Mas decapitó los servicios jurídicos para evitar el escándalo del Palau

El escrito de la Generalitat pidiendo que no se imputase a dos altos cargos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por el llamado caso Palau fue realizado en apenas cuatro días efectivos tras la decapitación de los servicios jurídicos de la Generalitat. El fiscal había pedido que el juez abriese una pieza aparte para investigar el supuesto desvío de fondos del Palau de la Música hacia la formación y la imputación del tesorero del partido, Daniel Osàcar, y del responsable de Inmigración, Ángel Colom, así como del ex directivo de la constructora Ferrovial Pedro Buenaventura.

 

A mediados de noviembre, el Consorcio del Palau se adhirió a esta demanda. Esta entidad es la que agrupa a las administraciones públicas: en ella están representados la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura. El Palau tiene otras dos entidades con las que opera, aunque son de rango privado: el Orfeó Català y la fundación Palau de la Música. La presidencia del Consorcio recae siempre sobre el presidente de la Generalitat. Por ello, cuando CiU ganó las elecciones se generaron expectativas sobre lo que iba a hacer Mas con el órgano, que había pedido la imputación de dos altos dirigentes de su partido.

La incógnita se despejó enseguida: el Consorcio pidió al juez dar marcha atrás en la petición de hace dos meses. La Generalitat, ya dirigida por CiU, no dio cuenta de la petición a las otras administraciones que componen la entidad, lo que provocó un grave conflicto. Este giro copernicano llevó al juez a criticar, en un auto dictado ayer mismo, la postura del Consorcio. “Ha mantenido una posición cambiante y particularmente confusa”, dice el escrito del magistrado Juli Solaz. Y continúa: “En un primer escrito, se adhiere de una forma clara a lo peticionado por el ministerio público, con algún matiz sobre el alcance de los hechos que se deberían investigar en la citada pieza separada, solicitando la imputación de las mismas personas que las recogidas por el ministerio fiscal. Sin embargo, en un escrito posterior, de fecha 17 de enero de 2011, sin que se haya producido ninguna aportación probatoria sustantiva en la causa, se rectifica completamente el primer escrito y se solicita de una forma expresa que no se proceda a la apertura de la pieza separada ni se realice ninguna de las nuevas imputaciones reclamadas por el ministerio fiscal y por el propio Consorcio en su escrito anterior”.

Para el magistrado, “es evidente que existe en este momento procesal una completa desorientación de los hechos objeto del presente procedimiento, y que tal desorientación, cambios de criterio, negación de algunos perjudicados de que se investiguen determinados hechos obedecen a motivos completamente ajenos al ámbito jurídico y procesal y, por tanto, tales extremos no pueden ser considerados por este instructor para tomar una decisión”. En otras palabras, lo que se desprende del auto del juez es que las motivaciones de este cambio de rumbo en las peticiones del Consorcio del Palau de la Música provienen de sectores ajenos a la judicatura. Y sólo se pueden tomar decisiones como la que se tomó en el ámbito político. Fuentes jurídicas consultadas por este diario señalan, no obstante, que “con los términos que contiene el auto no sólo se deja abierta la puerta a interpretar que ha habido interferencias políticas, sino que abre la puerta a la corresponsabilidad en los actos que se han venido sucediendo en el Palau”. En otras palabras, que si las entidades que forman parte de la institución musical cierran todas las posibilidades de que se investiguen los indicios y se oponen a determinadas líneas de trabajo, se podría poner en duda la cualidad de quién es víctima, quién perjudicado o quién encubridor.

