, Juan Elízaga, reconoció la vinculación de Ribó con su empresa y admitió que, aunque no dependía de él, “imagina que sí cobraba alguna comisión”, Rosa Garicano también sacó tajada en forma de suculentas comisiones. Según la documentación incautada en las oficinas del Palau, sólo por los patrocinios del Centenario del Palau más la campaña general se embolsó en variables 108.370 euros. El propio Millet firmó un documento dando luz verde a este pago en febrero del 2008. La comisión por la aportación de Ferrovial, sólo en el 2008, fue de 27.000 euros, seguida por la de Cobega y Damm, gracias a las que se embolsó un total de 13.250 euros más. A cierta distancia  quedaban ya las fundaciones de Banco Sabadell y Banco Santander.

Garicano declaró ante el juez el pasado 27 de abril y manifestó que nunca había tenido poderes en el Palau a pesar de su cargo de directora general. Este nombramiento, según subrayó, era para tener más poder de convicción ante los patrocinadores de la institución musical, ya que su principal cometido era buscar fondos.

En su demanda ante el juzgado tras su despido por parte de los nuevos administradores nombrados después de descubrirse la desaparición de fondos, Garicano reconocía que cobraba unas comisiones de casi 55.000 euros por las campañas normales y otros 20.474 euros por la campaña especial del centenario, lo que se contradice con los documentos incautados. No obstante, su retribución en último año que estuvo en nómina en el Palau fue de más de 184.000 euros., sin contar un sobresueldo del Consorcio, una de las entidades que conforman el Palau. Además, en la sentencia que ratifica su despido, se dice que “ha quedado acreditado que la demandante era conocedora del desvío hacia el Orfeó [otra de las entidades que conforman el Palau] de casi dos millones de euros procedentes de patrocinios de Ferrovial.

Esta cantidad no se hizo constar en su cuenta de explotaciones y se desconoce el destino que se le ha dado”. Garicano negó hasta el último momento que tuviera conocimiento de los contratos de patrocinio entre Ferrovial y el Palau (en total, la constructora donó 11 millones de euros a la institución musical) pero luego tuvo que desdecirse cuando en el juzgado se presentaron documentos en los que “constaba su intervención en la firma de estos convenios de colaboración”. Ahora, deberá responder ante el juez de instrucción de estas maniobras poco claras.