Andalucía quiere crear 150.000 empleos hasta 2030 en empresas con "mentes abiertas"

La Administración pública y las empresas privadas pueden hacer más por rebajar el paro en Andalucía y, además, por integrar a colectivos que tienen un acceso más complejo al mercado laboral. Ambas partes se muestran de acuerdo con esta idea y así lo reflejan en el I Estudio sobre Contratación Social en Andalucía, el primer análisis cualitativo que se lleva a cabo en España sobre las diferentes vías y opciones que tienen a su alcance las empresas para fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad.

Este informe fue presentado la pasada semana en Sevilla, -con la presencia de dos consejeras de la Junta de Andalucía, de Empleo y de Salud, Rocío Blanco y Catalina García- por parte de la empresa UNEI, que ha encargado el estudio.

Esta firma tiene 1.400 personas en plantilla, un 85% con algún tipo de discapacidad y el 50%, unas 700, con problemas de salud mental, un colectivo considerado de difícil inclusión.

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La principal conclusión de este informe, elaborado por la empresa de investigación Intelqualia, es que las empresas andaluzas desean contribuir a la empleabilidad de las personas con discapacidad, tanto de forma directa como mediante la contratación social, una fórmula que consideran competitiva en precio y eficiencia y ventajosa por cuestiones internas, como la mayor retención del talento, y externas, como el mejor posicionamiento en ránkings e inversiones.

De esta forma, consideran posible la creación de 150.000 empleos públicos y privados para el horizonte 2030 en Andalucía. Eso supondría incrementar en más de un 7% el ritmo actual de creación de empleo, que se sitúa en unos 28.000 al año, y se contribuiría a reducir de manera significativa el paro en este colectivo, con especial énfasis en los segmentos con más dificultades de inclusión, como son las discapacidades derivadas de problemas de salud mental.

El informe reúne y ordena entrevistas en profundidad realizadas a doce empresas: CEPSA, Endesa, Isla Mágica, Fundación MAS, Azvi, Martín Casillas, Ebro Foods, Llopis Servicios Ambientales, Infiniton Electrodomésticos, la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, Laboratorios Best Medical y Scoobic. Se trata de una muestra diversa en cuanto a tamaño de las empresas (desde pymes hasta compañías cotizadas en Bolsa). En su conjunto cuentan con 20.000 trabajadores.

Las entrevistas realizadas en el I Estudio de Contratación Social revelan que las empresas valoran y quieren cumplir la Ley General de Discapacidad, que fija en un 2% el porcentaje mínimo de plantilla con discapacidad para todas las empresas que superen los 50 trabajadores. No obstante, las empresas encuentran dificultades en cubrir sus vacantes con perfiles con discapacidad a través de sus propios medios.

Para poder alcanzar e incluso superar ese 2%, la opción más ventajosa para las empresas es la externalización de servicios con empresas sin ánimo de lucro que tienen un porcentaje mayoritario de personas con discapacidad en su plantilla, como Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social.

Para las empresas participantes en el estudio, tanto la contratación directa de personas con discapacidad como la contratación social contribuyen a la diversidad, la inclusión y la concienciación del personal de la empresa. Crean cultura y contribuyen al bienestar laboral y a retener el talento.

Finalmente, el estudio permite concluir que las empresas consideran cada vez la diversidad y la inclusión de forma estratégica, impulsándola desde la dirección, apostando por la formación de las personas con discapacidad para contribuir a su empleabilidad y por establecer alianzas con el ecosistema de entidades sociales.

Convicción y no imposición

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo alabó que las empresas tengan una voluntad firme y mayoritaria en el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad, como refleja el informe, y ha valorado que está actitud “nace de la convicción, no de la imposición”.

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También asumió las peticiones de las empresas a las administraciones, como la necesidad de aligerar los trámites burocráticos. En este sentido, ha avanzado que ya se están abordando cambios para agilizar la gestión de las ayudas a los Centros Especiales de Empleo (CEE), como las novedades introducidas en el proceso de calificar, inscribir y modificar los datos en el Registro Andaluz de CEE, para que el proceso sea telemático en su totalidad.

Asimismo, ya está en fase de elaboración una nueva orden reguladora de las ayudas a los CEE que ya ha sido sometida a fase de consulta con las asociaciones de estos centros, y las organizaciones sin ánimo de lucro vinculadas a las personas con discapacidad. En concreto, el nuevo borrador introduce la automatización de procesos en líneas de apoyo como la destinada al mantenimiento del empleo de personas con discapacidad.

La Administración pública ha sido pionera en el fomento de la contratación social. Así, por ejemplo, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla tienen marcado como objetivo la reserva del 5% de su contratación a favor de empresas sin ánimo de lucro que fomentan el empleo de colectivos en riesgo de exclusión.