Cambios en los servicios jurídicos

Detrás de esta historia, sin embargo, existen varias decisiones trascendentales para que se pudiese llevar a cabo. Aunque la letrada que firmó los escritos de noviembre y de ahora es la misma, para proceder a efectuar el giro de 180 grados en las apreciaciones se tomaron otras determinaciones: la decapitación de los anteriores servicios jurídicos del gobierno autonómico. El pasado 11 de enero, el director del gabinete jurídico de la Generalitat, Jaume Galofré, fue destituido de su cargo. Bajo su mandato, el Consorcio se había adherido a la petición del fiscal. Aunque, eso sí, “se le agreden los servicios prestados”. Ese mismo día, fue destituida la directora general de Servicios Consultivos y Coordinación Jurídica del Gabinete Jurídico, Meritxell Josa. El primero fue sustituido por Margarida Gil, que fue secretaria general de Trabajo en el último gobierno de Jordi Pujol y que desde abril del pasado año era la responsable de asuntos contenciosos en materia patrimonial de la asesoría jurídica de la Consejería de Economía. Josa, por su parte, fue sustituida por Dolors Feliu. Al margen de ello, los servicios jurídicos tuvieron seis días naturales para diseñar la nueva estrategia, pero con un fin de semana por medio. O, lo que es lo mismo, cuatro días laborables.

“Es normal que los altos cargos fuesen destituidos, porque son cargos de confianza. Lo que no es normal es que la primera medida que se tome es la que atañe a un tema tan complicado como el del Palau de la Música y que se hiciese de tal modo que en 24 horas se tuvo que dirigir un nuevo escrito al juez reconociendo que el primero era incongruente. Como sabían que el juez tenía que dictar alguna resolución en breve, ha habido un apresuramiento innecesario para intentar que el escándalo no salpique a nadie de Convergència”, destacan fuentes jurídicas a El Confidencial. Éstas se refieren a que el día 17 de enero, la Generalitat pidió no abrir pieza separada ni imputar a nadie, pero al día siguiente, ante las lagunas de su razonamiento, dirigió otro escrito al magistrado pidiendo que, si abría pieza separada, no imputase a nadie.

La propia Generalitat reconocía que el escrito del día anterior era “incongruente por error material”. Para las fuentes consultadas, la estrategia seguida "es muy burda, quizá fruto del apresuramiento con que se ha tomado. Los escritos presentados en el juzgado dejan mucho que desear". Pero tras la estrategia del Gobierno autonómico para evitar que el escándalo salpique a dos altos cargos del partido en el poder se encuentra, según confirmaron fuentes cercanas al caso a este diario, un antiguo alto cargo del Gobierno en tiempos de Jordi Pujol, un hombre muy cercano a Artur Mas que ha estado asesorando a CDC en este tema desde que estalló el escándalo y que formaba parte, hasta hace unos días, de uno de los gabinetes jurídicos más importantes de Barcelona.

Toda la oposición celebró ayer la decisión del juez y apremió a la Generalitat a dar explicaciones sobre el caso. Tanto el PP como ERC consideran que el auto del juez "es un severo correctivo" para el gobierno catalán, mientras que Ciudadanos pedirá la comparecencia parlamentaria de Mas si no da explicaciones. ICV también pidió ya la comparecencia del consejero de Cultura, Ferran Mascarell, y al secretario del Gobierno, Germà Gordó, "para que expliquen específicamente en comparecencia solemne porqué han tomado una decisión tan insólita como que el Gobierno no acuse a aquéllos a los que sí acusa la fiscalía". El PSC, por su parte, pidió al presidente de la Generalitat que "demuestre que su partido está dispuesto a colaborar con la Justicia y no a utilizar de manera partidaria y partidista un mecanismo como es un gabinete jurídico o los instrumentos que tiene la Generalitat para desviar la acción normal, cotidiana, correcta y no desorientada de la Justicia".

CDC, sin embargo, hizo público un escueto comunicado donde recuerda que tiene la "absoluta disposición a colaborar con la justicia" y remarca que "no hay nuevas imputaciones" tras el auto del juez. "Ninguna declaración ha determinado ningún tipo de imputación para ningún miembro de CDC", dice. Y aprovecha para recordar que en otros casos "como el del hotel del Palau" (un hotel que quería construir Millet y por cuya tramitación sí están implicados cargos del Ayuntamiento) sí hay imputaciones "de otras formaciones políticas [en referencia al PSC]" pero que "no han llevado a CDC a señalar ni a pensar en su culpabilidad". Por tanto, pide al resto de formaciones políticas "que actúen de la misma manera, que se respete la presunción de inocencia y no se instrumentalice".